La UE determina que España no deberá indemnizar por el recorte a las renovables

22 países declaran la rescisión de todos los tratados sobre inversiones entre países comunitarios

Planta solar fotovoltaica en Puertollano.

En una carta firmada el pasado martes por los representantes de 22 países miembros de la Unión Europea, estos declararon nulos todos los tratados intracomunitarios de protección recíproca de inversiones. Una decisión que afecta tanto al Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) que en su día firmaron los Países del Este, entre ellos y con otros socios comunitarios, y que fue declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en una sentencia de marzo de 2018 que resolvía la demanda de la holandesa Achmea contra la Eslovaquia, como a la llamada Carta de la Energía. (Consulte aquí la declaración).

Aunque ninguna sentencia de este tribunal ha anulado hasta ahora este tratado sobre inversiones energéticas y pese a que, a diferencia del TBI de los Países del Este, tiene un carácter multilateral y no bilaterala (se adhirieron a él la propia UE, sus integrantres y otros países no europeos), Bruselas ha tirado por la calle de enmedio y los ha rescindido todos, argumentado que “son incompatibles con la legislación de la UE”. En este sentido, los firmantes consideran que “la protección de todos los inversores de la UE contra cualquier interferencia ilícita de los Estados miembros, está ya garantizada con la normativa comunitaria”.

Esta decisión unánime supone el espaldarazo total de la UE a España, que soporta el peso de una cuarentena de arbitrajes de inversores extranjeros (la mayoría europeos) que, invocando la Carta de la Energía, reclaman unos 8.000 millones de euros por el recorte de los incentivos a las energías renovables aprobados por el anterior Gobierno del PP en el marco de la reforma eléctrica.

A la vista de la declaración del martes, España se vería libre de responsabilidad en todos estos arbitrajes instados por inversores radicados en países comuntarios, no así del resto de internacionales (un reducido como Japón, Canadá o Abu Dabi. E incluso de los cinco laudos parcialmente condenatorios ya publicados, que la obligarían a pagar 396 millones de euros. Y es que el punto siete del documento establece la nulidad de todos los arbitrajes de inversión que no se hubieran “resuelto” antes de la publicación de la sentencia del TJUE sobre el caso Achmea, en marzo del año pasado. Por tanto, solo se salvan los inversores que ya hubieran cobrado sus indemnizaciones.

El acuerdo, que los 28 han venido negociando discretamente en los últimos meses, tuvo su germen en las conclusiones del Ecofin de julio de 2017, en el que los Estados y la CE se comprometieron, sin demora, “a intensificar los debates para garantizar la protección total, sólida y efectiva de las inversiones intracomunitarias”. Y deja claro que “la legislación de la Unión tiene prioridad sobre los tratados bilaterales firmados entre los Estados”, que resultan “inaplicables” y “no producen efecto”. En cuanto a la Carta de la Energía, considera que “los tribunales arbitrales han interpretado que contiene una cláusula incompatible con el Tratado de la Unión”, pues los inversores “gozan ya de la protección concedida” por la normativa de la UE.

Aunque se trata de una declaración política, el acuerdo tiene su alcance, pues advierte a los tribunales locales que deben aceptarla. De hecho, el Tribunal Supremo alemán, desestimó el año pasado un recurso contra el laudo del caso Achmea, acatando la sentencia del TJUE. Otra cuestión son los arbitrajes ante el Ciadi, organismo del Banco Mundial encargado de dirimir este tipo de controversias.

De los arbitrajes contra España por el tajo a las renovables, el grueso (una treintena) se tramitan en el Ciadi y no llegan a la decena los presentados ante Cámara de Comercio de Estocolmo. Sin embargo, la inmensa mayoría de los demandantes son inversores con sede en algún país europeo (Alemania, Luxemburgo y Países Bajos se llevan la palma), lo que favorece las pretensiones de España, incluso en el Ciadi.

Según fuentes jurídicas, “vamos a asistir a una lucha tremenda de los afectados para intentar cobrar” (las indeminizaciones pueden reclamarse a través de cualquier país). Y aunque “una cuestión es la decisión política de los Estados, juridicamente débil, y otra lo que hagan los tribunales”, el respaldo unánime de la UE “es un claro triunfo para España pues debilita los argumentos de los demandantes ante los árbitros del Ciadi”. Y servirá para disuadir a los inversores de presentar nuevos arbitrajes, ya que no hay un plazo límite y el goteo continúa.

Pescando en río revuelto

España ha aprovechado el viejo deseo de la UE de acabar con los tratados de protección de inversiones entre países comunitarios para encontrar el apoyo, al menos político, contra el baldón de los arbitrajes por el recorte a las renovables, en los que unos 40 inversores reclaman 8.000 millones.

Con cinco laudos, todos ellos condenatorios (cuatro en el Ciadi y uno en la Corte de Estocolmo, el de NovEnergía), el Gobierno va a seguir los pasos de la República Eslovaca, que terminó ganando un largo litigio contra la holandesa Achmea al lograr que el Tribunal de la UE declarara nulo en 2018 el tratado bilateral (el de los Países del Este) al que se acogía esa compañía.

Como en Europa los laudos pueden ser recurridos ante tribunales civiles (en el caso del Ciadi, solo se pueden recurrir en otra instancia del propio organismo), España ha logrado que un juez sueco anulara el laudo en favor de NovEnergía.

En el caso de que este tribunal local presente una acción prejudicial ante el TJUE, este podría anular la Carta de la Energía, a la que se acoge la demandante y que, por el momento, no ha sido declarada ilegal. Eslovaquia lo hizo así en Alemania con el laudo de Achmea.