La pobreza en España es un problema más de nóminas que de pensiones

En España los jubilados han mantenido su poder adquisitivo durante la crisis

Bruselas publicó ayer un análisis del sistema de pensiones español que recuerda la historia del traje nuevo del emperador, aquel cuento de Andersen en el que el protagonista se paseaba desnudo por las calles hasta que una voz rompía el silencio para gritar lo evidente: que no llevaba traje alguno. En el caso de España, lo que ha señalado la Comisión Europea tampoco es nuevo, sino la preocupante evidencia a que conduce cualquier análisis sobre los salarios y las pensiones en España: que el riesgo de pobreza del asalariado español es mayor que el del jubilado. El sueldo más frecuente, según la última encuesta de estructura salarial, era en 2016 de 1.178,4 euros al mes, por catorce pagas, mientras que la pensión media de jubilación es de unos 1.078 euros, también por catorce pagas. Si se tiene en cuenta la diferencia de cargas financieras que tiene la población activa (hipotecas, hijos, educación, etc.) frente a la jubilada, la conclusión resulta obvia. El informe de Bruselas cifra el riesgo de pobreza del pensionista en España en algo más del 14% mientras sitúa el del asalariado por encima del 30%.

Como recuerda la Comisión, los jubilados españoles disfrutan de la tasa de retorno –la cuantía de la prestación que reciben en relación con sus antiguos salarios– más alta de la UE, lo que no quiere decir que las pensiones sean altas en términos absolutos, pero sí en relación a los salarios. Mientras en los duros años de la crisis, los pensionistas de la mayor parte de los países rescatados sufrieron un recorte en sus prestaciones, en España los jubilados han mantenido su calidad de vida durante buena parte de ese ciclo. Por el contrario, los asalariados han sido golpeados por el paro y por la depreciación de costes de la economía, lo que ha rebajado sustancialmente los sueldos.

La solución de Bruselas al problema de mantener unas pensiones de este perfil con un sistema con desequilibrios financieros –la Seguridad Social cerró 2017 con un deficit de 18.000 millones– pasa por alargar la carrera profesional de los asalariados y autónomos y elevar sus contribuciones, a la vez que se incentivan las pensiones privadas. De momento, el Gobierno de Mariano Rajoy parece caminar con dudas, como demuestra que haya firmado un acuerdo con el PNV para sacar adelante los Presupuestos de 2018 que supone sepultar la ofensiva más profunda llevada a cabo por el Ejecutivo para controlar el gasto público, y dejar la reforma de las pensiones de 2013 en papel mojado. Como consecuencia de ello, España retrasará la aplicación del factor de sostenibilidad –que iba a recortar las nuevas pensiones de jubilación– de 2019 hasta 2023. Al igual que en el cuento de Andersen, el embajador camina desnudo, pero ha decidido ignorarlo.

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