Sánchez da el primer paso para impulsar sus Presupuestos de 2019 bajo la senda fiscal de Rajoy

Celaá admite que el déficit puede cerrar 2018 en el 2,8% y avanza que las cuentas que se presenten en enero se adaptarán al objetivo fiscal que esté vigente

Las ministras de Hacienda María Jesús Montero, ministra Portavoz Isabel Celaá, y de Economía Nadia Calviño.
Las ministras de Hacienda María Jesús Montero, ministra Portavoz Isabel Celaá, y de Economía Nadia Calviño.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado un paso decisivo hoy para impulsar en enero los Presupuestos Generales de 2019 que ha pactado con Unidos Podemos y para los que, de momento, no cuentan con apoyos adicionales que garanticen su aprobación. En concreto, el Consejo de Ministros ha aprobado el envío al Congreso de los Diputados de sus nuevos objetivos de estabilidad para el próximo ejercicio.

Se trata de las previsiones que el Ejecutivo ya remitió al Bruselas en el marco del plan presupuestario y que incluyen cerrar este año con un déficit público del 2,7% (aunque la ministra portavoz ha admitido este viernes que podría desviarse hasta el 2,8%), para rebajarlo al 1,8% el próximo año y al 1,1% en 2020.

Su aprobación en el Consejo de Ministros, por segunda vez tras el fracaso en su tramitación el pasado verano, es un trámite para garantizar que PP y Ciudadanos no bloquean la presentación de los Presupuestos. Sin embargo, los populares aún tienen poder para bloquear la nueva senda en el Senado con lo que previsiblemente el Gobierno se vea abocado a presentar unas nuevas cuentas basadas en el déficit anterior, más restrictivo. De hecho, la ministra portavoz, Isabel Celaá, ha admitido que "obviamente, el Gobierno presentará sus Presupuestos con la senda de déficit vigente en la Cámara" en ese momento. 

De mantenerse la actual, como es de esperar, el Gabinete de Sánchez deberá adaptar sus cuentas para que, al menos sobre el papel, permitan cerrar 2019 con un déficit del 1,3%. Eso son cinco décimas menos de PIB que lo que tienen previsto lo que que suponen unos 6.000 millones de euros de los que solo 1.200 millones corresponden a la administración general y que podrían traducirse en un recorte en inversión pública. El resto minaría los recursos de comunidades autónomas y Seguridad Social, si bien cabe la posibilidad de que luego esos objetivos se incumplan y se acabe el año con un déficit superior, como ya pasará este año.

Fuentes conocedoras del proceso explican, no obstante, que la Abogacía del Estado ha aconsejado tramitar de nuevo la senda de déficit para evitar que el trámite presupuestario se vea paralizado por un defecto de forma

Escenarios posibles

La ministra de Economía, Nadia Calviño, advirtió esta semana que si sus cuentas públicas para 2019 no logran apoyos suficientes para salir adelante, el déficit del año próximo solo bajará hasta el 2,2%, gracias exclusivamente al crecimiento económico esperado por el ciclo expansivo actual. Organismos como el Fondo Monetario Internacional consideran que el agujero público ni si quiera se rebajará tanto, sino que caerá al 2,4%.

El plan del Gobierno pasa por elevar el  gasto conjunto de todas las administraciones públicas un 3,1%, elevándolo desde los 499.841 a los 515.552 millones de euros. Un alza, dirigida a reforzar los servicios sociales, que se vería compensada por un incremento de ingresos previsto del 5,7%.

Es decir, la recaudación pública pasaría de 466.891 millones a 493.329 millones, reduciendo la diferencia entre ingresos y gastos de 32.950 millones a solo 22.223 millones, lo que permitiría hacer efectiva la rebaja del déficit prometida.

Estos cálculos se basan en la puesta en marcha de la nueva reforma fiscal pactada con Podemos, que incluye alzas del impuesto de la renta y el ahorro para rentas altas, un incremento del tributo por Patrimonio o fijar un tipo mínimo en el impuesto de Sociedades.

Descartado un posible adelanto electoral tras el varapalo recibido por el PSOE en las elecciones andaluzas del pasado domingo, el Gobierno prevé aprobar los Presupuestos en uno de los Consejos de Ministros de enero para su remisión al Parlamento, según ha confirmado esta semana el propio presidente, Pedro Sánchez.

A partir de aquí se abren dos escenarios. En primer lugar, está la posibilidad de que el Ejecutivo logre apoyos para sacar sus cuentas adelante, lo que requeriría el aval de las fuerzas que secundaron la moción de censura contra Mariano Rajoy, si bien los nacionalistas catalanes de PDeCAT y ERC vienen condicionando su voto a la situación de los políticos presos por el procés y a la exigencia de un referéndum de autodetermianción, ámbitos que el Gobierno se niega a abordar en el marco de negociación presupuestaria.

A su vez, el Ejecutivo ha pedido esta semana el apoyo de PP y Ciudadanos para cerrar el paso a la ultraderecha de VOX, que acaba de irrumpir por primera vez en un Parlamento autonómico, con 12 sillas en la Cámara andaluza. Estas dos fuerzas, sin embargo, se han abierto a negociar un bloque conservador en la Junta andaluza, lo que hace poco probable que respondan al llamamiento.

En el caso de que lograra los votos necesarios de una u otra forma, el Gobierno todavía tendría que lograr aprobar la reforma de la Ley de Estabilidad Financiera para eliminar el derecho de veto del Senado a la senda fiscal que ha aprobado hoy, Cámara en la que el PP prevé tumbarla. La modificación legal cuenta con apoyo mayoritario, después de que Ciudadanos abriera la puerta a ello, pero tardará meses con lo que habría que esperar a que tenga éxito para poder aprobar luego los nuevos objetivos de déficit. Es decir, que incluso ante esta hipótesis, el Gobierno aprobaría las cuentas de 2019 con las cifras del Ejecutivo anterior y, en todo caso, usaría luego la nueva senda fiscal posteriormente aprobada para justificar la posible desviación que se de a final de año.

El movimiento del Gobierno de hoy tiene, por tanto, un perfil voluntarista si bien es necesario para tratar agotar las posibilidades que tenga de articular un consenso suficiente en torno a su plan presupuestario.

La alternativa que baraja el Gobierno en el caso de que un bloque mayoritario se oponga a secundar sus Presupuestos, pese a adaptarlos a la senda fiscal anterior, es prorrogar las cuentas de 2018 que ha heredado del PP, que las pactó con Ciudadanos y PNV.

Las cuentas, ligadas a la senda de déficit del anterior Gobierno, supondrían mantener el objetivo de déficit del 2,2% este año, el 1,3% para 2019 y del 0,5% para 2020, con el objetivo de alcanzar el déficit en 2021.

El Ejecutivo podrá impulsar nuevos impuestos, como lo que ya ha planteado en forma de anteproyectos de ley en el caso de la tasa sobre las transacciones financieras y sobre los negocios digitales, pero no podrá modificar los existentes mediante el proyecto de ley de Presupuestos. También prevé aprobar vía decreto algunas de sus medidas sociales estrella, como el incremento del salario mínimo interprofesional en un 22%, hasta los 900 euros.

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