La factura económica que España paga por la corrupción

La transparencia y los mecanismos para garantizar la independencia de organismos e instituciones son herramientas clave

El hecho de que la corrupción es un problema político de primer orden en España es una evidencia difícil de poner en duda, pero no ocurre lo mismo con su factura económica, que a menudo pasa despercibida y resulta difícil de cuantificar. El informe que presentó ayer en Madrid el Círculo de Empresarios en colaboración con Transparencia Internacional hace hincapié precisamente en este aspecto, al denunciar que la falta de transparencia de las instituciones públicas y la percepción de la corrupción merman tanto la eficiencia de la economía española como su capacidad para atraer inversión. Casos como Gurtel, Lezo, Púnica o los ERE andaluces son solo algunos ejemplos de escándalos que constituyen barreras al crecimiento y a la actividad y que no suelen tenerse en cuenta en los análisis económicos, en parte porque cuantificar el lucro cesante constituye siempre una tarea compleja.

Los datos que manejan los empresarios revelan que el problema más grave no es tanto la corrupción real como la percepción de que esta existe de forma generalizada. Mientras en 2005, el porcentaje de ciudadanos españoles que creía que la corrupción estaba muy extendida era del 75%, la cifra asciende hoy al 95%. Un montante que contrasta con la media europea, del 73%, pese a que esta última resulta también elevada y confirma el creciente escepticismo de la población comunitaria hacia las instituciones.

La tolerancia cero con la corrupción, al igual que ocurre respecto a cualquier otra forma de vulneración de la legalidad, es una exigencia fundamental en cualquier estado de derecho, por inalcanzable que resulte lograr ese objetivo al 100%. En esa tarea, la transparencia constituye una herramienta clave, como lo son también los mecanismos para garantizar la despolitización de los organismos e instituciones.

El informe presentado ayer por Círculo de Empresarios recoge, entre otras medidas, una reivindicación planteada en numerosas ocasiones: la necesidad de que el organismo encargado de defensa de la competencia –la CNMC– recobre un perfil más técnico e independiente y que otorgue menos poderes al Gobierno central. También se alude al problema casi crónico de ineficiencia y lentitud del sistema judicial español, una lacra que socava gravemente la confianza de ciudadanos y empresas, así como la seguridad jurídica. Todos ellos son frentes en los que hay que trabajar sumando detección y prevención. No en vano, una vez más, en el caso de la corrupción, es necesario ser honesto, pero también parecerlo.

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