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El Gobierno prepara un plan ‘renove’ para las plantas de cogeneración

En 2020, medio centenar de plantas habrá terminado su vida útil y se quedará sin incentivo El Ejecutivo la ampliará en tanto se aplica el programa de renovación

Planta de cogeneración de Saica, en Burgo de Ebro.
Planta de cogeneración de Saica, en Burgo de Ebro.

Los Ministerios de Transición Ecológica y de Industria están elaborando un plan renove para las plantas de cogeneración y aplicar así la disposición adicional 20 de la Ley del Sector Eléctrico que fue modificada en diciembre de 2013. Según esta disposición, “en el marco normativo que determine el sistema de obligaciones de eficiencia energética [derivado de la normativa europea] y con la finalidad de contribuir al objetivo nacional de eficiencia del artículo 3.1 de la ley, se desarrollarán programas de renovación de instalaciones de cogeneración y residuos”.

Pese al tiempo transcurrido, el Gobierno anterior nunca dio paso alguno para desarrollar este precepto de la ley. Ahora la situación es urgente, pues en menos de dos años habrá caducado la vida útil de las 50 plantas más antiguas, con lo que se quedarán sin el actual incentivo.

Según indican fuentes del Ejecutivo, y tal como aseguró la semana pasada el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, los ministerios competentes, en tanto se pone en marcha el plan de renovación, aprobarán un periodo transitorio para prorrogar, en su caso, la actual retribución de estas instalaciones, que suman 600 en toda España.

La cogeneración produce de forma distribuida el 11% de toda la electricidad del sistema y más del 20% del PIB industrial (25.000 millones de euros de facturación y 200.000 empleos asociados) está fabricado con cogeneración en instalaciones que suponen el 25% del consumo total de gas natural.

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Las asociaciones del sector vienen denunciando desde hace tiempo una situación, que se agrava por momentos: en dos años medio centenar de plantas habrán puesto fin a su vida útil. Solo este año, le caducan a cinco y ya en 2017 cumplieron su vida regulatoria nueve. Algunas de estas plantas han parado y otras siguen funcionando aunque no les resulte rentable. Una de las grandes plantas que está en el alero pertenece a Cepsa.

En este sentido, en Acogen aseguran que “resulta urgente lograr la continuidad de las plantas en funcionamiento al llegar al final de la vida útil regulada ya que de lo contrario se verán irremisiblemente abocadas al cierre”.

Estas plantas, que suman 500 MW de potencia, están ligadas a 99 industrias (con más de 900 MW), que “deben ya tomar decisiones de inversión sin que exista un marco que haga posible su actividad y esas nuevas inversiones”.

Según los datos de esta asociación, en cinco años este problema afectará a 250 plantas con más de 2.300 MW de potencia. “La magnitud es muy significativa teniendo en cuenta que las empresas necesitan decidir con tres años de antelación al final de su vida útil”, añaden.

Para el sector perder potencia activa de cogeneración “sería desastroso para el sistema eléctrico y gasístico; supondría perder sus positivas contribuciones a la eficiencia; acción por el clima; energía distribuida y conllevaría subidas en los mercados mayoristas de electricidad que alcanzarían a todos los consumidores, además de un batacazo para la competitividad de cientos de industrias españolas”.

Reivindicación

La cogeneración viene reclamando desde hace varios años una regulación que permita a las plantas continuar su operación al concluir su vida útil regulada y que fomente nuevas inversiones. Para Acogen, “centenares de industrias clave para el país no pueden seguir en esta incertidumbre sobre su futuro y el de las positivas contribuciones que realizan a los sistemas energéticos”. Las inversiones requeridas en la renovación se han calculado en 1.500 millones, que impulsarán un 10% la producción industrial.

Para evitar las paradas de las instalaciones y dotar de un marco que permita la inversión, la solución propuesta por Acogen es extender hasta 2030 la retribución actual a la operación de las plantas que llegan al final de su vida útil o, en su defecto, hasta la llegada del citado plan renove” para sus instalaciones.

El desarrollo requerido para lograr la continuidad de manera rápida, efectiva y sencilla antes de fin de 2018 pasa por una modificación de la ley eléctrica y el real decreto 413/14. El sector reclama, asimsimo, una comisión para la transición ecológica de la industria. La solución propuesta mantendría los ahorros que aportan las plantas de cogeneración a la vez que reducirá su coste regulado, siendo siempre los ahorros superiores a los costes.

Asimismo, "es vital que se desarrolle una planificación hasta 2030 que permita incorporar nuevas 1.700 MW de nuevas cogeneraciones, que serán clave para contribuir a los objetivos de ahorro ecológico y eficiencia energética, de garantía de suministro y competitividad”, añade Acogen.

Nueva interlocución

Con el cambio de Gobierno, los cogeneradores han recuperado la interlocución que apenas tuvieron con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Durante su mandato, en 2013, se aprobó la reforma eléctrica, que supuso un recorte de la retribución de estas plantas de 1.200 millones de euros, según calculó entonces el sector.

La cogeneración, que formaba parte del llamado régimen especial que recibía primas por la producción, pasó al nuevo sistema de incentivos detrminados según la inversión y la vida regulatoria de las plantas, de 25 años.

Por el momento, el sector ha conseguido del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez la eliminación del impuesto especial de hidrocarburos (o cñentimo verde) al gas que se utiliza en la cogeneración y en los ciclos combinados.

Además, fruto de las negociaciones que no existieron en la etapa anterior, ha logrado arrancar un compromiso a los ministerios de Transición Ecológica y el de Industria para regular el plan renove que figura en la Ley Eléctrica y que, mientras tanto, se amplíe la vida útil. En 2025, caduca la de la mitad del sector: 300 instalaciones.

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Sobre la firma

Carmen Monforte
Es redactora de Energía de Cinco Días, donde ocupó también los cargos de jefa de Especiales y Empresas. Previamente, trabajó como redactora de temas económicos en la delegación de El Periódico de Cataluña en Madrid, el Grupo Nuevo Lunes y la revista Mercado.

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