Por qué no son más eficaces los planes contra el fraude fiscal

El plan de 2019 está bien diseñado, pero la AEAT arrastra defectos organizativos

El exjugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo, junto a su pareja Georgina Rodríguez, a su llegada ayer a la Audiencia Provincial de Madrid.
El exjugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo, junto a su pareja Georgina Rodríguez, a su llegada ayer a la Audiencia Provincial de Madrid. EFE

Recientemente se han conocido las directrices generales de actuación de la Agencia Tributaria que, cumpliendo con su obligación legal, se acaban de publicar en el BOE, con el Plan de Control Tributario y Aduanero 2019, cuyo objetivo estratégico desde la creación de la AEAT es la prevención y la lucha contra el fraude fiscal.

Lo primero que se observa de la lectura y análisis de su contenido es que, en línea de los planes de años anteriores, se identifican de forma correcta los riesgos tributarios, entre los que se incluyen los derivados de la utilización de nuevas tecnologías, a las que la Agencia Tributaria se adapta tan bien, utilizando para ello las herramientas adecuadas.

Si los riesgos están bien definidos año tras año hay que profundizar en las causas por las que su aplicación práctica no reduce el fraude a niveles similares a los de los países de nuestro entorno, como lo recuerdan machaconamente los ciudadanos cuando manifiestan en las encuestas su opinión sobre el alto nivel de fraude.

Una de las causas de esta diferencia entre la teoría y los resultados obtenidos es la ineficacia de las medidas preventivas para combatir el fraude fiscal. Un análisis retrospectivo de las medidas adoptadas en la última década lleva a observar que, desde el Plan de Prevención del Fraude del año 2006, se han adoptado más de 500 medidas preventivas, que, aún siendo positivas, han demostrado que no han servido como solución al problema. En este sentido, el Plan de Control de 2019 sigue insistiendo en la eficacia de dichas medidas y llega a decir que una de las perspectivas de la planificación es atender a los efectos preventivos generales que las actuaciones de control tienen, tanto para el contribuyente como para su entorno y su sector de actividad.

Esta afirmación sería correcta si los efectos inducidos de las actuaciones de la Inspección sobre un contribuyente supusieran una corrección de su conducta, y fueran conocidos en el sector al que pertenece. En la práctica no ocurre así, ya que uno de los defectos más importantes en las actuaciones de la Agencia Tributaria en los últimos años ha sido la obsesión por presentar cada año resultados cuantitativos superiores a los del año anterior, exigiendo a los equipos de inspección un número excesivo de actuaciones, que no pueden tener la profundidad necesaria para descubrir el fraude. Nunca mejor dicho en este caso: la cantidad está reñida con la calidad.

Aunque pueda parecer inverosímil, hace una década no existían unidades de investigación, ello debido a las reticencias de las autoridades tributarias que preferían dar resultados numéricos a corto plazo en vez de la incertidumbre de los resultados de investigaciones costosas que a medio o largo plazo nadie podía asegurar.

Debido a la insistencia de Inspectores de Hacienda del Estado estas unidades investigadoras se fueron creando, y ahí están los resultados tan positivos que la investigación inspectora está dando. En este sentido es loable destacar la creación de la nueva Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes, con vocación de coordinar e impulsar en todo el territorio las iniciativas que en este campo vienen siendo realizadas desde hace años por la Inspección.

También influye de manera importante en los efectos inducidos de las actuaciones la regulación tan laxa sobre el delito fiscal que, después de las reformas de los últimos años, han provocado que el que paga no tenga que ir a la cárcel. Podríamos decir que la imagen de algunos futbolistas famosos pegando patadas al balón en el patio de una cárcel produciría unos efectos inducidos muy superiores a los que puedan tener miles de actuaciones superficiales de la Inspección.

Se pone como ejemplo de medida muy positiva la que figura en la nueva Ley contra el Fraude que el Gobierno va a enviar al Parlamento, y que consiste en luchar contra el llamado software de doble uso.

La importancia de la medida es que ataca al que fabrica estos programas para llevar una doble contabilidad, que es mucho más efectivo que intentar comprobar a todos los que lo utilizan para defraudar. Al final, parece que nos han hecho caso a los inspectores, después de una década proponiendo la medida de perseguir y sancionar a quienes ofrezcan productos destinados al fraude.

En relación con los recursos disponibles, se debe valorar positivamente la evolución al alza de creación de empleo en la Agencia Tributaria en los últimos años que, al menos, detiene la sangría de pérdida de efectivos de los últimos ejercicios, así como otras medidas internas que han revertido el maltrato que todos los funcionarios han tenido en los años de crisis.

La conclusión respecto del Plan de Control Tributario que se ha de aplicar este año es la misma que la de años anteriores en el sentido de que el Plan está correctamente diseñado y los riesgos fiscales perfectamente definidos, que es su objetivo; sin embargo, los defectos organizativos y estructurales de los que adolece la Agencia Tributaria impedirán, previsiblemente, que el resultado final sea el deseado y esperado.

José María Peláez Martos es Inspector de Hacienda del Estado

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