El IEE insta a bajar las cotizaciones sociales y el impuesto de Sociedades para dejar de “oprimir” los salarios
Propone compensarlo con alzas en peajes, tasas públicas y menos productos con IVA reducido Feito alerta de que el gasto en pensiones “dinamitará” la economía española si no se ajusta la prestación a la esperanza de vida
“La combinación de bajadas del impuesto de Sociedades, Patrimonio y de cotizaciones sociales, con subidas de tasas públicas y del IVA, es buena para los trabajadores, especialmente para los más humildes”, defendió este martes José Luis Feito, presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE). El organismo, vinculado a la patronal, sostiene que las elevadas obligaciones de las empresas con Hacienda y la Seguridad Social “oprimen” los salarios del país. “Subir impuestos directos es dañino para los trabajadores”, aduce. Feito admitió que su tesis choca con “opiniones extendidas”, con la reforma fiscal del actual Gobierno socialista e incluso con el “populismo antiempresarial” del anterior Ejecutivo del PP, por lo que decidió explicarla en el informe ¿Deben bajar o subir los impuestos en España?, que presentó este martes.
“Los ingresos impositivos sobre el PIB en España son del 33,3% y en la media de la Unión Europea del 38,9%”, por lo que hay quien ve ahí margen para elevar la presión fiscal, expuso Feito citando últimos datos comparables, de 2016. Se olvida, dijo, que los países comunitarios son de media un 8% más ricos que España con lo que igualarse en impuestos sería como decir que “si los ricos fuman puro y llevan chistera, lo único que tengo que hacer para ser rico es comprar puros y chisteras”.
“Si lo hago, seré más pobre”, ilustró. El IEE asevera que las diferencias de recaudación por impuestos directos (10,5% del PIB frente al 13,6% europeo) la causa el retraso de España en la recuperación y aduce que la fórmula del éxito, ya aplicada en países nórdicos, es bajar la carga fiscal de las empresas para impulsar la economía y la del patrimonio y el ahorro para fomentar la inversión.
Feito instó a bajar tanto las cotizaciones sociales que pagan los empresarios, por ser más altas que en la UE, como el impuesto de Sociedades. Los datos de la Agencia Tributaria indican que el tipo efectivo que paga la gran empresa es del 7%, frente al 25% de tipo general del que se parte, pero Feito adujo que ese cálculo no descuenta los tributos ya pagados por los beneficios en el extranjero con los que el tipo efectivo real de las firmas del Ibex rondaría el 23%.
Para compensar la posible pérdida de ingresos, el IEE recomienda subir tasas universitarias, de infraestructuras o copagos sanitarios, más bajos que los de la UE. Así, Feito apuesta por cobrar peajes por el uso de carreteras como otros países, para recaudar de 2.700 a 6.600 millones de euros con los que mantener la red y a partir de ahí elevar el precio para obtener recursos extra con los que sufragar servicios sociales.
Estos, admitió, serán necesarios para compensar a algunos colectivos por reducir el número de productos sujetos al IVA reducido, otra de sus propuestas a la vista de que solo la mitad están gravados al tipo general del 21%, dijo. Feito también recomienda elevar los impuestos sobre hidrocarburos y, aunque admite que esta medida junto a la de los peajes puede afectar a las empresas de trasporte, estima que entre el 20% y el 40% del coste lo pagarían firmas extranjeras que hoy circulan gratis.
El gasto en pensiones “dinamita” la economía
“El de las pensiones es un gasto público que amenaza con dinamitar la economía española”, alertó este martes el presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), José Luis Feito. El actual nivel de gasto, dijo, “no es sostenible” en el corto plazo. “Si en siete años no se hace nada con las pensiones, no habrá manera de controlar el déficit público”, advirtió.
La solución, dijo, no es buscar nuevas vías de financiación con impuestos específicos (como la tasa financiera del Gobierno), porque al final, expuso, “no habrá impuestos más que para pagar pensiones”. A su modo de ver, hace falta una reforma para adecuar la edad de acceso y la cuantía de la pensión a la nueva esperanza de vida y replantearse garantizar pensiones mínimas a quien no ha contribuido.
