El reto de mejorar una regulación laboral con defectos, pero que funciona

Es necesario atajar el alto índice de temporalidad como consecuencia de la precariedad contractual que existe en muchos sectores

El Gobierno frenó ayer en seco las expectativas sobre una derogación de la reforma laboral en una reunión con los sindicatos en la que Pedro Sánchez se mostró –en palabras de estos– "reservón" ante las peticiones de que se revierta la legislación. Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, reforzaba poco después la supuesta reserva de Sánchez al explicar que la precariedad parlamentaria obliga al nuevo Gobierno a ser "pragmático" y a limitarse a buscar "acuerdos puntuales" con los agentes sociales en materia laboral, y en cuestiones como la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa, la ultraactividad o la lucha contra la temporalidad.

El Gobierno ha elegido un argumento certero –el del pragmatismo– para optar por la prudencia en materia laboral, no solo por su evidente debilidad parlamentaria, sino por los resultados que la reforma de la legislación de trabajo ha tenido sobre el mercado laboral español en los últimos años, así como por su papel en la creación de empleo. El reconocer este extremo, que validan los datos, no implica ni mucho menos que la reforma no pueda ser mejorada ni modificada en algunos de sus presupuestos. De los tres temas que destacó ayer la nueva titular de Trabajo, uno constituye una severa lacra para mercado de trabajo en España que es necesario atajar sin reservas: el abusivo índice de temporalidad como consecuencia de la precariedad contractual que existe en muchos sectores. Ese objetivo puede lograrse con un cambio regulatorio; también podría abordarse con un endurecimiento de la función inspectora de Trabajo en las empresas que permita desenmascarar las sangrantes situaciones de falsa temporalidad, en las que la encadenación de contratos temporales oculta en realidad una relación laboral indefinida.

También la necesidad de las cláusulas de descuelgue de los convenios es hoy menor que en los peores momentos de la crisis, cuando muchas empresas sucumbieron por la falta de flexibilidad laboral, pero en el contexto actual de recuperación económica siguen existiendo muchas circunstancias en las que existe una necesidad real de utilizar este mecanismo. Como en la falsa temporalidad, es necesario extremar el control con la aplicación de criterios objetivos y severos que permitan diferenciar las necesidades reales de las falsas.

Sin duda, el Gobierno hace bien en buscar el acuerdo con los agentes sociales para impulsar cualquier modificación de la legislación, pero debe hacerlo bajo de la premisa de mejorar una regulación que contiene ya aspectos clave para una recuperación del empleo a la que todavía le queda mucho camino por recorrer.

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