¿Estamos condenados a ser un país ‘low cost’?
España afronta escasa productividad, sueldos reducidos y una incipiente burbuja inmobiliaria
En 2013 el cambio de la política monetaria, la depreciación del euro que provocó, la bajada del precio del petróleo y la relajación de los objetivos de déficit en Bruselas permitió a la economía española salir de la recesión más larga y profunda desde la Guerra Civil. Con una tasa de paro del 27% es lógico que la prioridad fuera crear empleo. Pero tras tres años de fuerte crecimiento del empleo ahora el debate, como es lógico, es sobre salarios, principal causa de indignación social.
En una unión monetaria España ha perdido la política cambiaria y depende de la cotización del euro que determina nuestra competitividad, junto con nuestros salarios y nuestra productividad. Durante la crisis la productividad por ocupado ha crecido más del 10%, pero ha sido por destrucción de empleo, no por aumento del PIB. El tipo de cambio efectivo del euro se ha depreciado un 10% y los salarios han caído, especialmente desde 2012, tras el rescate, el desplome del crédito a empresas y la reforma laboral.
El hundimiento de la demanda interna redujo significativamente nuestras importaciones y forzó a las empresas a buscar clientes en el exterior, la bajada de los precios del petróleo, tipos al 0% del BCE, que redujo el pago de intereses de la deuda externa, y las mejoras de competitividad antes descritas son las que han permitido la mejora de las exportaciones y alcanzar un superávit con el exterior, condición necesaria para reducir la deuda externa, nuestra principal vulnerabilidad.
Pero desde 2014, la productividad por ocupado está prácticamente estancada, algo que ha sucedido los 14 años de gobierno del PP. El tipo de cambio de España tras la crisis está infravalorado y por eso nuestras exportaciones crecen más que el comercio mundial y nuestros socios europeos. Hay margen para subir salarios, pero si no aumenta la productividad y el euro sigue por encima de 1,2 contra el dólar pronto el crecimiento de nuestras exportaciones será menor, tendremos déficit exterior, aumentaremos nuestra deuda externa, una de las más altas del mundo, y seremos más vulnerables a episodios de inestabilidad en los mercados financieros internacionales.
Las principales causas de nuestro débil crecimiento de la productividad es que las empresas españolas concentran capital y empleo en sectores con reducida tecnología e innovación y no en los bienes y servicios donde más crece la demanda. Por la excesiva concentración de nuestras exportaciones en Europa, una economía con débil crecimiento y la escasa presencia en las áreas que concentran el crecimiento mundial, principalmente Asia.
Debatimos demasiado sobre aspectos institucionales del mercado de trabajo y poco de educación, ciencia e innovación. Francia tiene un mercado de trabajo más rígido que el nuestro, y tienen una productividad por ocupado un 40% superior y ha crecido casi el doble desde 1986, fecha en que nos incorporamos a la Unión Europea. Propuestas mágicas como el contrato único eliminarán artificialmente la temporalidad, pero continuaremos teniendo un problema de crecimiento de productividad y estaremos condenados a ser un país low cost con salarios precarios y euro barato. Si la eurozona mejora, el BCE sube tipos y el euro se aprecia volveríamos a tener otra crisis de balanza de pagos y de deuda externa. El principal problema está en el sector privado y la baja calidad de nuestra clase empresarial comparada con los países con mayor renta por habitante. Nuestras empresas deben invertir masivamente en intangibles, en imagen de marca, en innovación, en posicionamiento en países de alto crecimiento y en una gestión más eficiente del talento y el capital humano. Y hay que canalizar el ahorro a esos proyectos y no al ladrillo.
Lamentablemente los lobbies empresariales concentran todos sus esfuerzos en pagar menos impuestos en medio de una crisis fiscal y en precarizar aún más los salarios. Igual de preocupante es la ausencia de un plan de desarrollo a largo plazo coherente para hacer una España mejor y posible. El Gobierno en 2013 recortó el objetivo del 3% de inversión en I+D+i al 2% y no ha parado de recortar fondos hasta reducirlo al 1,2% y ampliar la brecha con nuestros socios europeos hasta niveles desconocidos desde 2003. Rajoy se ha cargado el Ministerio de Industria y ha encapsulado la política de innovación en el Ministerio de Economía, con nulo interés del anterior ministro, que solo invierte el 30% de los fondos presupuestados.
Los Gobiernos de Zapatero ejecutaron en obras de infraestructuras 55.000 millones de euros; los de Aznar, 35.000 millones; los Gobiernos de Rajoy no han llegado a 10.000 millones. En 2017 la inversión en infraestructuras sobre PIB fue la menor desde 1980. Con la deuda pública próxima al 100% y el déficit público más elevado de Europa, el PP sigue con su mantra de bajar impuestos para aumentar la recaudación, al que se ha sumado Ciudadanos. Si Rajoy habla de bajar impuestos, Rivera dobla la apuesta.
La obsesión es reducir la capacidad de recaudación del IRPF, principal fuente de financiación de las comunidades autónomas, que se encargan de la inversión en educación, en universidad y en ciencia. La inversión en educación ya está por debajo del 4% del PIB, no ha parado de caer desde que Rajoy llegó a La Moncloa. España tiene condiciones y capacidad para ser un ganador en la era de la tecnología global pero necesita un plan, liderazgo y ejecutarlo con diligencia. Lo que vemos es nueva burbuja inmobiliaria incipiente y al ministro de Hacienda diciendo que estamos en el mejor momento económico de nuestra historia.
José Carlos Díez es Profesor de Economía de la Universidad de Alcalá