Las grandes gasolineras deberán tener punto de recarga eléctrica en unos dos años
El Gobierno lanza a consulta pública el anteproyecto de ley de Cambio Climático Las petroleras rechazan proporcionar datos de las estaciones afectadas
El Ministerio de Transición Ecológica ha remitido a distintas instituciones, como partidos políticos u ONG, un borrador del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo contenido (sucinto) fue presentado a los medios de comunicación el pasado martes por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.
El anteproyecto, de 42 páginas, es tan genérico como el documento resumen entregado a la prensa, del que se destacó la intención del Gobierno de incluir en la norma la prohibición de vender y matricular a partir de 2040 cualquier turismo o vehículo ligero con motor de combustión (diésel, gasolina, gasóleo, híbridos, de gas, etc.), salvo los considerados históricos y de que circulen en 2050. Además, en ese horizonte toda la electricidad se producirá con fuentes renovables o que en la próxima década se procederá a subastar anualmente 3.000 MW de potencia verde.
Fuentes jurídicas aseguran que el carácter genérico de la propuesta responde a que se trata de “una ley programática, de señales, transversal y con un horizonte temporal lejano”. Y su difusión masiva se considera, de hecho, de la consulta pública obligatoria en el trámite de cualquier norma. Hay dos maneras de hacerlo: o formalmente, publicando un texto sin articular en la web del ministerio, sobre el que cualquiera puede opinar, o mediante un texto articulado al que se da máxima publicidad, lo que viene a equivaler a una consulta pública.
El Gobierno no tiene un plazo fijo para aprobar una ley que requerirá de un gran desarrollo, pero sí debe presentar antes de fin de año ante Bruselas el Plan Nacional de Energía y Clima, con los objetivos concretos de lucha contra el cambio climático, su calendario y objetivos de reducción de emisiones sectoriales, etc. Sin haber iniciado el trámite de la ley, dicho plan se consideraría incompleto, de ahí el lanzamiento de la futura ley.
El anteproyecto, que cuenta con 31 artículos distribuidos en 9 títulos y varias disposiciones, añade algún dato concreto respecto a la obligación de las estaciones de servicio de instalar puntos de recarga para los coches eléctricos. Así, las gasolineras con ventas superiores a 10 millones de litros anuales en 2017, deberán instalar una infraestructura con capacidad superior a 22 kW en el plazo de 12 meses (previamente, en el plazo de nueve meses desde la entrada en vigor de la leu, tendrán que presentar al ministerio un proyecto).
En el caso de que el volumen vendido se sitúe entre cinco y diez millones de litros, la empresa tendrán de plazo para presentar dicho proyecto en 15 meses, y la instalación deberá funcionar en el siguiente año.
Las grandes petroleras, como Repsol, Cepsa o BP, que suman unas 6.000 gasolineras en toda España, más de la mitad del parque, no han querido proporcionar el número de ellas que se verían afectadas por la medida. “No queremos dar información a la competencia”, indican en Cepsa.
En el sector petrolero, que, según la propuesta, se vería afectado por la prohibición a largo plazo de explorar y producir hidrocarburos en territorio nacional (Repsol cuenta con una plataforma de extracción, Casablanca, frente a las costas de Tarragona) consideran que las medidas no tendran repercusión en el corto plazo.
Además de lograr que la generación eléctrica sea 100% renovable en 2050, el anteproyecto prevé una reducción de emisiones del 90% en esa fecha, respecto al nivel de 1990 y de un 20% en 2030. El Gobierno estudiará el establecimento de la llamada Euroviñeta, un gravamen aplicado a los vehículos pesados de mercancías por el uso de carreteras.
Con el objetico de gravar los combustibles fósiles e incentivar las renovables, a la hora de subastar la nueva capacidad, se esteblecerán “criterios de apoyo a la innovación tecnológica y la gestionabilidad, cohesión social y territorial y transición justa hacia la descarbonización”. Además, la producción con renovables tendrá prioridad en el acceso y conexión a redes de transporte y distribución.
Entre los objetivos de de biocarburantes, estos y otros combustibles renovables se incentivarán en el transporte aéreo.
Otra medida hace referencia a las empresas cotizadas y el sector finaciero. En estos casos, se tendrán en cuenta cuestiones de sostenibilidad en la elaboración de los índices utilizados como referencia en los contratos financieros o a la hora de medir la rentabilidad de los fondos.
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