La nueva oficina fiscal de vigilancia patrimonial prevé ingresar 110 millones más
Hacienda prevé que la inspección sobre grandes fortunas arroje 442 millones en 2019 La lucha contra el software de contabilidad en negro aspira a lograr 418 millones
Uno de los pilares maestros del nuevo plan antifraude impulsado por el Consejo de Ministros el pasado viernes es la creación de una oficina específica de vigilancia fiscal de grandes patrimonios. Hasta ahora, sin embargo, Hacienda no había detallado los objetivos que tendrá el nuevo organismo. La letra pequeña del anteproyecto de ley, consultado por este diario, aclara que su finalidad es incrementar la recaudación en 110 millones de euros en 2019.
La nueva oficina será una unidad central que coordine todas las actuaciones de control ya en marcha y las refuerce al tener asignados “200 funcionarios cualificados a tiempo completo”. En 2017, las inspecciones sobre el colectivo de altos patrimonios permitieron a Hacienda recaudar 332 millones de euros con lo que el objetivo es alcanzar los 442 millones el próximo año.
Más allá de este punto, la memoria de impacto económico elaborada por la Dirección General de Tributos sobre el paquete de medidas antifraude revela que prohibir la producción, posesión o comercialización de software informático que permita a las empresas mantener una contabilidad en B, sobre la que pesarán multas de 150.000 euros, podría recaudar 418 millones. El documento justifica la cifra alegando que “si tan solo un 1%” de los pagos en efectivo de los consumidores se ocultase a Hacienda con estos programas, prohibirlos podría aflorar 2.000 millones de bases imponibles no declaradas. Con un IVA medio efectivo del 15,67%, se obtendrían 113,4 millones adicionales por esta vía y 104,5 millones más por lo declarado en Sociedades, detalla el texto.
Estas medidas, junto al mayor control de Hacienda sobre las criptodivisas (con un impacto por cuantificar) permitirían recaudar, sobre el papel, 647,9 millones de euros adicionales, si bien Hacienda corrige a la baja el objetivo conjunto de ingresos, que cifra en 500 millones, al entender que varias de las medidas pueden solapar sus efectos.
