El ‘compliance’ llega también a los impuestos

La UNE 19602 será el primer estándar para ayudar a la empresa a prevenir riesgos tributarios

En la actualidad se encuentra sometida a información pública el proyecto de norma UNE “19602: Sistemas de gestión de compliance tributario. Requisitos con orientación para su uso” (BOE de 7 de diciembre de 2018). Se trata de un estándar para ayudar a las empresas a prevenir y gestionar los riesgos tributarios. En definitiva, es la respuesta de la sociedad civil para avanzar en la relación cooperativa en esta materia, implantada hace años en países de nuestro entorno económico.

Dicha relación instaura un nuevo marco en las relaciones entre la Administración y los ciudadanos. En la experiencia comparada se ha planteado como un paradigma aplicable únicamente a las grandes empresas. Sin embargo, este modelo relacional debe extenderse a la totalidad de obligados tributarios, con las oportunas matizaciones, claro está. Ello lo demanda tanto el principio de buena Administración, como la necesidad de reducir la litigiosidad e incrementar la seguridad jurídica.

La normativa española no es ajena a estas técnicas de relación o cumplimiento cooperativo, que cuentan con fundamento en determinados preceptos de nuestra Constitución. Es el caso del artículo 103.1, cuando señala que la Administración “sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”. También del artículo 105.a), a cuyo tenor, la ley regulará la “audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten”.

Ahora bien y pese a este fundamento constitucional, nuestro ordenamiento tributario adolece, en relación al cumplimiento cooperativo, de una falta de sistemática clara. Por ello, se hace necesaria una norma legal que sistematice los preceptos que lo regulan. Y es que no podemos olvidar que, frente a lo que ocurre en los sistemas anglosajones, nosotros hemos de adoptar normas de seguimiento obligatorio, ya que son más acordes con nuestra tradición jurídica.

La LGT contempla medidas en este sentido, pero desperdigadas a lo largo de su articulado, lo cual ocurre, también, con el Código Penal y el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Por su parte, la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha creado cauces específicos de comunicación en los foros de grandes empresas y de profesionales tributarios, así como con el Código de Buenas Prácticas Tributarias, aprobado por el primero el 20 de julio de 2010, y el proyecto de Código de Buenas Prácticas Tributarias de Profesionales Tributarios.

La entrada al modelo exige un cambio en la actuación tanto de la Administración (medidas preventivas y de colaboración) como de los obligados tributarios (estándares de transparencia y gestión del riesgo). Por ello, se hace necesario la implantación de un manual de buenas prácticas tributarias (tax compliance), y con dos tipos de medidas. Las primeras, de carácter más general y que podemos englobar bajo la denominación de “gestión del riesgo tributario”. Las segundas, tendentes a evitarlo o minimizarlo en situaciones particulares, ya sea en relación con la aplicación del sistema tributario o con determinadas de sus figuras en especial.

A todo ello contribuye, sin duda, la implantación de procedimientos internos, donde la certificación incorpora pautas de actuación que, por generalistas, dotan de seguridad jurídica. UNE, a través del Subcomité Técnico CTN 307 SC2 Compliance Tributario (que preside quien escribe estás páginas), ha redactando un estándar para ayudar a las organizaciones a prevenir y gestionar los riesgos tributarios de forma proporcional y que incluye la estructura de alto nivel de ISO.

La futura norma UNE 19602 tiene una doble finalidad. De un lado, da pautas a las organizaciones (con independencia de su tamaño) para implantar un sistema de cumplimiento tendente a minimizar sus riesgos tributarios (uno de los principales que les afectan) y, en caso de producirse, facilita la creación de mecanismos de detección y corrección, así como cánones de aprendizaje para evitarlos en el futuro. De otro, la certificación de la aplicación efectiva del manual de buenas prácticas tributarias, de acuerdo con la UNE 19602, puede ser un elemento de prueba para demostrar, ante la Administración tributaria o los tribunales, la voluntad de la organización de cumplir con sus obligaciones.

En definitiva, persigue tres objetivos. En primer lugar, difundir una cultura de prevención y cumplimiento en la organización. En segundo lugar, establecer medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir riesgos tributarios y reducir, de forma significativa, su posible comisión. Por último, dar una mayor garantía de seguridad y confianza ante la Administración tributaria, órganos de gobierno, accionistas e inversores.

En este sentido, establece un marco de referencia que, de un lado, permite disponer de sistemas de gestión de compliance tributario alineados con las exigencias de nuestro ordenamiento y, de otro, perfeccionarlos con los estándares internacionales en materia de compliance que ayudan a precisar los contenidos y aumentar su eficacia. Únicamente nos queda esperar los comentarios al contenido de la norma, para que el Subcomité Técnico finalice sus trabajos y la UNE 19602 sea una realidad. Sin duda, la relación cooperativa y las buenas prácticas tributarias, que la misma garantiza, han venido para quedarse.

Javier Martín es Socio director de Ideo Legal y Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UCM

 

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