Una legislación de emisiones que tenga en cuenta la realidad económica
La industria europea del motor considera impracticables los objetivos de la normativa
La decisión adoptada ayer por la Unión Europea de obligar a reducir en un 37,5% las emisiones de los coches nuevos para 2030 –y en un 31% las de las furgonetas para 2021– supone políticamente adoptar un camino intermedio entre la posición más dura en este ámbito, que mantenía el Parlamento Europeo, y una algo más suave, defendida por el Consejo. Pese a ese intento de legislar salomónicamente entre las propuestas de ambas instituciones, la normativa que deberá cumplir la industria europea del motor resulta muy exigente y ha despertado ya una firme respuesta en el sector, que ayer se lamentaba de lo que valora como unos objetivos “impracticables” con respecto a la situación actual. Por el contrario, a los movimientos y partidos políticos ecologistas les ha sabido a poco la solución, por considerarla excesivamente tímida y han arremetido contra lo que califican como una interferencia de la industria.
Más allá de las presiones de unos y otros grupos de interés, siempre presentes en todo proceso legislativo, resulta evidente que la industria automovilística se juega mucho en la determinación de los objetivos de la legislación de emisiones, cuyo objetivo es impulsar los vehículos elésctricos e híbridos como forma de contribuir a las descarbonización de la economía europea para 2050. Sin embargo, no es solo la industria, sino la propia economía europea quien tiene mucho que arriesgar y que perder en este debate; tanto es así que en el proceso de negociación de la norma se han enfrentado dos grupos de países, los que se oponen a cargar con exigencias tan ambiciosas al sector del motor, con Alemania a la cabeza, y aquellos que se alinean más férreamente con los objetivos del clima.
No hay duda de que la política medioambiental se ha convertido en uno de los ejes prioritarios de la agenda europea y mundial, así como en una preocupación fundamental, cuya gestión tiene implicaciones en todos los órdenes, pero el manejo de esa estrategia debe tener en cuenta la realidad económica y el coste social que pueda generar. La industria del motor emplea a más de 13 millones de ciudadanos europeos y constituye un sector estratégico para muchas de las economías comunitarias. Legislar esa realidad es una tarea compleja que exige combinar intereses contradictorios y encajar sensibilidades diversas, pero que también requiere de altas dosis de reflexión, pragmatismo y prudencia.