El dictamen de los inspectores del Banco de España llega al Congreso
La pelea entre este colectivo y Luis María Linde se ha vuelto ya habitual El informe alega que “no existe en la legislación europea del MUS ninguna habilitación expresa que permita el empleo de entidades privadas colaboradoras”
Las diferencias entre la cúpula del Banco de España y la Asociación de Inspectores y Auditores Informáticos del supervisor (AIBE) tuvo la semana pasada un nuevo episodio, aunque ya previsto. Este colectivo remitió a la comisión que investiga la crisis financiera en el Congreso el esperado dictamen sobre las nuevas fórmulas de contratación de personal externo tanto del Banco de España como del Banco Central Europeo (BCE) para llevar a cabo tareas de inspección.
La entrega de este dictamen, realizado por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba, Manuel Izquierdo Carrasco, se produjo horas antes de que el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, acudiera por segunda vez a esta comisión el pasado 1 de abril.
Linde no tuvo más remedio que volver a hablar de los enfrentamientos entre la dirección del Banco de España y los inspectores. Aseguró que la “pelea” con la Asociación de Inspectores era “un tema muy doloroso que se arrastra hace años”. Tras considerar que no era “oportuno” entrar a “discutir con la asociación desde esta tribuna”, pues creía que “sería para la comisión una pérdida de tiempo” sí salió en defensa de la carta que envió en marzo a esta comisión, en la que cargaba contra la Asociación de Inspectores del Banco de España y desmentía que hubiese habido presiones sobre los peritos que denunciaron que las cuentas de Bankia estaban falseadas cuando salió a Bolsa.
Este comunicado “es una propuesta unánime” de los consejeros externos a la cual se adhieren los consejeros natos (del Banco de España). “Yo, como gobernador, y el subgobernador apoyamos este comunicado”, explicó.
El 27 de noviembre en este mismo escenario, el secretario de la asociación de inspectores, José Antonio Delgado, indicó que se apartó “de determinadas entidades a los que [en referencia a los inspectores] destapaban irregularidades”. Y aseguró que la caída de Banco Popular fue un aviso “de que algo falla”, para añadir que los supervisores están en manos de la banca.
Más detalle dio Linde con el otro frente que mantiene con la asociación: la modificación en las oposiciones para acceder a una plaza. El gobernador defendió que el actual proceso de selección es “muy cercano” al que se sigue en el BCE. “Creemos que el MUS está aquí para quedarse y todo lo que sea pensar que es posible salirnos o cambiarles las normas a los demás son fantasías”, recordó antes de calificar de “grave error” las posturas más críticas.
Los inspectores asociados a AIBE, por su parte, entregaron en el Congreso el dictamen del catedrático Manuel Izquierdo que ya anunciaron en noviembre que remitirían a la comisión. Este dictamen intenta desbaratar con contraargumentos las fórmulas de contratación del BCE y del Banco de España (ha tirado de auditores para cubrir plazas de inspección) en nueve puntos. Este dictamen, además, coincide con el propósito del supervisor nacional de contratar a 160 personas este año, según consta en los Presupuestos del Estado.
La remisión de este informe al Congreso también coincide con el anuncio del BCE de que nueve firmas trabajarán con la institución presidida por Mario Draghi en los próximos cuatro años en los que Deloitte será la firma de referencia, seguido de EY y KPMG. Estas consultoras trabajarán junto a los inspectores en las sedes de los propios bancos bajo las órdenes del Mecanismo Único de Supervisión (MUS).
El dictamen del catedrático de la Universidad de Córdoba mantiene que estas colaboraciones, como otras que ha llevado consigo el Banco de España y el BCE en las inspecciones de las entidades financieras, carecen “por su propia naturaleza de detallados elementos reglados de carácter objetivo y se caracterizan por la existencia de amplios márgenes de apreciación, cuando no de pura discrecionalidad”.
El informe de Manuel Izquierdo afirma, además, que “no existe en la legislación europea del MUS ninguna habilitación expresa de alcance general que permita el empleo de estas entidades privadas colaboradoras”.
Explica que la intervención de estas entidades privadas colaboradoras en la supervisión prudencial “sería susceptible de afectar a diversos derechos fundamentales recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular, el derecho a la protección de datos de carácter personal, la libertad de empresa y el derecho a una buena administración”. Esto tiene como consecuencia que la posibilidad “de tal intervención, así como algunas de sus manifestaciones deberían estar previstas expresamente por ley”.
Izquierdo señala en su dictamen que de la jurisdicción del Tribunal de Justicia Europeo y de alguna legislación de la Unión Europea “cabe deducir la existencia de un principio conforme al que no cabe que una institución de la Unión delegue contractualmente en entidades privadas ni funciones de potestad pública ni el ejercicio de un poder discrecional de apreciación”. Por tal punto, en caso de “querer acudir a esta colaboración, habría que delimitar con estos límites las funciones de estas entidades privadas”.
El punto sexto del dictamen cordobés añade que la legislación española sobre supervisión prudencial añade que tampoco habilita con carácter general la posibilidad “de intervención de entidades privadas colaboradoras del Banco de España”: Si bien se prevé esa intervención de manera clara en el ámbito de la actividad de supervisión competencia de la comunidad autónoma y, en el caso del Banco de España, “para algunos supuestos particulares recogidos en el Real Decreto 84/2015 y que implican la actuación fuera del territorio español o sobre entidades que no son propiamente de crédito”.
Pero el escrito de Manuel Izquierdo va más lejos al asegurar que en cualquier caso, existiera o no legislación española, no impediría en caso de concurrir una habilitación en la legislación del MUS, que el BCE “pudiera hacer uso de esas entidades colaboradoras dentro del ámbito de sus funciones de supervisión sobre entidades españolas. Cuestión distinta sería determinar el régimen de incompatibilidades al que estarían sometidas estas entidades colaboradoras, donde se podría defender la aplicación de la normativa española que es más exigente al respecto”.
Los razonamientos de Izquierdo son más amplios. Ahora lo que hay que ver es si este dictamen logra que directores del supervisor nacional e inspectores se sientan para intentar llegar a un acuerdo y terminar con la pelea, como lo definió Linde, o tiene el efecto contrario y se avivan más las diferencias entre ambas partes. Hay que esperar que por el bien y el prestigio del Banco de España finalicen ya estos enfrentamientos que no benefician a nadie, sino todo lo contrario.
