Reformas del hogar: más morosos que antes de la crisis

La aritmética electoral está retrasando la entrada en vigor de las sanciones contra los impagados

Reformas del hogar: más morosos que antes de la crisis
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Han pasado diez años desde el estallido de una larga crisis económica que afectó a buena parte de nuestro tejido productivo. Una década de cierres de empresas, despidos, miedos e incertidumbres. La situación actual nada tiene que ver con la de entonces. Sin embargo, la mejora no ha sido generalizada, puesto que hay algunas enfermedades que se han cronificado. Es el caso de la morosidad, que en el sector de la construcción vuelve a situarse en niveles precrisis.
Por ello, no puede entenderse, ni debería tolerarse, que el juego político y partidista siga retrasando la entrada en vigor del régimen sancionador que recoge la Ley de Refuerzo de la Lucha contra la Morosidad.

Máxime teniendo en cuenta que el incumplimiento de los plazos de pago ahora genera un modo de competencia desleal, que va más allá de los riesgos asociados a la morosidad tradicional que ha sufrido y sufre el canal profesional de comercialización y suministro de materiales de construcción.

En nuestro caso particular, las pymes que quieran estar dentro del mercado se ven obligadas a financiar a las constructoras medianas, y muy especialmente a las grandes. En este sentido, las grandes corporaciones resultan las más incumplidoras a la hora de pagar las facturas para 6 de cada 10 empresas y, entre ellas, las constructoras son las más morosas para el 66% de los encuestados, según los datos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). Y con ello, las pequeñas y medianas empresas deben asumir plazos de pago que, en ocasiones, superan los 200 días. Pero, al mismo tiempo, estas empresas pequeñas tienen que competir con determinadas grandes superficies de distribución que, en algunos casos, ya pagan a sus proveedores a más de 160 días.

Y aquí la pyme se ve atrapada en un doble sándwich que podría resultar mortífero: por una parte financia a sus clientes –constructoras medianas y principalmente grandes– con financiación externa (bancaria) o interna (socios), mientras que sus competidores utilizan la financiación que les genera incumplir la ley para desarrollar y fortalecer su posición en el mercado. Es decir, al incumplir la ley obtienen una ventaja competitiva que adquiere la forma de un modelo de competencia desleal. En otras palabras, la dilación en los pagos lastra las cuentas del pequeño comercio de la distribución de materiales para la construcción, impidiéndole desarrollar su negocio para hacer frente a la cada vez mayor competencia de las grandes superficies que, amparadas por la anacrónica Ley de Ordenación del Comercio Minorista en materia de plazos de pago y debido a su posición de fuerza ante sus proveedores, obtienen ventajas que les permiten financiar su propio crecimiento a costa de ellos. Su fuerza competitiva se debe a también a otros factores, pero no hay duda de que se trata de una palanca de competencia notable asentada sobre el incumplimiento sistemático y creciente de la ley.

Para más inri, la debilidad que supone este modelo para las pymes se intensificará en cuanto vuelvan las tensiones al mercado, y se traducirá en impagos, retrasos... y nuevos cierres.
Desde nuestra asociación confiábamos en que la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor en marzo, abriera, por fin, las puertas a la transición en España hacia un marco de seguridad jurídica y competencia entre los distintos actores del sector, pues regula aspectos críticos como la eliminación de la posibilidad de pactar los plazos de pago entre las partes o la opción de seguir la trazabilidad real de las facturas.

Sin embargo, nos encontramos ante un problema donde unos actores de la cadena están ahogados por otros, en una clara condición de desigualdad. En la práctica existe una ley que no se cumple y, por tanto, genera un problema de inseguridad jurídica; un incumplimiento que además da lugar a posibles implicaciones de competencia desleal. Por ello, la inacción política solo puede deberse a la ausencia de voluntad, a la falta de capacidad o a una condicionada libertad para legislar. Y diez años más tarde parece que no es un problema ni de voluntad ni de falta de capacidad.

Y es que el cambio de Gobierno, la rivalidad entre el PSOE y el PP –que continúa presidiendo la Comisión de Economía, Industria y Competividad, donde se tramita la moción de dicha norma– y la aritmética electoral están bloqueando y retrasando la entrada en vigor de las sanciones a los morosos, cuando antes de la moción de censura que derrocó a Mariano Rajoy y aupó a la presidencia a Pedro Sánchez estaba previsto que se pusiera en marcha en septiembre, es decir, coincidiendo con la constitución de las comisiones del Congreso.

Todo apunta a que esta proposición de ley para crear un régimen sancionador –que recoge multas de hasta 820.000 euros a las compañías que paguen tarde a sus proveedores– ahora se encuentra encallada, contra todo pronóstico, descolocando a buena parte de los grupos del arco parlamentario.

Porque todos los partidos están de acuerdo en sacarla adelante; aunque no se termine de coger la sartén por el mango. Y el recorrido de esta norma empieza a ser un camino de espinas. Hay quienes apuntan que debería ir a comisión el 23 de octubre. Ojalá, porque conviene remarcar que en el sector español de la construcción, hoy en día, hay más morosidad que antes de la crisis.

Sebastián Molinero es Secretario general de Andimac

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