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A la mitad de las empresas les siguen ‘apretando’ para que acepten cobrar con retraso

Así lo asegura un informe de Intrum a nivel europeo, que destaca también las importantes pérdidas que genera el pagar con retraso.

La incertidumbre del cobro de las facturas es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las empresas. Cuadrar los gastos, ahorrar y pagar las facturas son unos de los principales retos de los autónomos, pymes y grandes empresas.

Un Informe Europeo de Pagos elaborado por Intrum, refleja que las empresas pierden un 0,7% anual por impagos, una tasa que es 1,3 puntos inferior a 2017. No obstante, el 51% de las empresas españolas recibe peticiones para aceptar plazos de pago más largos.

De todas las empresas que reciben peticiones para alargar los plazos de pago, solo el 42% termina cediendo ante sus clientes y acepta ampliar los plazos de pago, especialmente cuando se trata de grandes multinacionales.

El director general de Intrum en España, Alejandro Zurbano advierte que el incumplimiento de los plazos de pago provoca “inseguridad” en el tejido empresarial, por lo que es necesario que todas las cuestiones relacionadas con unas condiciones de pago razonables, tengan más peso en la gestión empresarial y pasen a ser una parte importante de la responsabilidad corporativa de todas las compañías.

Seis de cada diez pagan tarde

Concretamente, entre las 9.840 compañías entrevistadas de 29 países para este estudio, seis de cada diez reconocen pagar tarde de forma sistemática. Las españolas se sitúan en el segundo puesto del top ten de las empresas que mejores condiciones de pago permiten a sus clientes finales, alcanzando los 46 días de media, cuatro más que en 2017.

A continuación se sitúan Serbia, con 40 días, Portugal, con 36; Italia, con 32 días de media, Francia, con 29, Bulgaria y Suecia, que coinciden con 26; Alemania, con 25 y Croacia, con 22, mientras que Bosnia Herzegovina ocupa el primer puesto al permitir un plazo medio de pago a los clientes finales de 47 días.

Por sectores, el sector público es uno de los que más ha bajado sus plazos de pago, pasando de los 59 días en 2017 a los 51 en el caso español.

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