El Gobierno ya defiende un tercio de las medidas que le exige Podemos por su apoyo

Coinciden en subir impuestos y hay margen para tratar cambios en el IRPF pero chocan en el objetivo de déficit Hay espacio para acuerdos en otro 26% de las medidas que Iglesias reclama a cambio de avalar la senda fiscal del Ejecutivo

Alejandro Meraviglia

El Gobierno ha estudiado el documento de condiciones que Unidos Podemos exige para apoyar sus cuentas públicas y, según fuentes oficiales, confía en lograr un acuerdo con la formación morada. Sobre todo tras certificar que el punto de partida es prometedor: un tercio de las medidas solicitadas por el partido que lidera Pablo Iglesias ya habían sido defendidas antes por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Más allá, el PSOE y su principal socio en el Parlamento cuentan con posturas cercanas en otra cuarta parte de las propuestas, lo que da margen para pactar.

Las medidas impositivas son las que más consenso suscitan. Podemos aboga por establecer un impuesto a la banca, fijar un tipo mínimo de sociedades del 15% e impulsar una fiscalidad verde, medidas todas que ya había anunciado el Gobierno. Además, Podemos pide una tasa solidaria sobre las grandes fortunas, lo que desde el Ejecutivo dan por saldado prorrogando la vigencia del impuesto sobre patrimonio. No hay postura oficial, eso sí, sobre la eliminación de las Sicavs y de las deducciones sobre planes de pensiones privados que solicita Podemos.

La excepción al consenso fiscal es el IRPF, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descartó tocar mientras que Podemos propone elevar el tipo marginal para rentas superiores a 60.000 euros. Sin embargo, el PSOE había propuesto una medida similar para rentas de más de 120.000 euros en su contrapropuesta de presupuestos para 2018, lo que daría espacio para negociar.

Del lado de la Seguridad Social, el Gobierno también coincide con Podemos en apostar por que los autónomos coticen por sus ingresos reales, por financiar el sistema con impuestos y por mejorar la lucha contra el fraude. A partir de ahí, Podemos quiere fijar un salario mínimo interprofesional de 1.000 euros mientras el Ejecutivo confía en que el pacto social entre empresarios y sindicatos –que recomiendan esta cifra para los convenios– acabe haciéndolo realidad. Está por ver qué ocurre con el destope de las cotizaciones máximas que el Gobierno puso en la mesa y luego descartó, revelan fuentes oficiales. La petición de Podemos podría reactivarlo.

El mayor punto de fricción entre ambas partes es el objetivo de déficit de 2019, que el Gobierno se niega a tocar tras pactar con Bruselas fijarlo en el 1,8% (frente al 1,3% del Ejecutivo anterior), lo que Podemos considera insuficiente. Hacienda también descarta suprimir el techo de gasto y sustituirlo por un “suelo de ingresos”, como propone Iglesias, puesto que la recaudación depende de los contribuyentes y no se puede fijar un mínimo. El Gobierno tampoco contempla la idea de Podemos de derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que prioriza el pago de la deuda a otros gastos, al considerarlo un compromiso clave con la UE. De este lado, eso sí, ambas partes coinciden en la necesidad de relajar la regla de gasto de los ayuntamientos. En cuanto a la pretensión de Podemos de compensar a los entes locales por la anulación parcial del impuesto de plusvalía –cuya nueva redacción está en trámite–, también el PSOE lo planteó.

Así, pese a la imposibilidad de acuerdo en algunos campos, Podemos solo exige ver cumplida “la mayoría” de sus peticiones para dar su aval al Gobierno y los puntos con margen para pactar suman ya más de la mitad. Unos y otros, además, tienen el objetivo común de lograr unos presupuestos más sociales para 2019, con mayor gasto en educación, sanidad o dependencia.

Pese a los visos de acuerdo con Podemos, en todo caso, el Gobierno aún necesitará los votos a favor de PNV, ERC y PDeCAT para sacar adelante su senda fiscal y poder comenzar a redactar las cuentas públicas de 2019. Eso sin contar con el previsible bloqueo en un Senado con mayoría del PP. Aun así, el Gobierno ha convocado para el miércoles un Consejo de Política Fiscal telemático para impulsar el nuevo techo de gasto que el Consejo de Ministros aprobará el viernes para volver a probar suerte en el Congreso tras el fracaso de julio. Hasta entonces, negociará con todos en busca de apoyos.