Las grandes eléctricas maniobran para destituir al presidente de Omel

Endesa, Iberdrola, Acciona, Abengoa y EDP promueven el cese de Ignacio Grangel Fue nombrado por Álvaro Nadal el pasado mes de octubre

Tan solo nueve meses después de su designación como presidente de Omel (operador del mercado de la electricidad), Ignacio Grangel, se encuentra en la cuerda floja. Nombrado a finales de octubre por el exministro de Energía, Álvaro Nadal, “el cambio de Gobierno y los escasos apoyos con que cuenta en el consejo de administración y entre los directivos de la compañía le han colocado en el punto de mira para un posible relevo”, señalan fuentes empresariales.

 Omel, sociedad holding propietaria del 50% de las acciones de OMI, el operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (Mibel) que, a su vez se divide en dos gestoras (el llamado polo-español, OMIE, y el portugués, OMIP), es una empresa privada-regulada en la que participan la friolera de 22 accionistas: una decena de empresas energéticas, los principales bancos y alguna que otra patronal, como Anfac, (ver gráfico).

La propuesta de nombramiento del presidente de Omel es potestad de los accionistas, si bien, el Gobierno tiene un derecho de veto que le otorga el tratado hispano-portugués de creación del Mibel. Pero esto es así en teoría, pues la realidad es que siempre han sido colocados a dedo: el antecesor de Grangel, Pedro Mejía, por el exministro de Industria socialista, Miguel Sebastián y Grangel, por Nadal.

En esta ocasión,el Gobierno de Pedro Sánchez no se ha pronunciado formalmente, pero a nadie se les escapa que desea el cese del que fuera jefe de Gabinete de los exsecretarios de Estado de Energía Fernando Marti y Alberto Nadal, respectivamente, durante el mandato de José Manuel Soria como ministro de Industria. Esa velada pretensión del Gobierno (léase, ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal) ha hallado la horma de su zapato en la voluntad de la mayoría de las grandes eléctricas de despedir a Grangel.

Amén de coincidir en ello con el nuevo Ejecutivo, las partidarias del relevo, (según fuentes internas, Endesa, Iberdrola, EDP, Acciona y Abengoa), esgrimen los intentos de Ignacio Grangel de despedir a dos directivos de Omel alegando irregularidades en el uso de tarjetas de crédito con la supuesta intención de susituirlos por personas afines. Ya en mayo, este fichó como director de Planificación y Gestion a Carlos Aguirre, quien, como él, forma parte del círculo de los hermanos Nadal (fue jefe de Gabinete del secretario de Energía, Daniel Navia con Álvaro Nadal).

El consejo de julio tumbró la propuesta de Grangel de despachar al director financiero y al secretario del consejo y, aunque muchos consideran que ese rechazo era motivo suficiente para presentado su dimisión, este se ha atrincherado.

Con un sueldo de unos 500.000 euros anuales (un 60% fijo y un 40%, variable, aunque se desconoce la referencia de tal variabilidad), Grangel tendría derecho a ser indeminizado con una anualidad (su antecesor se llevó tres años, esto es, un millón y medio de euros). Omel, que cuenta con una estructura muy pequeña, con una plantilla de apenas 40 personas, se financia con 15 millones de euros procedentes los ingresos del sistema eléctrico, esto es, de la factura de los consumidores.

La opinión generalizada entre los accionistas es que Grangel debe marcharse, pues, al fin y al cabo, su designación fue a dedo. Pero, al mismo tiempo, hay quien quiere aprovechar la ocasión para estblecer un proceso profesionalizado de selección y evitar candidatos con perfil muy político y que se recorte tan elevada retribución.

Algunos accionistas son partidarios de celebrar un consejo extraordinario este mismo mes para abordar el cese de Grangel. Según fuentes empresariales, este se habría negado a convocarlo, por lo que sería necesaria la petición de, al menos, cuatro de los 18 consejeros de la compañía.

Otros prefieren esperar al consejo ordinario de septiembre, mientras que los más reticentes, entre ellos, Viesgo o la propia Unesa, se niegan, en cualquier caso, a respaldar la destitución del actual presidente sin saber de antemano cual es el candidato del Gobierno, si lo hubiera.

Al parecer, según esas mismas fuentes, a Grangel le estaría apoyando, “vía presiones a las empresas”, Daniel Navia. El temor de muchos accionistas es proceder a un relevo político y que Pedro Sánchez no termine la legislatura o no vuelva a gobernar.

¿El operador a manos públicas?

Omel, holding propietario del 50% de Omi, dueña, a su vez de Omie, la gestora que se ocupa de la operación del polo español del mercado ibérico de la electricidad (Mibel), tiene una extraña naturaleza mercantil.

Empresa regulada (se financia con los 15 millones de euros que recibe de los peajes eléctricos) está en manos del capital privado: 22 accionistas que no pueden tener más del 5%, salvo el gestor de las redes portugués, REN, y su gemela portuguesa, OMIP, con participaciones cruzadas.

En esta situación, el nombramiento del presidente siempre será polémica. Aunque en teoría deben proponerlo los accionistas, el Gobierno tiene derecho de veto. Pero aquellos (empresas energéticas y bancos, fundamentalmente) solo actúan al unísono cuando reciben la orden clara del Gobierno. Así lo demostraron con la designación en octubre de Ignacio Grangel por petición personal de Álvaro Nadal.

LLegados a este punto, no falta quien opina que el operador del mercado debería estar en manos del Estado.