Hacienda impulsará antes de Navidad las nuevas tasas financiera y digital

Ultima dos anteproyectos de ley para ello y otro para el fraude

Las tres iniciativas serán llevadas a Consejo de Ministros "en semanas"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El Gobierno de Pedro Sánchez remitió el lunes a la Comisión Europea su plan presupuestario para 2019 y le reveló, además, los pasos que llevará a cabo para tratar de ponerlo en marcha. El documento avanza, entre otras cosas, que antes de abordar el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado en un Consejo de Ministros entre finales de noviembre y principios de diciembre, el Ejecutivo impulsará en cuestión de solo unas “semanas” los nuevos impuestos que ha pactado crear con Unidos Podemos y ofrece nuevos detalles de su funcionamiento.

“Las nuevas medidas tributarias contempladas en este plan presupuestario anual serán incluidas en tres anteproyectos de leyes que serán tratados en el Consejo de Ministros en las próximas semanas”, informó el Gobierno a Bruselas, explicando que uno contendrá las medidas de lucha contra el fraude, otro la nueva tasa sobre las transacciones financieras y el tercero la creación de un impuesto sobre las actividades digitales.

El primero de ellos incluirá la transposición de la Directiva antielusión (ATAD) así como varias medidas para combatir la evasión fiscal, como la actualización del listado de paraísos fiscales (a fin de recaudar 500 millones más). También contendrá una rebaja de 2.500 a 1.000 euros en el límite máximo de pago en efectivo entre profesionales (para recuperar 218 millones de la economía sumergida) y reforzará la lista pública de morosos que publica la Agencia Tributaria incluyendo a los contribuyentes que adeuden más de 600.000 euros, frente al millón actual, y a los responsables solidarios de compañías deudoras (para ingresar 110 millones más).

El segundo anteproyecto de ley se centrará en la llamada tasa Tobin, que gravará al 0,2% la compraventa de acciones de empresas españolas cotizadas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros cuando las ejecuten operadores del sector financiero. Busca recaudar 850 millones que irán destinados a “sanear” el agujero de la Seguridad Social.

La última de las iniciativas armará el impuesto sobre los Servicios Digitales, que gravará al 3% los servicios de publicidad en línea, intermediación online y venta de datos de usuarios de empresas que facturen más de 750 millones en el mundo y tres millones en España. Se espera que recaude 1.200 millones.

El informe remitido a Bruselas ofrece importantes novedades sobre este nuevo tributo como que se liquidará trimestralmente y se aplicará sobre los ingresos obtenidos por cada servicio, excluyendo el IVA.

Hacienda informó además a la Comisión Europea de que establecerá un régimen sancionador específico para evitar el falseamiento u ocultación de la dirección de Protocolo de Internet (IP) u otros instrumentos de geolocalización a fin de garantizar que todas las transacciones digitales realizadas en España quedan gravadas.

Una vez impulsada la tramitación de estos tres anteproyectos, el Gobierno impulsará el de los Presupuestos, todo ello antes de Navidad. Previamente, Gobierno y Podemos iniciarán una compleja ronda de negociación a varias bandas para lograr los necesarios apoyos de PNV, ERC y PDeCAT.

360.000 empleos al año

El plan presupuestario remitido a Bruselas es un documento de 62 páginas en el que el Gobierno presenta las medidas de ingreso y gasto que aspira a impulsar, así como sus previsiones macroeconómicas para 2019. Entre otros aspectos, el Gobierno expone que la creación de empleo caerá a un ritmo del 2% (lo que supone pasar de 500.000 a 360.000 nuevos puestos al año).

También revela que la recaudación de los ayuntamientos por el impuesto de plusvalía, parcialmente anulado por el Tribunal Constitucional caerá un 3%, y que la recaudación local por el impuesto de actos jurídicos documentados arrojará 93 millones en negativo entre 2018 y 2019.

Paternidad para los funcionarios

Agilizar la ampliación. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha propuesto a los sindicatos que la ampliación a 16 semanas del permiso de paternidad sea más rápida para los empleados de la Administración General del Estado (AGE) que para el resto, según Efe. Su plan es que se eleve a nueve semanas en 2019, 13 en 2020 y 16 en 2021, frente a las ocho, 12 y 16 previstas, respectivamente.

Calviño. La ministra de Economía, Nadia Calviño, defendió ayer ante el PSOE en el Congreso que la revisión a la baja del crecimiento del PIB (del 2,7% al 2,6% este año y del 2,5% al 2,3% en 2019) “ni es un cambio de tendencia ni se debe a la llegada del Gobierno socialista”. De hecho, un día antes lo achacó a la atonía económica global y a la corrección del crecimiento del primer trimestre, cuando aún gobernaba el PP.

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