El Gobierno baraja siete palancas para incrementar los ingresos hasta en 15.000 millones
Contempla subidas impositivas por 9.000 millones, el destope de las cotizaciones máximas y mejorar la lucha contra el fraude El objetivo es apuntalar la Seguridad Social y soportar un mayor gasto social pero está por ver qué medidas acepta el Parlamento
Aprobados definitivamente los Presupuestos de 2018 heredados del Ejecutivo del PP, el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez afronta el reto de tomar el timón económico del país. A fin de lograr munición para aumentar el gasto social e imprimir así un sello propio a las cuentas públicas, o para tratar al menos de mandar un mensaje al electorado de izquierdas anunciándolo, su Gabinete baraja una batería de medidas con las que incrementar los ingresos del Estado hasta en 15.000 millones de euros.
Se trata de un ambicioso paquete de medidas, con desigual dificultad de aplicación e hipotecado a los pactos que pueda alcanzar en el Congreso un PSOE con solo 84 diputados, que incluye nuevos impuestos y subidas impositivas por valor de 9.000 millones de euros, el destope de las cotizaciones máximas para apuntalar las malogradas cuentas de la Seguridad Social, o un plan de mejora de la lucha contra el fraude fiscal.
Su minoría parlamentaria, en un clima doblemente preelectoral (con comicios municipales, autonómicos y europeos en 2019 y generales, en 2020) así como la fuerte contestación que despertarán algunos de los gravámenes en los importantes sectores empresariales y colectivos afectados, hacen poco probable que el equipo de Sánchez logre poner en marcha toda la batería.
No obstante, iniciativas como la equiparación impositiva del diésel a la gasolina disfrutan del apoyo europeo y cierto consenso entre los partidos españoles, como también ocurre con la tasa a las tecnológicas, que barajaba impulsar PP. Estas, podrían lanzarse pronto.
Otras, como la creación de un impuesto a la banca, el destope de las cotizaciones, o la subida del tipo efectivo del Impuesto de Sociedades, valdrán al menos para ser presentadas como contrapeso al paquete de gasto social que incluyan los Presupuestos de 2019 que Sánchez presente para tratar de afianzarse en La Moncloa o, en todo caso, para aspirar a seguir en ella tras las elecciones. Una dificultad añadida es que crear nuevos impuestos en el Proyecto de Ley de Presupuestos está prohibido, por lo que el Gobierno deberá presentar a los diputados algunas de las novedosas tasas que maneja sin poder vincularlas directamente a políticas sociales concretas.
A falta de ver cuáles prosperan, estas son las vías de ingresos que estudia el Ejecutivo:
Cotizaciones
Una de las primeras propuestas económicas defendidas por Pedro Sánchez tras acceder a la presidencia del Gobierno ha sido la de destopar las cotizaciones máximas a fin de apuntalar las cuentas de la Seguridad Social, que cerró 2017 con un déficit histórico, para garantizar el sistema público de pensiones. En su primera entrevista como presidente, Sánchez avanzó que espera negociar la medida con empresarios y sindicatos, pues supondría elevar el coste de las cotizaciones sociales para los salarios de más de 45.000 euros brutos anuales. Se estima que la medida permitirá al Estado ingresar 4.500 millones más.
Gravar a la banca
La gran apuesta fiscal del PSOE para esta legislatura parece ser la creación de un nuevo impuesto que grave los beneficios de la banca. Esta tasa, defendida por el propio Sánchez cuando lideraba la oposición, supondría ingresar unos 1.000 millones de euros al año. Aunque el sector financiero promete revolverse y ya ha advertido que la tasa encarecería el crédito, la propuesta socialista cuenta con el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que descarta que tuviera un impacto en el coste de los préstamos. El PSOE asevera que el coste el rescate bancario “justifica que la banca deba soportar una imposición superior a la del resto de empresas”. A falta de ver qué forma toma, la iniciativa buscaría reforzar el sistema de pensiones con los nuevos ingresos. En paralelo, el Ejecutivo confía en que la UE desarrolle una tasa sobre las transacciones financieras que podría aportar recursos extra.
Tasa tecnológica
Otra de las cartas que el Ejecutivo tiene sobre la mesa para reforzar los ingresos de la Seguridad Social es la llamada tasa Google. Se trata de un impuesto a las grandes compañías tecnológicas que el Gobierno del PP ya tenía avanzado aplicar y que gravaría algunos servicios digitales para recaudar unos 1.500 millones al año. El PSOE podría adoptar esta propuesta, con la esperanza puesta en que los populares no renieguen ahora de ella, y espoleado por el apoyo de la UE, que baraja implantar una medida similar para firmas que facturen 750 millones en todo el mundo y 50 millones en el territorio único.
Sociedades
Más allá de estas palancas de ingreso, la hoja de ruta del Gobierno socialista quedó plasmada en el documento de “Alternativa presupuestaria 2018” que el grupo de Sánchez presentó en abril. Este planteaba un incremento del gasto de 8.000 millones de euros para las cuentas de este año, para impulsar un plan de choque contra la pobreza, incrementar las becas o establecer un plan de acceso a la vivienda. Medidas que previsiblemente vayan al proyecto presupuestario de Sánchez para 2019 y que tenían como contrapartida un plan de ingresos por otros 8.000 millones. La principal iniciativa para lograrlo era la de elevar el tipo mínimo que pagan las empresas multinacionales al 15% (hoy en la práctica pagan cerca de la mitad), revisando los incentivos de los que se benefician para recaudar 4.000 millones de euros.
IRPF
Una segunda propuesta de los socialistas que el Gobierno podría impulsar ahora fue la de elevar el tipo marginal máximo actual, del 22,5% para rentas a partir de 60.000 euros, estableciendo uno del 26,5% para los sueldos de más de 150.000 euros, lo que permitiría obtener unos 400 millones más. Además, se incrementaría el tipo de gravamen del ahorro para contribuyentes que tengan más de 50.000 euros de base del ahorro si sus rentas superan esos 150.000 euros, lo que arrojaría una recaudación de otros 1.500 millones, siempre según los cálculos del PSOE.
Diésel
Finalmente, una de las medidas impositivas que más fácilmente podría impulsar el Ejecutivo de Sánchez es la de equiparar el gravamen del diésel al de la gasolina. La propia UE anima a ello, una vez demostrado que el gasoil no es menos contaminante, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya abogaba estos días por implantar un nuevo modelo de fiscalidad medioambiental que desincentive prácticas contaminantes. Este podría ser un primer paso que aportaría 600 millones al año, a falta de ver posibles exenciones a colectivos como transportistas o agricultores.
Fraude fiscal
Más allá, el Gobierno socialista aspira a modernizar el sistema de lucha contra el fraude fiscal, aprovechando las nuevas tecnologías, el uso del big data o el machine learning, y destinando más recursos a vigilar a las rentas altas. El objetivo es recaudar 1.500 millones más al año. Aunque se trata de una medida relativamente fácil de impulsar desde la Agencia Tributaria, la cifra peca de excesivamente ambiciosa pues supondría elevar de golpe un 10% los ingresos anuales de lucha contra el fraude.