El Banco de España alerta de que el alza del SMI supondrá una pérdida de unos 150.000 empleos

Afirma que ligar las pensiones al IPC costará 36.000 millones hasta 2050

El nuevo gobernador pide "seguridad jurídica" en el campo hipotecario

El nuevo gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha aprovechado su primera comparecencia ante el Congreso de los Diputados para reclamar al Gobierno que aproveche la buena coyuntura económica cíclica para realizar reformas estructurales y ha advertido de los riesgos que conllevan algunas de las políticas económicas anunciadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En primer lugar, el nuevo responsable del supervisor financiero ha aseverado ante la Comisión de Economía de la Cámara Baja que volver a ligar las pensiones a la inflación para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, como ha pactado el Gobierno con Unidos Podemos, “generaría, de acuerdo con los cálculos del Banco de España, un incremento del gasto público superior a tres puntos porcentuales de PIB en el año 2050”. Esto es, unos 36.000 millones de euros en el conjunto del periodo, o 1.161 millones anuales, tomando el PIB actual.

La estimación del organismo casa con la que realizó el Fondo Monetario Internacional (FMI) que en la última visita de la misión para España alertó de un alza de entre tres y cuatro puntos de PIB del gasto público para mediados de siglo. Este cálculo supondría un sobrecoste anual de 1.450 millones de euros al año, y 48.000 millones de euros para 2050. Según el FMI, si no se acompaña esta medida de otros contrapesos, el sistema público de pensiones español quedará en riesgo.

“Garantizar la sostenibilidad financiera del sistema requerirá, por tanto, incorporar medidas adicionales por el lado de los ingresos o de los gastos del sistema”, ha coincidió en señalar Pablo Hernández de Cos. “En todo caso, es deseable que cualquier estrategia de reforma elegida aumente la transparencia del sistema, refuerce su contributividad (es decir, la relación entre las contribuciones y las prestaciones), y, en especial, mantenga un mecanismo de ajuste automático que garantice la sostenibilidad de las pensiones futuras de la población”, ha concretado.

En segundo lugar, el gobernador ha alertado del riesgo que puede suponer el alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 22,3% en 2019, desde los 735 a los 900 euros, como recoge el pacto presupuestario del Ejecutivo con Podemos. Pese a reconocer que los efectos negativos de las subidas del SMI son limitados, Hernández de Cos ha aseverado que el riesgo es importante para determinados colectivos.

“Su impacto sobre la probabilidad de perder el empleo resulta significativo en el caso de determinados colectivos, como los más jóvenes y los de mayor edad con menor formación, cuya tasa de paro es aún muy elevada, y que muestran un nivel de productividad menor que el promedio”, ha expuesto el gobernador. Una pérdida que Cos cifró en un 0,8% del empleo. Si se tiene en cuenta que el número de ocupados asciende a 19,5 millones, este recorte implicaría la pérdida de unos 156.000 puestos de trabajo. La estimación contrasta con la pérdida de creación de 40.000 empleos que apuntó hace unos días la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que ya advirtió en su valoración que los cálculos del Banco de España arrojaban cifras muy superiores a las suyas, basadas en decenas de estudios sobre la materia.

“El nivel del SMI y sus incrementos anuales deberían diseñarse, por tanto, teniendo en cuenta la productividad de los trabajadores afectados y su grado de empleabilidad si se quieren evitar efectos no deseados, en forma de pérdida de empleo y aumento de la desigualdad”, ha recomendado.

Recomendaciones

A modo de conclusión, Hernández de Cos ha apuntado “la necesidad de aprovechar un crecimiento económico todavía por encima del potencial para afrontar con prontitud y determinación el necesario proceso de consolidación fiscal”, a fin de lograr una reducción del déficit y la deuda pública que coloque al país en mejor situación para futuras crisis. En su discurso, el gobernador reconoce que la mejora de los últimos años es achacable al buen tono del ciclo y no a deseables medidas de consolidación.

“Las actuales condiciones cíclicas deben también aprovecharse para intensificar la agenda de reformas estructurales y evitar su reversión”, ha agregado De Cos, que minutos antes señalaba el positivo efecto que han tenido la reforma laboral o el saneamiento del sector financiero.

En este campo, el responsable de supervisión bancaria ha advertido que la banca debe buscar una mejora de su rentabilidad, sin incurrir en riesgos excesivos, y seguir limpiando sus balances de activos tóxicos. Además, el gobernador ha insistido en la necesidad de reducir la temporalidad del mercado laboral y elevar la inversión en investigación y desarrollo.

En cuanto a los principales riesgos en el horizonte, el gobernador se ha referido a las tensiones comerciales internacionales, así como a la incertidumbre política en España y a las tensiones que persisten en Cataluña por el pulso de los independentistas.

Cuestionado por la polémica en torno a la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que cambió su criterio y achaca ahora a la banca la obligación de pagar el impuesto hipotecario de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que el pleno revisará el lunes, De Cos, aseverando que "Lo que es fundamental es preservar la seguridad jurídica". "El mercado hipotecario español es fundamental para la economía. Tanto para los ciudadanos como para las entidades financieras", ha dicho.

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