Las macrocausas, un desafío para los bufetes
El letrado debe predisponer a su cliente psicológicamente
En los últimos años, las llamadas macrocausas han inundado la actualidad mediática y judicial. Estos procedimientos, que destacan por contar con un gran número de implicados (entre investigados o acusados, testigos y acusaciones) y por generar ingentes cantidades de información (tanto la propia del proceso como en los medios), exigen un gran esfuerzo a los bufetes que participan en ellos. Entre otras razones, porque exigen aplicar distintas áreas del derecho.
Los expertos consultados coinciden en que este tipo de casos pueden suponer un riesgo para las garantías procesales del cliente, por lo que los letrados han de estar muy atentos a todos los detalles.
Así, una de las principales complicaciones más comunes es el volumen de la causa. En el caso Bankia, por ejemplo, los abogados de las defensas han tenido que estudiar más de 150.000 folios. Toda esta información la facilita el tribunal al comenzar el proceso, generalmente a través de una plataforma digital donde se encuentran todos los archivos.
No obstante, Jorge Navarro, socio penalista en Molins - Defensa Penal, es especialmente crítico con este sistema. El letrado del despacho que lleva a algunos de los investigados del procés o que representó a la infanta Cristina en el caso Nóos, critica el desorden generalizado y la falta de profesionalidad del portal.
“No hay ningún tipo de índice o criterio en la clasificación de archivos y, muchas veces, los documentos están mal colgados, duplicados o con nombres incorrectos que no identifican su contenido”. Las declaraciones suelen venir incluidas en formato audio sin una transcripción (que ha de hacerse a mano) y, en ocasiones, “pueden faltar documentos”.
Para sortear los problemas que puedan generarse a raíz de estos fallos es recomendable hacer una organización previa de todos los documentos facilitados por el órgano judicial y elaborar un índice en el que se incluya toda la información resumida e identificable.
Rivalidad o cooperación
Una de las características más comunes de las macrocausas es el abultado número de personas implicadas en el caso. Se han dado procesos con más de cien imputados o acusados, por lo que es muy común que sus intereses estén cruzados entre sí.
En este sentido, y principalmente en las causas penales, una de las estrategias que puede adoptarse es cargar la responsabilidad del cliente en otro de los procesados para así eludir la propia. No obstante, este movimiento es un arma de doble filo, ya que también puede ser utilizada por otra de las defensas, exigiendo por tanto al abogado un estado de alerta mayor al que requiere un juicio regular.
La confrontación no es la única técnica que puede adoptarse. Así, Esteban Mestre, abogado penalista que ha llevado casos como los de las tarjetas black, Bankia o Banco de Valencia, es partidario de fomentar la estrecha colaboración con el resto de letrados cuando sea conveniente. De esta forma, las defensas pueden ponerse de acuerdo en asuntos como los papeles que van a entregarse al órgano judicial o cuadrar las diferentes versiones de la historia para explicar la participación de diferentes implicados en el mismo hecho.
Además, “la coordinación no ha de ser solo argumental, sino también a efectos de recursos”, añade Mestre. De esta forma, y en caso de que los acusados necesiten, por ejemplo, un informe pericial, pueden articularse pruebas comunes para abaratar costes.
Imprevistos
Al ser un proceso de gran complejidad y, generalmente, alargado en el tiempo, el abogado debe tener en cuenta numerosos factores que influyen en el proceso. El resultado inesperado de un dictamen pericial, las cuestiones procesales de la contraparte o la aparición por sorpresa de un documento extraviado son algunas de las situaciones frecuentes que pueden acabar tirando por tierra la estrategia de la defensa.
Para sortear estas complicaciones, es necesario estar siempre preparado para un posible cambio de táctica procesal y contar con toda la información posible. Así lo indica Borja de Obeso, socio responsable de procesal en DLA Piper, despacho que ha asesorado en los procedimientos concursales de las radiales. “Lo que yo pido a mis clientes es que me digan toda la verdad. No quiero sorpresas durante el caso”, sostiene.
Equipo diverso
Estos procesos, que afectan a organizaciones o hechos extremadamente complejos, pueden obligar a las firmas a implicar a letrados de distintas áreas. Por ello, el despacho ha de asegurarse de que el equipo que lleve el caso esté formado por especialistas en todos los temas que sea necesario abordar, como abogados, peritos o incluso catedráticos de universidad para resolver los problemas más técnicos.
En este sentido, tal y como apunta De Obeso, “los bufetes más grandes tienen una mayor ventaja competitiva, ya que cuentan con profesionales especializados en prácticamente todas las materias dentro de la misma organización”. De esta forma, puede acudirse a ellos con rapidez en caso de necesitarlo.
Cliente y equipo
Debido al gran volumen de las macrocausas, es muy frecuente que el tribunal que lleva el caso acuerde el secreto de la investigación y las actuaciones para las defensas. Esto pone de manifiesto la necesidad de fomentar una comunicación frecuente y fluida en lo relativo a la relación abogado-cliente.
Además, al tratarse en ocasiones de juicios largos y en la mayoría de casos mediáticos, puede acrecentarse el nivel de estrés del cliente. En este sentido, José María de Pablo, abogado penalista del despacho Mas y Calvet, recomienda someterlo a un proceso de mentalización antes de que comience el caso. “Aunque la preparación es similar a la de un juicio regular, es necesario concienciarlo de que se enfrenta a un proceso largo, a una carrera de fondo, y que no debe obsesionarse”, apunta el letrado, que lleva actualmente defensas en los juicios de la Operación Púnica y la Operación Lezo.
Riesgo de paralización
Al llegar un caso tan voluminoso a un despacho, especialmente a los de menor tamaño, surge la duda de si esta considerable cantidad de trabajo puede llegar a paralizar la actividad normal del bufete.
Para evitar esta situación, De Pablo recomienda contar con un sistema de trabajo adecuado que permita intervenir en este tipo de juicios sin que se resienta la atención al resto de clientes de la firma. “El abogado debe conocer las posibilidades y medios de su equipo y organización y no aceptar defensas que luego no va a poder llevar a cabo con garantías”, concluye.
Jueces estrella de macrojuicios
Santiago Pedraz. Este juez de la Audiencia Nacional ha llevado juicios como el instruido contra el empresario Mario Conde en la Operación Fénix. También lideró la investigación que desmanteló la trama de extorsión de Manos Limpias y Ausbanc. No obstante, saltó a los medios en 2005 cuando se negó a procesar al terrorista etarra De Juana Chaos.
Pilar de Lara. Conocida como “la juez anticorrupción de Galicia”, De Lara desmanteló una de las tramas más importantes de proxenetismo vistas en España, el caso Carioca. Además, tumbó varias carreras políticas con el macroproceso del caso Pokémon, por el que ahora está siendo investigada por “retrasos injustificados”.
Pablo Ruz. Este juez de la Audiencia Nacional ha instruido las causas por corrupción más grandes de los últimos años. Aunque fue el juez instructor principal del caso Gürtel, su huella también ha pasado por los casos Faisán, Saqueo 1 –dentro de la Operación Malaya–, Pujol, Neymar y los papeles de Bárcenas.
Mercedes Alaya. A través de casos tan relevantes como los ERE, la jueza sevillana llegó a sentar en el banquillo a varios expresidentes de la Junta de Andalucía. Además, actuó como jueza instructora en los casos Mercasevilla y cursos de formación.
Baltasar Garzón. Entre otras cosas, el exmagistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional trabajó activamente para desarmar la red del narcotráfico en Galicia a través de la Operación Nécora, luchó contra la banda terrorista ETA e incluso promovió una orden de arresto internacional contra Augusto Pinochet. No obstante, fue condenado en 2012 a 11 años de inhabilitación por escuchas ilegales en la Gürtel.
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