Las VTC amenazan cortar la Castellana de Madrid con 7.000 manifestantes

La movilización comenzará a las 11.00 y llegará al Ministerio de Fomento

Este miércoles las Cabify y Uber ofrecen viajes gratis como protesta

Una persona sostiene un móvil con la aplicación de Uber frente a una parada de taxis.
Una persona sostiene un móvil con la aplicación de Uber frente a una parada de taxis.

El conflicto entre taxistas y empresas de alquiler de vehículos con conductor (VTC) se recrudece. A falta de un día para que previsiblemente se apruebe el decreto ley que faculte a las comunidades autónomas y municipios para regular el sector, las empresas VTC convocaron una manifestación para jueves y viernes en Madrid, en el Paseo de la Castellana.

La manifestación, organizada por la Asociación Empresarial Española de Alquiler de Vehículos con conductor (AVTCE), tiene como objetivo protestar ante “la pérdida de miles de empresas y puestos de trabajo que puede ocasionar el real decreto”. Según comunicó la AVTCE, cuentan con el apoyo del Sindicato Libre de Transporte y de UGT, y espera que acudan unas 7.000 personas.

A la jornada no se sumarán las dos grandes plataformas, Uber y Cabify, según declaró un portavoz de Unauto, la patronal mayoritaria de las compañías VTC. Precisamente, las empresas representadas por Unauto ofrecieron ayer servicios gratuitos a todos los usuarios. Una iniciativa que calificaron como un “éxito”, ya que “el servicio estuvo en máxima demanda”.

Desde el sector del taxi se rebajó el auge. “En Barcelona circularon pocas VTC. Hay trabajadores que se negaron a hacerlo porque un 33% del servicio lo pagaba la plataforma, otro 33% la empresa de VTC y el 33% restante el conductor”, explicó un portavoz de la asociación Elite Taxi.

Uber expresó haber multiplicado por diez el número de servicios realizados mientras que la asociación Fedetaxi aseguró que los trayectos en taxi descendieron “entre el 10 y el 15%”.

Como reacción a la oferta de servicios gratuitos el Ayuntamiento de Madrid se dirigió a la CNMC para solicitar que se pronunciase sobre la legalidad de la iniciativa, ante un posible caso de competencia desleal.

Mientras, el gobierno continúa trabajando en el texto del decreto ley al que, de momento, ninguna de las partes implicadas ha tenido acceso. Las comunidades de Castilla y León, La Rioja, Galicia y Murcia ya han solicitado información sobre la nueva normativa al Ministerio de Fomento.

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