Un parlamentario socialista compara la economía colaborativa con la esclavitud
Critica que ciertos modelos empresariales utilicen a trabajadores autónomos que deban estar 24 horas disponibles y estén expuestos a “frecuentes” accidentes
El senador del Grupo Socialista, Ricardo Valera, ha comparado durante una sesión de control al Gobierno la economía colaborativa con la esclavitud. Durante su intervención, Valera se ha preguntado si hay algo “más cercano” a la esclavitud que este tipo de economía.
A juicio del senador, el nuevo modelo de economía genera “nuevas formas de explotación y de esclavismo”. Para ello, ha puesto como ejemplo aquellos puestos de trabajo relacionados con el reparto a domicilio en los que los empleados van con una bicicleta y un teléfono móvil.
Ha criticado que estos trabajadores autónomos deban estar a disposición las 24 horas del día, los siete días de la semana, cobren 4,5 euros por servicio y estén expuestos a “frecuentes” accidentes de los que la empresa para la que prestan servicio “se desentiende absolutamente”.
Modelo a través de plataformas digitales
Durante la interpelación dirigida al ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, el socialista ha definido la economía colaborativa como una actividad empresarial que surge de las plataformas digitales para intermediar entre cliente y empresario.
Según ha afirmado, este tipo de economía “se extiende con una rapidez inusitada”. La economía colaborativa se encuentra en actividades como el transporte de viajeros, alojamiento turístico, guías turísticos, lavandería personal, reparación de electrodomésticos, cocineros a domicilio, limpieza del hogar, profesores particulares, reparto de comida a domicilio y reparto de paquetería, entre otras.
“Esto es preocupante, ha asegurado, porque “la colaboración se ha pasado a la actividad empresarial sumiendo a los trabajadores que prestan estos servicios en un limbo de indefensión”.
“Se daña a los trabajadores”
Valera ha pedido al Gobierno no permanecer “inmóvil mientras se daña a los trabajadores, a la Hacienda Pública y al sistema de la Seguridad Social”. Ha urgido, por tanto, al Gobierno a regular este tipo de prácticas para que la Administración “tome las riendas, regule, ordene y asegure para permitir aprovechar en positivo los elementos innovadores de estas redes”.
