Ribera obligará a las cotizadas a informar sobre sus emisiones de CO₂

La ministra pide al sector privado que financie la transición ecológica en España Estima que deberían aportar 100.000 millones hasta 2030

Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, durante su intervención en el Foro Cinco Días.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, apuntó que la prioridad de su departamento es la descarbonización de la economía española y que para ello necesita que el sector privado asuma que es un buen negocio. En su participación en el Foro Cinco Días, patrocinado por Endesa e Ibercaja, Ribera aseguró que los riesgos climáticos ya forman parte de las decisiones de inversión y desinversión de las empresas. “El sector financiero debe ser parte de la solución. La economía verde debe contar con fondos de pensiones, seguros y bancos de inversión. La escala del desafío es muy importante y no solo se trata de utilizar presupuestos públicos o la capacidad regulatoria, sino de generar nuevos modelos de negocio para el futuro” precisó. “La inercia de los mercados ha sido la resistencia al cambio porque consideraban que no era compatible con su desarrollo, lo que ha caído por su propio peso, y la economía verde es ahora la gran oportunidad de empleo y bienestar”, recalcó.

Y para tratar de concienciar a las empresas, especialmente a las más grandes, Ribera tomó como ejemplo a seguir la legislación francesa, muy exigente con las empresas para que informen de manera periódica sobre los riesgos ambientales que generan sus actividades. De esta manera, la idea que maneja el Ministerio para la Transición Ecológica es incluir en la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, cuya tramitación estará culminada antes de final de año, la obligación de que las empresas cotizadas presenten esos informes detallados de los riesgos que el clima genera en su actividad y de la huella de carbono que genera la misma. “El sector financiero y las empresas cotizadas obligatoriamente deberán analizar su huella ecológica o de carbono y acometer medidas para reducirla, o bien, para crear etiquetas verdes para que la sociedad conozca de forma clara y detallada los criterios de sostenibilidad de las empresas, dada la escala del desafío”, apuntó durante su intervención.

En paralelo a esa información exhaustiva que tendrán que aportar, en especial las sociedades cotizadas, el Banco de España también asumirá nuevas responsabilidades en la lucha contra el cambio climático, ya que estará obligado a realizar informes periódicos sobre el estado de la economía española, sus vulnerabilidades, riesgos y fortalezas frente al cambio climático. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica precisan que los informes de las empresas y del Banco de España deberán ser vitales para el diseño de sus estrategias de negocio y un reflejo de si se están haciendo los deberes en materia de lucha contra el cambio climático.

Además, la ley contemplará la inclusión de criterios verdes obligatorios en la contratación por parte de las administraciones públicas y el impulso a una reforma fiscal que avance en la fiscalidad ambiental en España, cuyo primer hito podría ser el impuesto al gasóleo, para igualarlo con el de la gasolina. Toda esa información permitirá a la Administración conocer el peso que las grandes empresas tienen en la emisión de gases contaminantes, pero al mismo tiempo el Ejecutivo es consciente de que necesitará el músculo financiero del sector privado para acometer las inversiones necesarias para culminar la descarbonización de la economía española. 

La ministra para la Transición Ecológica estimó que las necesidades de financiación que deberían aportar las empresas se situarán en torno a 100.000 millones de euros de aquí a 2030, “solo para cuestiones asociadas a energías renovables y eficiencia”, a los que añadió otros 83.000 millones de euros adicionales en materia de energía circular. “Existen oportunidades de inversión, pero las mismas requieren de la participación activa de los inversores, es decir, se necesitan vehículos que articulen esta participación”. En su opinión es fundamental que la puesta en marcha de políticas públicas haga esto “viable” y asegura que los dos instrumentos fundamentales serán, precisamente, la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. “Queremos facilitar una señal clara, contundente, pero también respaldada por el conjunto de la sociedad, que guíe decisiones empresariales y oriente a los reguladores con competencia en los distintos sectores que pueden regular”, remarcó.

Tanto la reducción de emisiones como las inversiones servirían para que España cumpla los compromisos pactados con Bruselas. La economía española se ha comprometido a reducir en 2030 un 20% las emisiones de CO₂ con respecto a los niveles alcanzados en 1990, algo que no parece fácil teniendo en cuenta la falta de progresos en esta materia. Fue la propia Ribera quién recordó ese incumplimiento. “España fue de 2014 a 2017 el país de Europa que más aumentó las emisiones de gases de efecto invernadero, y sólo en 2017 crecieron un 4,4 % con respecto al año anterior”, recalcó la ministra de Transición Ecológica, que recordó que el objetivo del 20% en 2030, “supone reducir a un tercio las actuales, por lo que son necesarias, decisiones del hoy y ahora mismo porque 2030 es pasado mañana”.

Y en ese camino de descarbonización pueden quedarse atrás muchas empresas y empleos ligados a actividades contaminantes, como el carbón. Consciente del impacto en comarcas rurales, Ribera garantizó que este proceso se deberá impulsar sin traumas para la evolución que todo esto puede suponer para las familias. “Será una estrategia de transición para los colectivos vulnerables y facilitando nuevas oportunidades a las comarcas sin alternativas”, dijo.

El cierre de las nucleares, sin fecha límite

Escenarios. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró que el calendario para el fin de la energía nuclear en 2028, fijado al inicio de la legislatura, “dependerá de los escenarios climáticos” y recalcó que, si bien el Gobierno tiene claros sus compromisos, “también sabe lo que es mejor para la economía”.

Sin plan específico. Ribera recalcó que el Ejecutivo no hará “una barbaridad” con el cierre del carbón ni las nucleares, y acusó al Gobierno de Mariano Rajoy de no haber anticipado “ni acompañado de un plan específico esta transición”.

Carbón. “Hoy por hoy lo que sabemos es que las fechas marcadas con respecto a las centrales de carbón no han sido acompañadas de un proceso previo [acusó de falta de planificación al anterior Gobierno] y sabemos que en los próximos 18 meses la gran parte de las centrales deberán presentar sus solicitudes de renovación de permiso o de cierre”.