El caso Undargarin demuestra que la justicia funciona, pero falta control
Entre las lecciones que deja el proceso, destaca la necesidad de extremar los mecanismos de transparencia institucional y los controles de prevención del fraude
La sentencia del Caso Undargarin, que el Tribunal Supremo hizo pública ayer, marcará un antes y un después en la historia de la justicia española, al confirmar la primera condena penal contra un miembro de la familia real española, a salvo de la posibilidad de un indulto o el amparo por parte del Tribunal Constitucional. Elexduque de Palma, marido de la infanta Cristina y cuñado del Rey, ha sido condenado a cinco años y diez meses de cárcel por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias. El fallo, que rebaja en cinco meses la pena impuesta por la Audiencia de Palma, condena también a su exsocio Diego Torres y al expresidente balear Jaume Matas y ratifica la responsabilidad civil de la infanta Cristina como partícipe a título lucrativo por delitos de malversación y fraude a la administración, aunque la exonera de delitos fiscales. El exduque de Palma comparecerá hoy ante la Audiencia Provincial para que le sea notificado el mandamiento de ingreso en prisión.
Más allá del lamentable escándalo que ha supuesto el caso, del perjuicio económico y el daño causado en la imagen institucional de la Casa Real y del Estado, la sentencia del Supremo supone la constatación de que la justicia en España funciona, y de que lo hace sin privilegios ni distinciones, aunque con más lentitud de lo que sería deseable. El fallo, que llega casi seis años y medio después de que el marido de la infanta Cristiana fuese imputado por el juez José Castro, sigue a dos recientes condenas relacionadas con la trama del caso Gurtel y dictadas por la Audiencia Nacional, que han provocado la salida del PP del Gobierno, a través de una moción de censura, y el abandono de Mariano Rajoy en la arena política.
La gestión realizada por la Casa Real respecto al caso Undargarin, sobria, difícil y medida al milímetro ha impedido que el proceso haya arrastrado a la Corona española, la cual ha sabido distanciarse con claridad de la conducta del exduque de Palma. Entre las lecciones que deja este proceso, destaca la necesidad de extremar los mecanismos que garantizan la transparencia institucional y los controles de prevención del fraude, pero también la urgencia de que las instituciones públicas y las empresas avancen hacia un umbral de tolerancia cero respecto a la corrupción. Y ello supone no solo detectar y rechazar las conductas flagrante y evidentemente delictivas, sino extender ese control y ese repudio hacia corruptelas y arraigadas malas prácticas cuya factura acaba pagando la economía española y el conjunto de los ciudadanos.