Las telecos piden una legislación europea equitativa y competitiva

Se trata del segmento que ha tenido un peor comportamiento bursátil en los dos últimos años

El debate sobre las dificultades regulatorias y las fuertes inversiones que ha afrontado el sector de las telecos europeo en los últimos años no es nuevo, hasta el punto de que se ha convertido en un verdadero caballo de batalla entre el sector y Bruselas. Esas barreras y su efecto sobre el endeudamiento y el negocio de las compañías de telecomunicaciones explican en parte, junto a otros factores coyunturales, la mala evolución que arrastra en los últimos tiempos el sector en el mercado. Desde principios de año, las telecos han sufrido caídas acumuladas que en algunos casos han superado el 20%. Se trata del segmento que ha tenido un peor comportamiento bursátil en los dos últimos años, como recordaba hace unos días José María Álvarez-Pallete durante la junta de Telefónica. El presidente de Telefónica, que reclamó “respeto” para las compañías del sector como fuente clave de inversión y creación de empleo, recordó la abultada factura que arrastran estas empresas por sus inversiones en infraestructuras, así como las limitaciones que suponen para su negocio ciertos aspectos de la legislación europea.

Las quejas del sector se concentran en dos cuestiones fundamentales. Por un lado, en la necesidad de que Europa aplique a las grandes empresas de telecomunicaciones el mismo trato fiscal que a las multinacionales de internet, como Google, Facebook o WhatsApp, que en muchos casos ofrecen servicios iguales y disfrutan de un régimen incomparablemente benévolo. Por otro, la necesidad de flexibilizar la férrea normativa antimonopolio que rige en Europa y que ha impedido hasta el momento operaciones de concentración que permitan a estas compañías ganar tamaño y competitividad.

Tanto una como otra reivindicación tienen la suficiente entidad como para suscitar un debate serio y reflexivo sobre hasta qué punto la rigidez normativa europea y sus disfunciones fiscales están limitando el potencial de un sector que está llamado a liderar la digitalización del conjunto de la economía europea. En esta, como en otras cuestiones, el reto de la legislación comunitaria está en hallar un término medio entre la eficacia regulatoria y fiscal, la protección del consumidor y el impulso a la competitividad de la industria europea.

 

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