"Es fundamental que se creen más juzgados"

"Fomentando políticas de conciliación se conseguirá que las juezas también podamos acceder a puestos de libre designación" "Que no se hayan aprobado nuestras 14 propuestas para reformar la Justicia nos ha llevado a convocar esta huelga"

María Jesús del Barco es magistrada titular del Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Madrid y portavoz nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura

María Jesús del Barco es magistrada titular del Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Madrid y portavoz nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), asociación en la que coordina el grupo de igualdad y conciliación. En esta entrevista repasa los puntos más importantes de las reivindicaciones de los jueces ante la ya casi "inminente" huelga de este colectivo junto con los fiscales han convocado para el próximo 22 de mayo.

R. ¿Cuál es el motivo de la huelga de jueces del 22 de mayo?

R. En julio del año pasado los cuatro representantes de las asociaciones judiciales presentaron en el Congreso de los Diputados las 14 propuestas consensuadas. Creo que realmente los jueces no pedimos tanto, entre otras cosas queremos que se adapte la ley de planta a la realidad, que se creen más juzgados, que se determine la carga de trabajo para poder dar una respuesta en tiempo o que seamos los jueces y magistrados los que elijamos a los 12 vocales de procedencia judicial. Que no se hayan aprobado todas nuestras propuestas nos ha llevado a convocar esta huelga. Es necesaria una respuesta conjunta de todos los intervinientes: del Consejo General del Poder judicial (CGPJ), del Ministerio y de todas las comunidades autónomas, ya que se trata del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y esto hay que tomárselo muy en serio. Los jueces somos esenciales en una democracia y necesitamos que se nos dote de medios para que podamos trabajar.

R. En su opinión ¿se trata de un problema de presupuesto o de voluntad?

R. Las últimas reformas que ha habido en justicia en el año 2015 la del Código Penal, la de la Ley de Enjuiciamiento Civil o la de la jurisdicción voluntaria todas eran a coste cero. Es verdad, que la administración de justicia requiere inversión, pero de una manera razonada, no se trata de gastar mucho sino de ver dónde es necesario y hacer una programación y una proyección a largo plazo de aquello que necesitamos en justicia. Yo creo que es un problema de falta de voluntad.

R. ¿Por qué es necesario que el CGPJ fije las cargas de trabajo de los jueces?

R. Tenemos que tener un número de señalamientos adecuado para poder dar una respuesta adecuada y reflexionada, que esto en definitiva es la tutela judicial efectiva. Es necesario determinar la carga de trabajo para que haya una carga razonable que permita dar una respuesta razonada en tiempo, porque la justicia cuando es lenta pues es menos justa. También resulta muy importante en lo referente a la libre demarcación y a la planta judicial, es decir, a la necesidad de crear juzgados. Detectando dónde hay más juzgados y dónde hay más carga de trabajo podemos determinar si es necesario crear nuevos juzgados y en su caso cuántos. Por otro lado, los jueces reclamamos esa determinación de la carga de trabajo por su repercusión en materia de retribuciones y a efectos de salud laboral, porque aunque nuestra carga de trabajo no esté determinada, nosotros tenemos la percepción de que tenemos una sobrecarga de trabajo. Yo, en mi juzgado a efectos de entrada de asuntos estoy cerca del 200 % de carga de trabajo (197%), siendo el 100% la carga razonable que se puede asumir por un órgano judicial de estas características, y luego de salida al 250%.

R. ¿Qué es lo que más urge en la renovación de la Justicia española?

R. Lo fundamental es que se creen más juzgados, estamos muy por debajo de la media europea. De hecho, hay comunidades autónomas que en los últimos años han creado más órganos judiciales y que funcionan mejor que el resto. Así, estamos creando una justicia diferente dependiendo de dónde viva cada ciudadano. Por ejemplo, los juzgados de Andalucía Valencia o Madrid, tienen una carga de trabajo infinitamente superior a la que pueden tener en La Rioja o Navarra, y obviamente los ciudadanos de Madrid tienen derecho también a tener su respuesta en tiempo, como la tienen los ciudadanos de La Rioja. Si no se crean más juzgados en las comunidades autónomas donde hace falta, pues al final estás creando ciudadanos de segunda y estamos hablando de un derecho fundamental que es el derecho a la tutela judicial efectiva.

R. ¿Cuánto tarda un asunto en ser resuelto en su Juzgado?

R. Depende, por ejemplo yo ahora estoy señalando juicios para octubre, que son, si descontamos el mes de agosto que es inhábil a efectos civiles, 6 meses. Pero por ejemplo, ayer miraba un procedimiento con un año y 6 meses, depende si luego en audiencia previa de los ordinarios por ejemplo te piden prueba o te queda ya para sentencia en la misma audiencia previa. Pero la media puede ser un año y medio.

R. ¿Cuáles son las materias de las que llegan más asuntos a los juzgados civiles?

R. Sin duda, las relativas al tema bancario. Desde 2012, los jueces hemos descubierto muchos productos bancarios. Las participaciones preferentes de Bankia, en concreto en Madrid, nos dieron muchísimo trabajo, también las cláusulas suelo que se han canalizado a partir del 1 de junio en el 101 bis pero hasta entonces los hemos recibido nosotros también. La mayor parte de lo que tengo en mi juzgado son cláusulas abusivas multidivisa de los contratos hipotecarios y muchas cláusulas suelo, casi todo es contratación bancaria.

R. La creación de los juzgados especializados en cláusulas suelo ¿no ha aligerado la carga de trabajo?

R. Cuando surgió esta idea del CGPJ, todos los operadores jurídicos dijimos que estábamos en contra. En Madrid desde el 1 de junio del año pasado que se creó el 101 bis, el número de demandas que tienen estos juzgados creo que supera las 30.000 y lógicamente el tiempo de respuesta por más jueces que se pongan de adscripción territorial o en comisiones de servicio, ese trabajo no puede salir en tiempo. Hay sitios en los que ni siquiera se ha creado el bis, a un juzgado ya existente se le ha adjudicado el conocimiento de esta materia y desde el 1 de enero de 2018 se les ha dejado esa atribución, lo que supone eximirles de reparto del resto de asuntos generales, e incrementa también el trabajo de los demás compañeros. Las estadísticas del Consejo dicen que en más del 90% de las demandas presentadas en este tipo de procedimientos se está dando la razón al consumidor, al cliente del banco. Pues si tenemos 30.000 demandas que no salen, no estamos protegiendo al consumidor.

R. ¿Fomentar mecanismos de resolución alternativos de conflictos podría ser una solución? ¿o es complicado extender el arbitraje y la mediación?

R. En el caso del arbitraje sólo las grandes empresas lo suelen establecer en sus contratos como medio de resolución de conflictos. Por otro lado, existe la ley de mediación intrajudicial, o sea dentro del propio procedimiento judicial en la que el juez en una audiencia previa da la posibilidad a las partes de que puedan acudir a la mediación, pero no hay ninguna estadística que certifique este mecanismo esté funcionando en la práctica.

R. ¿En materias civiles, como familia, la ley de jurisdicción voluntaria y los procedimientos ante notario han aliviado la carga de trabajo de los jueces?

R. Esto tampoco nos ha rebajado el trabajo. En realidad la jurisdicción voluntaria a los jueces realmente sólo nos daba trabajo cuando se convertía en contencioso el expediente porque había oposición. Es cierto que algunas competencias o procedimientos sí que se le ha dado al letrado de la administración de justicia o a los notarios pero, también es verdad que antes de la ley de jurisdicción voluntaria algunas de estas funciones ya se estaban desempeñando por los notarios.

R. En cuanto a los medios tecnológicos en la Justicia ¿existe una verdadera tendencia al papel cero?

R. Es evidente que para que la administración de justicia en España funcione tenemos que adaptar tanto la legislación a la actualidad como los medios con los que contamos. El expediente judicial digital debe tener una única función: facilitar el trabajo del juez. Los jueces tenemos que ser escuchados en el momento de implementar este tipo de sistemas informáticos. Pero en el caso del expediente judicial no se ha hecho, y está funcionando mal. Lexnet se cae a cada paso, al abrir documento en el sistema de gestión es habitual que se quede colgado y en ese momento piensas si hubiera ido a la oficina y hubiera cogido el expediente ya lo habría leído. Y luego hay que tener en cuenta también que esto no puede ser un sistema de control de la labor del juez o qu entorpezca su labor. Existe una carencia de medios tan pobre, tan poco digna para una función esencial del Estado que a mí me resulta triste, porque cuando quieres ser juez aspiras a resolver los problemas de la gente, pero tienes que tener medios para ello y crees en la dignidad de tu trabajo.

R. Como coordinadora del grupo de igualdad y conciliación de la Asociación ¿cree que es más difícil para una mujer magistrada conciliar la vida profesional y personal que para un compañero magistrado?

R. Creo que a las mujeres en general nos han educado de una manera diferente a los hombres o a lo mejor asumimos genéticamente que el cuidado de los hijos es nuestro. Esto provoca que las mujeres de la carrera no podamos optar a muchos puestos de libre designación, no porque lo prohíba el Consejo, sino porque para acceder a ellos se valoran los cursos realizados y las conferencias a las que se ha asistido, y nosotras solemos tener menos posibilidades de realizarlos porque nos estamos encargando del cuidado de nuestros hijos. Es una decisión propia, y es algo que no se da únicamente en la carrera judicial, pero es cierto que desde el momento en el que se está minando esa posibilidad de que nosotras accedamos a esos mecanismos para optar a un puesto de libre designación, estamos siendo discriminadas. Tampoco estoy de acuerdo con un sistema de cuotas que obligue a colocar en determinados puestos a mujeres por el simple hecho de serlo, quiero que las mujeres semos designadas al igual que los hombres por nuestras capacidades y nuestra profesionalidad. Desde la APM solicitamos en octubre de 2016 a través del grupo de igualdad, que se eliminara la obligación de acudir al despacho más allá de audiencia pública los días de señalamientos, para así tener la opción de trabajar desde casa cuando no tuviéramos juicios. De esta manera, tanto mujeres como hombres jueces serían corresponsables del cuidado de sus hijos. Sólo con el fomento políticas de conciliación se conseguirá que tanto el juez como la jueza puedan acceder en igualdad de condiciones a cursos, a formación y a la especialización y luego tal vez, al puesto de libre designación.

R. ¿Cómo valora la posibilidad de teletrabajo para los jueces?

R. Es algo que hemos propuesto pero no hemos recibido respuesta todavía. Y eso que el Consejo tiene mecanismos suficientes para controlar nuestro trabajo, es decir, a través del Servicio de Inspección las estadísticas que trimestralmente se mandan a la administración de Justicia el Consejo sabe lo que nosotros estamos trabajando. Además nuestro trabajo es eminentemente intelectual, yo puedo hacer la sentencia aquí y la puedo hacer en mi casa.

R. ¿La escasa presencia de mujeres en altos puestos de la judicatura es sólo un problema derivado de una herencia histórica?

R. Yo llevo años escuchando que esto iba a cambiar, pero la realidad es que hay mujeres en la carrera desde los años 70 y desde luego que el 52% de la carrera seamos mujeres no se refleja en los puestos de libre designación. Todos los años cuando sale la foto de la apertura del año solo aparecen hombres, esos magistrados son los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. Para ser miembro de Sala de Gobierno hay unas elecciones también dentro del Supremo. Si hay más hombres es innegable que hay más posibilidades de que sigan saliendo más hombres. Yo estoy en el tribunal de oposiciones y es abrumador el número de mujeres que aprueban. El año pasado en mi tribunal teníamos asignadas 25 plazas y 19 fueron asignadas a mujeres y 6 a hombres. Cada vez aprueban más mujeres, vamos a ver si cuando las mujeres representemos el 70% de la carrera judicial también ocuparemos el 70% de los puestos de libre designación, y no solo a este nivel de cargos del consejo, sino también incluso dentro de las propias asociaciones. No tengo claro que vaya a ser así.