Una veintena de líneas rojas impiden el pacto entre Ryanair y su plantilla
USO y Sitcpla denunciarán los contratos irlandeses ante la CE Ocho sindicatos europeos de la ‘low cost’ sopesan nuevos paros
El diálogo entre Ryanair y sus 1.800 tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) en España está roto pese a la última oferta de acuerdo exprés lanzada por la low cost. Los sindicatos USO y Sitcpla vuelven a amenazar con nuevos paros y van a exponer ante la CE un contrato irlandés tipo en la aerolínea, a falta de convenio, que entra en conflicto en una veintena de puntos con la legislación laboral española.
El documento avala la posibilidad de despedir por secundar una huelga; favorece el despido disciplinario automático; ha consagrado durante años el pago exclusivamente por volar (sin un mínimo fijo) y largos periodos de prueba; otorga la titularidad de los informes médicos del personal a la empresa, o defiende el derecho a registrar los vehículos particulares de los trabajadores, entre una serie de puntos que se han convertido en barreras en la negociación.
Ambas partes rozaron el pacto el 27 de septiembre en una maratoniana reunión con presencia de directivos, sindicalistas, abogados, asesores externos, traductores, altos cargos de la Dirección General de Trabajo, y un interminable ir y venir de papeles entre Madrid y Dublín. Pero dirección y representantes de la plantilla retiraron sus concesiones en el último minuto, quedando todo abocado a la huelga ante la estupefacción de Ángel Allué, que presidió el encuentro al poco de ser nombrado director general de Trabajo.
La plantilla ofrecía 18 meses para la transición de los contratos irlandeses a un convenio español, pero exigió el fin de las subcontratas
Para los TCP poco o nada ha cambiado desde entonces pese a la bandera blanca ondeada por Michael O’Leary y los suyos la semana pasada. Alrededor de un 75% de esta plantilla trabaja para Ryanair a través de las intermediarias Crewlink y Workforce, por un 25% (la mayoría sobrecargos) que están en nómina de forma directa. Los unos y los otros tienen contrato irlandés y deben acudir a la justicia de ese país para dirimir sus diferencias con la empresa.
Como es sabido, este es el principal motivo de protesta sindical, junto a las fuertes reticencias de la aerolínea a aceptar en la mesa de negociación a asesores relacionados con otras compañías. Un punto sobre el que Trabajo ha advertido que los sindicatos tienen libertad de elegir a sus representantes.
Pero el punto real de ruptura, según distintas fuentes, se produjo cuando Ryanair lanzó el compromiso de disminuir el porcentaje de contratación a través de agencias y se abrió a la citada transición hacia un convenio español. Los sindicatos concedieron un plazo de 18 meses para la migración, pero su condición fue que los primeros en gozar de contrato local y directo fueran los subcontratados. Una exigencia que congeló cualquier opción de pacto.
Crítica al Gobierno
Representantes de USO y Sitcpla tienen cita el día 18 en Bruselas con los jefes de gabinete de las comisarias Violeta Bulc y Marianne Thyssen (Transporte y Empleo). Un encuentro del que esperan que la CE “ponga en marcha algún mecanismo para obligar a Ryanair a que aplique, de forma inmediata, la legislación nacional a sus trabajadores, dado que en el caso de España el Gobierno sigue de perfil”, afirmó ayer el jefe de relaciones externas de Sitcpla, Antonio Escobar.
En esa misma jornada, hasta ocho sindicatos de tripulantes de cabina de distintos países se reúnen para decidir nuevas acciones de presión que podrían afectar al periodo navideño.
Otros puntos que serán denunciados por los sindicatos en Bruselas son la “escasa información” sobre el plan de pensiones de Ryanair; la obligación de ofrecer flexibilidad para cambiar de base sin compensación económica, o no tener regulado el bonus por la venta a bordo, que se deja de cobrar en cuanto se rescinde la relación laboral aunque resten cantidades por liquidar.
Causan especial controversia en la empresa las coberturas sanitarias. El personal está bajo el paraguas del sistema público irlandés y acude a servicios de urgencia con la tarjeta EHIC (European Health Insurance Card) cuando surgen problemas fuera de Irlanda. En el caso de los tripulantes basados en España, pueden acceder a un médico de cabecera a través del formulario E-106 que visa la Seguridad Social para los trabajadores comunitarios desplazados.
Otra queja común es que cada uno de los TCPs se paga a plazos el uniforme y deben devolverlo al salir de la empresa, liquidando el pago total si la marcha se produce antes de un año. Los tripulantes también sufragan el coste de la tarjeta de identidad que expiden los aeropuertos.
El contrato generalizado también recoge la obligatoriedad de cobrar la nómina a través de bancos irlandeses, lo que colisiona con la regulación SEPA sobre zona única europea de pagos y cobros en euros.
Cierto es que se han ido suavizado condiciones como la de los 12 meses de periodo de pruebas o la cláusula de estacionalidad (los TCPs podían estar hasta cuatro semanas sin cobrar en caso de reducción de programación), pero los representantes de los trabajadores recelan y el conflicto sigue en todo lo alto.
El coste del conflicto y la posible solución
Sangría. Las pérdidas por las huelgas en España y otros cinco países europeos han sido cifradas por Ryanair en 261 millones. Su acción pierde casi la mitad del valor entre los 19,35 euros que marcó como techo en agosto de 2017 y los 11,31 euros que ha tocado este mes.
Propuesta. La oferta de Ryanair pasa por contratos locales en 2019; salarios competitivos; promociones tras un año de servicio; menos contratos por agencia; formación gratuita, y 400 euros al año para gastos médicos, de compra de uniforme y otros.
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