Madrid merece la mayoría de edad legal y financiera
La capital ha saneado sus finanzas y sus cifras son más propias de una autonomía que de un ayuntamiento
El Ayuntamiento de Madrid presenta una de las mejores situaciones financieras de toda España. Así lo avalan los datos referidos al cierre del ejercicio presupuestario de 2017, con un superávit de 1.057 millones de euros, frente al déficit de 1.025 millones de la Comunidad de Madrid o el aún más abultado déficit de 22.133 millones de la Administración Central. El superávit del Ayuntamiento supone el 15% del total de todas las Corporaciones Locales y el 0,1% del PIB nacional. Este resultado ha permitido que España cumpliera con el objetivo de estabilidad fijado para 2017.
El saldo vivo de la deuda del Consistorio a 31 de diciembre fue de 3.424 millones de euros, lo que supuso una reducción anual del 11%. En cambio, la Comunidad de Madrid la elevó un 8% y la Administración Central, un 4%. La capital finalizó 2014 (con el anterior equipo) con una deuda de 5.936 millones, es decir, en solo tres años se ha rebajado más del 42%. Esta operación de saneamiento ahorra costes financieros para el futuro, por la amortización anticipada de préstamos, y nos coloca en una óptima situación para los años venideros.
En la actualidad, y a pesar del criterio discriminatorio con el que se ha aplicado la regla de gasto a la capital (que esperamos sea corregido muy pronto por la nueva ministra de Hacienda), hemos aprobado un Presupuesto que aumenta el gasto social y que, unido a las Inversiones Financieramente Sostenibles ya aprobadas, implica un gasto en inversiones muy superior al de ejercicios anteriores. Esta subida es plenamente compatible con una capacidad de financiación que, según las previsiones, volverá a superar los 1.000 millones.
Objetivamente, hay que reconocer que la ciudad de Madrid ha superado sus graves problemas financieros del pasado y es hoy una Administración con unas cuentas tan transparentes como robustas. El encadenamiento sucesivo de ejercicios cerrados con un superávit millonario indica que el Ayuntamiento puede aspirar legítimamente a prestar mayores servicios a la ciudadanía.
No en vano, si se atiende a las principales cifras del Ayuntamiento (más de 26.000 trabajadores y un presupuesto anual superior a 5.034 millones de euros), pronto se advierte que son propias de un comunidad autónoma y no de una entidad local. En este sentido, con todo el respeto que nos merecen todas las Corporaciones Locales sean grandes o pequeñas, parece que ha llegado el momento de proseguir en el camino del reconocimiento del carácter específico de la Ciudad de Madrid, ya iniciado con la aprobación de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.
En ningún caso perseguimos el otorgamiento de beneficio o privilegio alguno, solo aspiramos a que el régimen jurídico y financiero de Madrid sea el adecuado para sus características objetivas. Esto es, la estructura administrativa de nuestro país ha de ser la que permita la mejor y más eficiente prestación de servicios públicos a la ciudadanía, que es –al fin y al cabo- la razón de ser de toda Administración. Por este motivo, no hay que tener miedo a reconocer la obsolescencia de nuestras estructuras y construir un nuevo marco jurídico-financiero que nos permita avanzar en la atención a la ciudadanía.
No es el momento de recoger aquí todos los servicios que podrían pasar a ser prestados por el Ayuntamiento de Madrid pero no podemos resistirnos a solicitar, como ya ha han hecho otras instituciones independientes, competencias más amplias en materia de servicios sociales. En los hechos ya lo hacemos, solo pedimos que, por el bien de todos, la ley se ajuste a la realidad.
Por último, al igual que el Ayuntamiento quiere poder prestar más servicios públicos, es de justicia que también se le reconozca una mayor autonomía tributaria para poder financiarlos. Al igual que la tutela del menor culmina con su mayoría de edad, ha llegado el momento de reconocer que el Ayuntamiento de Madrid merece un régimen jurídico y financiero en el que goce de una autonomía claramente superior a la actual. Así lograremos hacer cierta nuestra vocación de servicio público, esto es, atenderemos del mejor modo posible las necesidades de nuestra población.
Jorge García Castaño es delegado del Área Gobierno Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid
