Las cuentas se adaptan a la senda fiscal de Rajoy a costa de la inversión pública
Inyectará 850 millones a la Seguridad Social para financiar las pensiones
El Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado oficialmente este viernes su batalla por impulsar unos Presupuestos Generales para 2019 con la aprobación del proyecto en el Consejo de Ministros. El texto, que será presentado al Congreso de los Diputados el próximo lunes, se basa en el plan presupuestario pactado por el Ejecutivo con su principal socio parlamentario, Unidos Podemos, en octubre.
La redacción final, sin embargo, ha tenido que ser adaptada a la senda fiscal heredada del Gobierno de Mariano Rajoy, que restringe el objetivo de déficit para 2019 al 1,3% frente al 1,8% que el Gabinete de Sánchez trató de impulsar sin éxito dado el veto del PP y Ciudadanos en el Senado.
Las cuentas incluyen un incremento del gasto del 5,1% frente a un alza estimada de los ingresos del 9,5%, que se fía a la mejora de la economía y la reforma fiscal. La diferencia debería permitir rebajar el déficit como está comprometido con Bruselas aunque el Gobierno aspira a aprobar su nueva senda fiscal durante el año y así contar con margen adicional.
El texto de partida suponía un aumento del gasto del 3,1%, hasta los 515.552 millones para el conjunto de las administraciones públicas, y una subida de ingresos del 5,7%, hasta los 493.329 millones. El techo de gasto crece un 4,4% hasta los 125.064 millones.
“Las políticas de inversión son las que más se resienten con el ajuste fiscal”, admitió la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada sobre el impacto de adaptar las cuentas al anterior objetivo de déficit. De hecho, la formación bruta de capital, que mide la inversión, pasa de crecer un 5,7% en 2018 a un 4,4% en 2019.
El ajuste fiscal aplicado reduce en 2.500 millones de euros el margen de gasto de las comunidades autónomas, en otro tanto el de la Seguridad Social y en unos 1.200 millones el monto disponible para la administración central. Es en esta última partida donde se hará notar la menor inversión, entre otras cosas, reveló Montero, porque se destinarán a la Seguridad Social 850 millones de esta partida para pagar las pensiones. Un gasto ingente al que se suma la pretensión del Gobierno de abonar en febrero la revalorización de las pensiones con el IPC que pactó con Podemos.
Por otra parte, el Gobierno asume que los 2.500 millones de ingresos adicionales que obtendrá por el decalaje del nuevo sistema de información automatizada del IVA permitirá compensar la tardía entrada en vigor de los nuevos impuestos digital y financiero que se aprobarán en Consejo de Ministros la próxima semana.
La titular de Hacienda afirmó, en todo caso, que se han “hecho esfuerzos para que los territorios cuenten con mayor inversión” pese al menor margen fiscal. Con todo, el Gobierno confía en que el Parlamento tumbe el derecho de veto del Senado sobre la senda fiscal y permita aprobar los nuevos objetivos a lo largo del año. De hecho, Montero abrió la puerta a permitir que las administraciones incumplan sus cuentas en ese caso y medir su resultado a la luz del nuevo objetivo de déficit.
Inversión en Cataluña
Las líneas maestras de estas cuentas incluyen un abanico de medidas sociales respaldado por un incremento de los impuestos para las rentas más altas y las grandes empresas. Los Presupuestos incluyen también un aumento de la inversión destinada a Cataluña, para acercarla a la aportación de la comunidad al PIB español, que ronda el 19,2% frente al 13,5% que recibió en las cuentas anteriores.
La decisión supone un importante guiño a las fuerzas nacionalistas catalanas ERC y PDeCAT, cuyo voto será crucial para tramitar las cuentas y sacarlas adelante. También sería necesario el aval del PNV para volver a concitar el consenso parlamentario de la moción de censura y contar con apoyos suficientes para aprobar las cuentas en el Parlamento.
Todos los grupos aguardan expectantes a conocer la letra pequeña del texto y el margen de negociación que les ofrece el Gobierno lo que, pendientes todos del inicio del juicio por los políticos presos del procés secesionista catalán, pone en riego incluso la tramitación de las cuenta
