Los desajustes de la financiación autonómica

El incremento no contenta a nadie porque la asignación de recursos se realiza con un método obsoleto

La financiación autonómica es una de las grandes cuestiones económicas pendientes, porque el cambio demográfico ha dejado obsoleto al sistema. Dentro de ese modelo, las comunidades de régimen común, esto es, todas menos el País Vasco y Navarra, recibirán este año 111.357 millones, si el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 finalmente se aprueba. Esta cantidad supone asignar a las autonomías un 6,2% más de dinero que el año pasado, un aumento nada desdeñable. El incremento, sin embargo, no contenta a nadie debido a que la asignación de recursos se sigue calculando con un modelo que se ha quedado obsoleto. Esa fórmula, que se aprobó en 2009, ya no se ajusta a los cambios demográficos que están teniendo lugar en las distintas autonomías. Así, aquellas más envejecidas y despobladas, las del interior, se ven cortas de recursos porque la pérdida de población, y su dispersión territorial, encarecen la prestación de los servicios públicos básicos. Este hecho es especialmente preocupante debido a que las personas mayores necesitan mucho más que el resto de la sociedad de los servicios públicos relacionados con la sanidad y la dependencia.

A ello se contraponen las comunidades con litoral marítimo y Madrid, que son en las que se concentra la población. Esa concentración también requiere de más recursos para atender las necesidades de un número mayor de ciudadanos, pero el sistema no lo tiene en cuenta. Por el contrario, frente a la realidad demográfica pesan más otros conceptos, como las desigualdades de renta, a la hora de repartir la financiación autonómica.

Ahora bien, las autonomías también deberían reconsiderar cuáles son sus prioridades en materia de gasto público. Durante los años de la burbuja inmobiliaria se encontraron con fuertes ingresos adicionales vinculados, directa o indirectamente, con la vivienda, hasta el punto de que llegaron a representar el 40% de sus ingresos. Pues bien, en lugar de aprovechar esos recursos para bajar los impuestos autonómicos, lo que hicieron fue crear nuevos programas de gasto, sobre todo de gasto político, que deberían eliminarse para centrarse en lo que de verdad necesitan los ciudadanos y las empresas.

 Emilio J. González es Profesor de Economía de la Universidad Pontificia Comillas Icai-Icade

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