Una solución al conflicto del taxi y las VTC que respete la libre competencia
Es necesario regular las nuevas formas de transporte pero también aceptar la irrupción de nuevos operadores en el mercado
La guerra declarada desde hace meses por parte del sector del taxi contra las empresas de alquiler de vehículos con conductor (VTC) se ha recrudecido en los últimos días con una huelga que se está extendiendo como la pólvora por las principales ciudades españolas. Iniciada el pasado miércoles en Barcelona, pero secundada también en Madrid, Valencia, Andalucía, Galicia y País Vasco, la batalla que libra el colectivo del taxi tiene un objetivo definido: exigir que se haga cumplir la normativa que autoriza una licencia de VTC por cada 30 de taxi. La suspensión cautelar por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del denominado reglamento Colau, por el que la alcaldesa de Barcelona aprobó el pasado 26 de junio una norma restrictiva con las VTC, ha sido el detonante de un conflicto que crece por momentos. Las empresas VTC, el Ministerio de Fomento (que posteriormente se retiró) y la propia CNMC impugnaron el reglamento Colau, que entre otras cuestiones ignoraba el hecho de que la competencia sobre las VTC pertenece al Gobierno, aunque la ejerza a través de las Comunidades Autónomas.
El conflicto planteado por el sector del taxi tiene dos vertientes diferentes que conviene no confundir. Por un lado, la de una huelga desproporcionada en su planteamiento, sin servicios mínimos, salpicada con episodios de violencia callejera y que olvida la naturaleza de servicio público, sujeto a autorización administrativa, que tiene el transporte del taxi. Nadie pone en duda que el colectivo de taxistas tenga tanto derecho a la huelga como el resto de los trabajadores, pero no hay derecho alguno –y el de huelga no es una excepción– que pueda ejercerse sin límites. Más allá de la solución de fondo del conflicto, resulta inaceptable que un servicio público de transporte pueda paralizar de un día para otro la vida de una ciudad y todavía más en fechas como las actuales, con plena afluencia turística. Pese a que Fomento prometió ayer cambios normativos, los convocantes no han puesto fin a los paros.
La segunda vertiente se refiere al fondo del asunto y tiene que ver con la necesidad de analizar de una vez por todas y de forma rigurosa hasta qué punto las reivindicaciones del colectivo del taxi se ajustan a las reglas del juego de una economía de libre competencia. La revolucionaria irrupción de las empresas de VTC en los servicios de transporte requiere sin duda una regulación adecuada, no solo por los posibles problemas de competencia con el taxi, sino como garantía para los consumidores. Pero más allá de esas líneas rojas, el colectivo de taxistas tendrá que aceptar un fenómeno por el que han pasado ya muchos otros sectores: el de la digitalización de la economía y la liberalización que ese proceso suele traer consigo.
