Un Presupuesto inquietante que se aleja del camino de la disciplina fiscal
Las concesiones realizadas ante el PNV suponen una abultada factura que nadie explica cómo se pagará
La aritmética parlamentaria que permitirá aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2018 ha puesto sobre la mesa, a poco que se echen cuentas, más interrogantes que certezas. El pacto firmado por el Gobierno con el PNV para sacar adelante las cuentas públicas incluye una batería de medidas sobre pensiones cuya abultada factura no se sabe con qué recursos se va a sostener. Las concesiones realizadas a última hora, que incluyen el retraso hasta 2023 de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, la actualización de todas las pensiones con el IPC y la mejora de las prestaciones más bajas y de las de viudedad, ofrecen ventajas políticas y electoralistas indiscutibles, pero generan también un buen número de dudas presupuestarias que es obligado despejar.
El acuerdo con los nacionalistas vascos no solo dinamita la reforma más sólida que ha realizado el Gobierno para reducir el gasto público en las próximas décadas, así como rompe la senda de rigor presupuestario iniciada en los últimos años, sino que puede poner en riesgo la capacidad de España para cumplir con los objetivos de déficit fiscal pactados con Bruselas. Las cesiones que supone el pacto se suman a otra batería de medidas presupuestarias –como la rebaja en el IRPF o las subidas salariales a los funcionarios– que el Gobierno pretende ejecutar manteniendo una recaudación en el entorno del 38% del PIB, uno de los niveles más bajos de la zona euro.
El Ejecutivo fía buena parte del cumplimiento de sus cuentas a un clima de bonanza económica que, como advertía ayer el presidente del BCE, Mario Draghi, comienza a mostrar signos de enfriamiento. No hay duda de que las medidas incluidas en el proyecto resultan entendibles en una coyuntura política teñida ya de electoralismo, así como en las dificultades propias de gobernar en minoría. Pero a menos que el Gobierno explique de forma convincente cómo piensa ejecutar las partidas previstas sin poner en peligro el cumplimiento del objetivo de déficit, los presupuestos para 2018 corren el riesgo o bien de no ser creíbles o bien de desestabilizar un esfuerzo de consolidación fiscal que ha costado mucho a España realizar.