El Estado aportará 1.000 millones para frenar la subida de la electricidad
El impuesto del 7% a la generación se suspende solo seis meses Se exime al gas y el carbón del céntimo verde para hacer bajar la luz
El Gobierno aprobó este viernes el que puede ser el paquete de medidas económicas más relevante de una legislatura que se augura corta. Se trata del Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la transición energética justa y la protección de los consumidores, al que ha tenido acceso Cinco Días, cuyas principales medidas dio a conocer la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras el Consejo de Ministros. Un plan de choque contra la escalada de los precios de la luz, que comenzó a golpear este verano en la cara de un Gobierno recién constituido y que, según reconoce en la exposición de motivos de la norma, no es coyuntural, sino que “encierra elementos estructurales”.
Tal como había avanzado Ribera en su última comparecencia en el Congreso de los Diputados, se suspende el impuesto del 7% sobre los ingresos de cualquier producción eléctrica. Sin embargo, dicha suspensión (o reducción a cero del tipo del gravamen) se aplicará solo durante seis meses, coincidiendo con las estaciones de otoño e invierno. Concretamente, en el último trimestre de este año y el primero de 2019, cuando se produce “la mayor demanda y los mayores precios del mercado mayorista”, indica el RDL.
A cambio, se exime del Impuesto Especial de Hidrocarburos (el mal llamado céntimo verde) a la producción de electricidad y a la cogeneración de electricidad y de calor. Una medida que afectará principalmente a las centrales de ciclo combinado de gas y las de carbón, que son las más caras del mercado marginalista y que marcan su precio a las demás tecnologías cuando resultan casadas.
Una bajada del precio de dichas plantas tendrá un “efecto multiplicador” y derivará, por tanto, en una bajada del precio del pool. Este impuesto, que establece la Ley de Hidrocarburos, se activó en la ley 15/2012, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en el marco de su reforma energética.
Según calculó Teresa Ribera, ambas medidas fiscales, que obligarán a revisar los parámetros retributivos de la cogeneración, supondrán una rebaja de la factura de los pequeños consumidores del 4% y un recorte de la recaudación para Hacienda superior a los 1.000 millones de euros.
El Gobierno ha optado por repartir esta aportación de fondos públicos entre ambos impuestos: rebajar a cero el del 7% habría supuestos unos 1.100 millones de euros en un año. Al suspenderse solo seis meses, la recaudación perdida será de algo más de 500 millones de euros. Una cantidad similar a la que restará la exención del céntimo verde, según calculan las eléctricas, que han venido reclamándola en las últimas semanas. No obstante, Hacienda compensará esta pérdida de recaudación con los ingresos de las subastas de CO2, que se triplicarán este año, hasta 1.500 millones, frente a los 500 millones de los últimos años.
Tal como estaba previsto, el RDL incluye la desaparición de cualquier tipo de peaje y cargo para la actividad de autoconsumo (ya sea individual o compartido) y la simplificación administrativa para la puesta en marcha de este tipo de instalaciones.
Pero el grueso del paquete se centra en medidas de apoyo al consumidor en general y a los vulnerables. Para estos últimos, se amplía la cobertura a los actuales beneficiarios del bono social (incluyendo ahora a familias monoparentales y a dependientes de grado 2 y 3) y se eleva en un 15% el límite de consumo que da derecho al mismo. Otra de las medidas de protección al consumidor es la prohibición de que las comercializadoras de gas y electricidad contraten el suministro u ofrezcan publicidad puerta a puerta. las sanciones se refuerzan.
Otras novedades son la creación del bono térmico (una ayuda directa financiada por el Estado); la liberalización de la actividad de recarga del coche eléctrico, con la de desaparición de la figura del gestor de recarga y diversas medidas de fomento de las renovables.
Precios elevados para los próximos trimestres
Factores. Según el real decreto ley con el que el Gobierno quiere aliviar la factura de la luz, dos son los factores que han desencadenado la actual escalada de los precios: el alza de las cotizaciones de las materias primas y el de los derechos de emisión de CO2.
Materias primas. La tonelada de carbón ha pasado de 53 euros en 2016 a 76 euros en lo que va de año; el barril de Brent ha evolucionado de los 44 a los 72 dólares en ese periodo y los derechos de CO2 se han disparado desde 5 euros en 2016 la tonelada a más de 20 euros en 2018.
CO2. Todo ello ha impactado en el mercado mayorista, que registró en septiembre una media de 71,35 euros MWh, cerca del máximo histórcio mensual de enero de 2006 (73,14 euros MWh). Este se traslada automáticamente a la tarifa del pequeño consumidor con PVPC
¿Estructural?. El Gobierno reconoce en el RDL que hay señales que indican que la situación no es coyuntural, sino que tiene elementos estucturales: además de los mercados de futuros, que apuntan a precios elevados en los próximos trimestres, la apuesta por la descarbonización que sustituirá la producción más contaminante.
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