El Gobierno impulsa las nuevas tasas financiera, digital y el plan antifraude

El Consejo aborda tres anteproyectos para recaudar 2.800 millones

Los inspectores de Hacienda avisan del impacto de la ‘tasa Google’

Impuestos
La ministra de Hacienda María Jesús Montero. EFE

El Gobierno no quiere perder ni un solo minuto a la hora de tratar de poner en marcha su plan presupuestario para 2019. Solo una semana después de pactarlo con Podemos y pasados solo cuatro días desde que remitió las líneas maestras del proyecto a Bruselas, el Consejo de Ministros prevé impulsar este viernes tres medidas fiscales del plan que, en conjunto, buscan elevar la recaudación fiscal en 2.800 millones el próximo año. Se trata, según confirman fuentes oficiales a este diario, del primer paso para crear los nuevos impuestos anunciados sobre las transacciones financieras y los negocios digitales, así como medidas de lucha contra el fraude fiscal. La premura busca reforzar el mensaje de confianza transmitido a Bruselas y tratar de tener operativos los nuevos tributos lo antes posible.

Después de todo, lo que el Gobierno aprobará este viernes son tres anteproyectos de ley que son el primer paso para una larga tramitación, complicada además por la férrea oposición que PP y Ciudadanos vienen ejerciendo desde el control de los órganos decisorios del Congreso de los Diputados y el Senado. Acompañados de informes de justificación y memorias económicas sobre su impacto, los tres documentos serán sometidos a consulta y luego tramitados en el Parlamento ya como proyectos de ley, lo que puede llevar meses. A Hacienda le interesa que las medidas estén en marcha lo más cerca del 1 de enero de 2019 ya que será complicado aplicarlos retroactivamente.

La agilidad demostrada por el Ejecutivo ha sido facilitada por el trabajo realizado antes por el Gobierno previo, que ya preparó el terreno para establecer una suerte de tasa Google y mejorar la lucha contra el fraude con varias medidas que ahora adopta el Gabinete de Pedro Sánchez.

Estás ultimas incluyen rebajar de 2.500 a 1.000 euros el límite de pago en efectivo permitido entre profesionales, para recaudar unos 218 millones; ampliar la lista pública de morosos de la Agencia Tributaria incluyendo a quien adeuda más de 600.000 euros (en lugar de un millón) y a los responsables solidarios de las empresas, para ingresar 110 millones más; y reforzar la lista de paraísos fiscales para obtener 500 millones.

En paralelo, el Gobierno echará a andar este viernes la nueva tasa del 0,2% sobre la compraventa de acciones de empresas españolas cotizadas con más de un millón de capitalización que realicen operadores financieros. Busca recaudar 850 millones.

Finalmente, Hacienda inicia la creación de un impuesto del 3% sobre cada operación relacionada con la publicidad online, la intermediación digital y la venta de datos de usuarios, que realicen compañías que facturen más de 750 millones a escala global y tres millones en España. Para impedir evasiones, y lograr ingresar los 1.200 millones anunciados, el Ministerio fijará un sistema de multas contra quien oculte o modifique su geolocalización o IP.

Precisamente este tipo de tributos está siendo el objeto de debate en el XXVIII Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, celebrado este jueves y viernes en Alicante, bajo el título “La fiscalidad de la economía digital”. Los inspectores advirtieron este jueves de que pese a la posible conveniencia de buscar un nuevo marco fiscal a los negocios de internet, este tipo de impuestos puede tener un impacto negativo sobre la economía, como advirtieron en marzo la OCDE y la Comisión Europea, especialmente si se ponen en marcha a escala nacional en lugar de esperar a una legislación internacional.

A la espera de dicho consenso global, complejo incluso en el ámbito de la UE donde se analizará el 6 de noviembre, Bruselas da pie a avanzar en este campo pero, como recordaron los inspectores, las medidas deben ser “temporales” y solo hábiles hasta la llegada de un marco fiscal común. El colectivo subraya que el servicio final intermediado, las ventas directas, los medios de pago, algunos servicios financieros y las comunicaciones deben quedar exentas según la UE.

Posibles deducciones para las empresas

“Obsolescencia”. La conveniencia de una tasa digital fue ilustrada este jueves por el director del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), Alain Cuenca, que aludió en Alicante a la “posible obsolescencia del impuesto de Sociedades”, al que se le escapan los nuevos negocios online. Los inspectores advierten, eso sí, de que si al introducirla se genera un doble gravamen con el citado impuesto, el pago de la tasa podría ser deducible en Sociedades.

La europea. La tasa digital de Hacienda se basa en el esbozo avanzado por la UE, y coincide en las tres actividades que grava y en hacerlo al 3%. Sin embargo, Bruselas se plantea dirigirla a empresas que facturen siete millones en el país en que tributan -no tres- o que tengan más de 100.000 usuarios. Los inspectores aducen que para que sea efectiva debe aplicarse en varios países o incluirse en cada convenio de doble imposición.

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