La sentencia del Supremo le cuesta casi 6.000 millones en Bolsa a la banca
Bankia, Sabadell y Bankinter sufren caídas de más del 5% Los analistas insisten en que es clave si la devolución de los pagos será retroactiva o no
La sentencia del Tribunal Supremo por la que deben ser los bancos quienes asuman el pago del impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas ha abierto un nuevo e incierto frente judicial para la banca española y ha minado aún más la maltrecha marcha bursátil del sector. Los bancos españoles cayeron hoy en Bolsa a plomo, con descensos que se acercaron al 10% en el caso de Bankia y que se moderaron ligeramente al cierre.
La jornada fue aciaga: la banca española fue con diferencia la más castigada en Europa y se instala ya sin excepción en terreno negativo en el conjunto del año. Sabadell perdió el 6,7%; Bankinter, el 6,27%; Bankia, el 5,11%; CaixaBank, el 4,54%; BBVA, el 2,7% y Santander, el 2,05%. Fuera del Ibex, Liberbank y Unicaja se desfondaron el 6,76% y el 5,35% respectivamente.
Esto supuso que, en conjunto, estas entidades financieras perdiesen casi 6.000 millones de valor en Bolsa en un día. En concreto, 5.876 millones. Santander perdió casi 2.000 millones de capitalización, mientras que BBVA y CaixaBank se dejaron más de 1.000 millones cada uno. Por detrás, Sabadell, Bankinter y Bankia perdieron algo menos de 500 millones. Finalmente los descensos en la capitalización fueron más moderados para Liberbank y Unicaja, de entorno a los 100 millones.
La sentencia del Supremo dicta a favor del cliente, que hasta ahora es quien ha pagado puntualmente el impuesto de actos jurídicos documentados en la constitución de las hipotecas. El gravamen puede ser de entre entre el 0,5% y el 2% sobre el importe del préstamo, dependiendo de lo aprobado por cada Comunidad Autónoma. Es decir, para una vivienda de 100.000 euros puede suponer entre 500 y los 2.000 euros.
El fallo anula un artículo del reglamento del impuesto que establecía que el prestatario es el sujeto pasivo del impuesto por ser contrario a la ley, y abre un nuevo frente judicial para el sector. La cartera hipotecaria tiene un peso determinante en el balance de los bancos españoles y esta sentencia desfavorable supone un gasto adicional en un momento en que los tipos de interés aún tardarán en subir.
Un impacto multimillonario de difícil cálculo
Los españoles han abonado cerca de 26.000 millones de euros en gastos hipotecarios desde hace dos décadas, según datos recopilados por la casa de análisis Kepler Cheuvreux, que señala que la devolución en juego puede oscilar entre 6.500 y 9.000 millones de euros, que sumando intereses y costas podrían sumar entre 12.000 y 18.000 millones. Las entidades más afectadas, según Kepler, serían CaixaBank, que podría tener que pagar unos 4.100 millones, seguida de BBVA, con 2.900 millones en juego, o la nacionalizada Bankia, que arriesga un pago de 2.600 millones.
Para Moody's, el coste de la devolución del impuesto de actos jurídicos documentados, sobre todo si es con carácter retroactivo, tendrá un coste superior al de las compensaciones por cláusulas suelo, que la agencia estima entre los 3.500 y los 4.000 millones de euros, según un informe publicado en marzo.
El mercado ha reaccionado hoy descontando que la devolución del pago del impuesto de actos jurídicos documentados se hará con retroactividad, aunque el alcance en el tiempo de la sentencia es ahora la gran duda para los inversores y que su pago recaerá en la banca, aunque ninguna de las dos cosas se puede dar por sentada. "En caso de existir retroactividad podría limitarse a cuatro años dado que el impuesto pagado en hipotecas anteriores a esta fecha estaría prescrito", señala Nuria Álvarez, analista de Renta 4, para quien el mercado ha reaccionado en exceso. Apunta la dificultad de estimar el impacto puesto que el saldo actual no serviría para calcular el importe de impuestos pagados. "Se necesita conocer el importe inicial concedido sobre el que se aplica el impuesto", añade. Tomando la cifra de concesión de nuevo crédito y asumiendo su aceleración en 2018, el impacto de la sentencia en el sector "podría alcanzar los 2.000 millones de euros aproximadamente, aplicando un AJD del 1% de media", explican en la firma. Los bancos, sin embargo, consideran no solo que la sentencia no tiene carácter retroactivo sino que, de tenerlo, es Hacienda en todo caso la que debería hacer frente a esas devoluciones.
"Como norma general, se han infravalorado en los últimos años los impactos que podían tener los litigios en los bancos españoles. El riesgo de que se produzca un hecho similar a lo ocurrido en el caso de las cláusulas suelo no es descartable y debemos analizarlo", advertía hace ahora casi un año Mirabaud en un informe a propósito de los fallos que se iban conociendo en los juzgados sobre reclamaciones en el pago del impuesto de actos jurídicos documentados.
El banco suizo apunta ahora que entidades con hipotecas medias de importes elevados, como Bankinter, Bankia o Sabadell, podrían tener más riesgo que otras como Unicaja o Liberbank, cuyas hipotecas medias apenas superan los 60.000 euros. De hecho, a la hora de reclamar, si la hipoteca tiene un tamaño reducido bien puede no compensarle al cliente por los gastos del proceso judicial. Sin embargo, dado que se trata de un impuesto y no de una cláusula abusiva como sucedía con las cláusulas suelo, el afectado podrá reclamar directamente a la Agencia Tributaria, que es quien ingresó el tributo.
"Era un riesgo de litigo que estaba ahí. Ahora habrá que saber si la devolución del impuesto se aplica al conjunto de la cartera hipotecaria o hay una fecha de corte", explica Gonzalo Lardiés, gestor de A&G Banca Privada. Gonzalo López-Eguiguren, analista de Mirabaud, insiste en la misma línea en que “hay dudas sobre todo respecto a cuándo se hará efectiva la devolución. La noticia conocida hoy puede abrir el debate sobre la devolución de la totalidad de los gastos, incluyendo otros como notaría, gestión, tasación, etc”.
Para BPI, las entidades más afectadas en términos de solvencia serían Liberbank y Bankia, con impactos superiores al 1% en su ratio de capital CET1 fully loaded, seguidas de Unicaja (0,8%) y Bankinter (0,62%). Su cálculo parte del peor de los escenarios, la devolución de todos los costes (del impuesto de AJD más otros gastos de formalización) para el conjunto de la cartera hipotecaria. En tal supuesto,y con datos de la cartera hipotecaria a cierre de 2017, el impacto total para las entidades cotizadas sería de 5.534 millones de euros, con facturas antes de impuestos superiores a los 1.300 millones de euros para Santander, BBVA y Bankia (ver gráfico).
El sector es especialmente sensible a la sentencia puesto que la actividad hipotecaria es clave en su negocio. De hecho, la cotización de los bancos está a la expectativa de una señal del BCE que dé comienzo a un alza de las rentabilidades de la deuda y del euríbor hipotecario, al que está referenciado el 90% del stock hipotecario.
Solo así, con la revisión de las hipotecas a tipos de interés más elevados, los bancos españoles comenzarán a recuperar margen de negocio y rentabilidad. El alza de los tipos de referencia no se espera sin embargo hasta al menos pasado el verano de 2019. La sentencia de hoy del Supremo es por tanto un nuevo varapalo para el sector, que vive horas bajas en Bolsa y ya acusó en diciembre de 2016 la sentencia desfavorable de Tribunal Europeo sobre cláusulas suelo.
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