Abertis lleva a Ábalos su reclamación de 3.400 millones

El ministro pide tiempo para estudiar las reclamaciones de la catalana por Acesa y Aumar

La empresa espera sentencia del Tribunal Supremo

José Luis Ábalos, ministro de Fomento.
José Luis Ábalos, ministro de Fomento.

Directivos de Abertis han sido los primeros del sector de las infraestructuras en pisar el despacho del nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Y lo han hecho para realizar una puesta al día, tanto a él como a su gabinete, sobre uno de los grandes agujeros que amenazan a las arcas públicas. La compañía reclama a Fomento más de 3.400 millones por garantías de tráfico (1.767 millones), obras por capitalizar (836 millones) y agravios por desdoblamientos de carreteras gratuitas (más de 800 millones). Todo ello relacionado con las concesiones Acesa (AP-7) y Aumar (AP-7 entre Tarragona y Alicante y AP-4 de Sevilla a Cádiz).

Buena parte de esa cifra se dirime ante el Tribunal Supremo y si la victoria se decanta del lado de Abertis, el pago debería realizarse en el corto plazo a la vista del próximo vencimiento de ambas concesiones.

Fuentes de toda solvencia explican que la dirección de la compañía acudió al encuentro con mínimas esperanzas de solución. De hecho, se argumentó ante Ábalos que Abertis ya trató de negociar con sus antecesores, Ana Pastor e Íñigo de la Serna, cuando aún había margen. La firma catalana propuso entonces enjugar la deuda a cambio de una ampliación del plazo de explotación. Hoy, avanzada la vía judicial y ante la firme intención del ministro de levantar barreras en las autopistas que vayan expirando, apenas cabe esperar el fallo.

La dirección de la concesionaria argumentó que había intentado cambiar la deuda de Fomento por plazo concesional; vía ahora cerrada

Ábalos, sin embargo, ha pedido tiempo a la mayor concesionaria española para estudiar el asunto con los servicios jurídicos del ministerio. En su gabinete ya hablan de una herencia de igual o mayor volumen que la que Pastor encontró, a modo de facturas por pagar, tras la etapa del socialista José Blanco al frente de Fomento.

Abertis tiene nuevos accionistas, ACS y Atlantia, y no ha querido dejar pasar tiempo tras el nombramiento de Ábalos para trasladar su posición como denunciante. Las fuentes consultadas comentan, eso sí, que la concesionaria se ha puesto a disposición del Gobierno para seguir tratanto sobre esta patata caliente que cae en manos de José Luis Ábalos al mismo tiempo que la reversión de las primeras autopistas con próxima fecha de vencimiento (AP1, AP7 y AP4), o el pago de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) por la quiebra y rescate de ocho concesionarias, entre ellas las radiales de Madrid.

Guerra abierta

Abertis ya obtuvo el año pasado un importante triunfo en sede judicial en la batalla por Acesa. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid afirmó que la concesionaria obra correctamente al considerar como activo financiero el saldo de compensación de tráfico que había pactado con el Ministerio, en 2006, tras inversiones imprevistas por 500 millones para construir 123 kilómetros de carriles adicionales.

Florentino Pérez, presidente de ACS, junto a Marcelino Fernández Verdes, CEO de la constructora y presidente de Abertis.
Florentino Pérez, presidente de ACS, junto a Marcelino Fernández Verdes, CEO de la constructora y presidente de Abertis.

Fue en la censura de las cuentas de 2011 de la propia Acesa donde la Delegación del Gobierno en las autopistas de Fomento señaló dudas sobre la citada compensación por tráfico garantizado. Ante esta incertidumbre, la concesionaria recurrió contra la censura de cuentas, una iniciativa desestimada por Fomento en junio de 2015.

Pese a que Abertis ha mantenido sus argumentos, el hecho de que el Gobierno no considere la compensación por tráfico garantizado, como parte del saldo del Convenio AP-7, motivó que la compañía dotara graves provisiones por el deterioro de la participación en Acesa.

Abertis siguió actualizando la cuenta a cobrar, que alcanzaba los 1.767 millones al cierre de 2017, y la sentencia del Tribunal madrileño anuló la censura de cuentas de 2011, reconociendo el derecho de Acesa a la remuneración por tráfico garantizado.

Al margen de obras adicionales en la AP-7, cuya capitalización no está en discusión, Fomento pidió a la concesionaria en 2006 la instalación de peaje cerrado y la concesión de distintos descuentos y bonificaciones. Además, Acesa renunciaba a cualquier derecho a reclamar indemnizaciones por el efecto sobre su tráfico del desdoblamiento de las carreteras paralelas N-II y la CN-340.

Como contraprestación la Administración asumía el riesgo tráfico, hasta el final de la concesión. Es decir, la diferencia de ingresos entre el tráfico real y el fijado en el convenio, que se convirtió en el Real Decreto 457/2006, iba a añadirse, en negativo o en positivo, a las inversiones desembolsadas por Abertis (unos 500 millones) en la cuenta de compensación creada para Acesa una vez que se veían alteradas sus obligaciones. Si al final resultaba una cuantía a favor de la empresa, su cobro estaba fijado al término de la concesión (agosto de 2021) si antes no se veía restablecido el equilibrio económico-financiero de la misma.

El Convenio AP-7 fue respaldado en su día por Fomento, Hacienda y el Consejo de Estado. Ambas partes estuvieron de acuerdo en la contabilización de las compensaciones y su tratamiento contable entre 2006 y 2010, saltando las discrepancias con la llegada del PP al Gobierno y la implantación de las políticas de recorte en Fomento.

A la reclamación de Acesa se suman más de 800 millones de indemnización pretendida por Aumar ante la apertura de vías gratuitas, no previstas en el momento de las adjudicaciones de tramos de la AP-7 y AP-4. La solicitud del reequilibrio económico financiero de la concesión, ante el agravio para tráfico e ingresos, fue presentada por Abertis a la Administración General del Estado en febrero de 2011. No ha sido atendida y el grupo batalla desde julio de 2015 en el Supremo por una indemnización que cubra la pérdida de negocio de su concesionaria entre 2002 y la conclusión de la explotación, en 2019.

El ministro Ábalos cuenta con el relato de los hechos, y la posible factura, sobre su mesa. Y el Supremo tiene la palabra.

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