No coger el móvil al jefe en días libres, es un derecho

Los sindicatos propondrán la desconexión digital en el próximo convenio de banca

Un estudio de BBVA dice que solo el 9,8% de los internautas españoles compran productos financieros online

Ana Botín, presidenta de Santander, y José Antonio Álvarez,consejero delegado del grupo
Ana Botín, presidenta de Santander, y José Antonio Álvarez,consejero delegado del grupo EFE

Santander se ha comprometido ser uno de los tres mejores bancos para trabajar de los 10 mercados en los que tienen presencia, lo que equivale a decir del mundo, y para ello ha comenzado a introducir una serie de cambios en el convenio de la empresa, que pretenden que la plantilla y altos directivos, incluidos la presidenta, Ana Botín, puedan conciliar la vida familiar y la laboral.

Varias de estas aún innovadoras medidas se van a recoger en el acuerdo que está previsto que se firme en estos días para la homologación de las condiciones social y laboral de las plantillas de Santander, Popular y de Pastor. Una de las que más ha llamado la atención es la de la apertura por las tardes de hasta 1.000 oficinas especializadas Smart Red que atenderán a todos los clientes, previa cita.

Pero curiosamente, prácticamente toda la gran banca ya cuenta con oficinas vespertinas en mayor o menor número, con excepción de BBVA, que, pese a todo, no yo no dudaría en que al final se sumase a esta tendencia para atender a los clientes que, de vez en cuando, quieren preguntar sus dudas, pedir asesoramiento o suscribir algún producto en una oficina con un gestor al que vea la cara, y no sea únicamente por teléfono o internet.

Al margen de los horarios de oficina de los bancos, una medida social que ha sorprendido en el sector (y en otros), es reconocer el derecho de los profesionales para no responder a emails, contestar por teléfono o mensajes de sus jefes fuera de sus horarios de trabajo, ni durante los tiempos de descanso, permisos, licencias o vacaciones, salvo causa de fuerza mayor o circunstancias excepcionales.

Esta medida ya se aplica en Ikea y en las aseguradoras de origen francés y alemán AXA y Allianz, respectivamente. Se trata de incorporar nuevas medidas de adaptación de las relaciones laborales al nuevo entorno digital. Es lo que en Francia se conoce como “derecho a la desconexión digital”, una de las medidas de la reforma laboral introducida en el país vecino.

Pues la iniciativa de Santander va a tener también su efecto en el resto del sector financiero. Y es que el grupo que preside Ana Botín siempre ha creado tendencia. Lógico si se tiene en cuenta que es el grupo bancario y prácticamente empresarial de España.

De esta forma, los sindicatos, entre los que destaca en este caso CC.OO, mayoritario en el sector, tiene la intención de proponer esta desconexión digital en los próximos convenios de banca, cajas de ahorros y fundaciones, y de cooperativas que se comenzará a debatir el próximo año, una vez que este año finalizan los vigentes, con excepción del de las rurales, que termina en mayo de 2019.

Esta iniciativa seguro que cuenta con gran aceptación por parte de las plantillas de las distintas entidades financieras, lo mismo que por la mayoría de los directivos. Otra cosa es que, de verdad se aplique o pueda aplicarse. Quién sabe, a lo mejor el actual Gobierno de Pedro Sánchez también considera que esta desconexión es positiva para todos los sectores y decide también incluirla en la reforma laboral.

Una vez que se designen a los nuevos delegados sindicales, lo que se producirá entre el 28 de noviembre para el caso de las antiguas cajas de ahorros y el 13 de febrero, fecha en la que se llevarán a cabo las elecciones en banca y en las cooperativas de crédito, se iniciarán las discusión de los nuevos convenios colectivos. Estos acuerdos sectoriales supondrán cambios muy destacados sobre los vigentes en la actualidad.

Por cierto, será una vez que se hayan abordado las elecciones sindicales y ya con los nuevos delegados, cuando comience a negociarse la fusión de las redes de Santander y Popular, en el que se incluye un nuevo ajuste de plantilla. Como ya ha comentado el propio banco en alguna ocasión, el calendario que manejan es que en junio desaparezcan ya las marcas de Popular y Pastor.

Esta fusión de redes llevará consigo, además, otra consecuencia para los clientes del resto de la banca que hasta ahora sacaba dinero gratis en los cajeros de Popular. Una vez que se integren ambas marcas finalizará de un plumazo el acuerdo por el cual los clientes ajenos a Santander pueden aún sacar efectivo de los terminales de Popular.

Si lo hacen deberán ser conscientes de que pueden ser penalizados con una comisión de casi 2 euros. Y volviendo al ERE y al cierre de oficinas, parece que se confirma que el cierre de sucursales entre Santander y Popular no será elevada.

Pese a la digitalización, Botín no quiere perder cuota de mercado, y esa, hasta ahora la sigue dando la sucursal, que es donde se realizan la gran parte de las operaciones bancarias y la contratación de productos.

Un estudio de BBVA Research de hace unas semanas decía que solo un 9,8% de los internautas españoles compran algún producto financiero en la red. Los retos de la industria están condicionados por la confianza (digital) del cliente, la concienciación del uso de datos y la transparencia en la información.

El subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, ya advirtió el viernes que el uso de estas tecnologías pueden limitar, por el tamaño de la pantalla o la inmediatez de la aceptación, la capacidad del cliente para saber qué es lo que se está consintiendo y “obstaculizar” la lectura de los términos y condiciones de los contratos.

Y hablando de subgobernador, parece que la candidatura de David Vegara como subgobernador, y que se daba tan segura, parece que se ha caído. Algunos achacan este giro al nombramiento de su esposa, Carmen Balsa, como directora de gabinete del ministerio de Economía encabezado por Nadia Calviño. Otros a las negociaciones que mantiene el Fondo de Garantía de Depósitos, cuyo presidente es el subgobernador, con Bruselas para que la venta de los activos tóxicos de CAM, adquirida por Sabadell (donde Vegara es consejero) y Unnim, comprada por BBVA, no computen como déficit.

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