El Gobierno destinará 100 millones de los ingresos por CO2 a ayudas al cierre del carbón
El Consejo de Ministros aprueba un real decreto-ley urgente con las medidas del nuevo acuerdo marco del sector
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto-ley de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras. Ante la inminente desaparición de las ayudas para paliar las pérdidas de las empresas del sector (el acuerdo marco que ha regido entre 2013 y 2018), que terminan el 31 de diciembre, el Ministerio para la Transición Ecológica ha optado por aprobar esta norma con rango de ley de la que ha desgajado otras medidas energéticas, también urgentes, que podrían recibir el visto bueno en el consejo del viernes, 28.
Para financiar estas medidas el Gobierno podrá utilizar en 2019 hasta 100 millones de los ingresos procedentes de las subastas de CO2. Además de sufragar los costes del sistema eléctrico (hasta 1.000 millones el próximo año, frente a los 750 millones de ahora), esta recaudación se podrá destinar, por primera vez “a otras actuaciones de la política de transición justa y lucha contra el cambio climático”, señala el RDL que se publica mañana en el BOE.
El nuevo decreto ley es prácticamente un monográfico sobre el carbón, sometido a un plan de cierre, en este caso las instalaciones mineras, si bien, las centrales térmicas también tienen los días contados. A la vista de que pese a “los esfuerzos realizados en los últimos planes del carbón” para incentivar actividades alternativas en las comarcas, estas mantienen “un alto nivel de dependencia económica de la industria minera, con elevado índice de desempleo”, el Gobierno acordó en octubre con sindicatos y la patronal Carbunión un nuevo acuerdo marco hasta 2027, cuyas medidas figuran en norma aprobaya ayer.
A partir del 1 de enero las empresas acogidas al plan de cierre podrán optar a ayudas que cubrirán los costes de reducción de las plantillas y garantiza las prestaciones sociales a los trabajadores afectados. En paralelo se aprueban políticas de reactivación económica de las comarcas.
Entre las primeras, el texto legal distingue entre las ayudas por costes laborales para trabajadores con edad avanzada y las indemnizaciones por bajas voluntarias. Por otra parte, el Instituto para la Reestructuración de las Comarcas Mineras gestionará una bolsa de trabajo a la que podrán acceder los trabajadores excedentes que no perciban prestaciones sociales, incluidos los de las subcontratas.
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