El Círculo de Empresarios insta a combatir la corrupción para impulsar las inversiones en España

Reclama más transparencia institucional para mejorar la eficiencia económica

Recomienda impulsar mecanismos extrajudiciales y despolitizar los organismos de competencia

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Víctor Lapuente, coordinador del estudio de la transparencia de las instituciones españolas, junto a John de Zulueta (en el centro), presidente del Círculo de Empresarios, y Jesús Lizcano, responsable de Transparencia Internacional en España.

La falta de transparencia de las instituciones públicas, y el halo de corrupción que ensombrece su actividad, están mermando la capacidad de España de captar fondos y la mejora de su eficiencia económica.

Esta es una de las principales conclusiones del libro “La calidad de las instituciones en España”, impulsado por el Círculo de Empresarios, en colaboración con Transparencia Internacional, y con la colaboración de varios expertos académicos.

“La inversión cae donde se considera que hay altos niveles de corrupción”, ha expuesto Víctor Lapuente, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford, profesor en la Universidad de Goteburgo, y coordinador de la publicación.

Durante la presentación del libro, celebrada este lunes en el Congreso de los Diputados, Lapuente ha subrayado que la falta de “confianza social” que asola las instituciones españolas, cuyo “principal problema es la alta percepción de corrupción”. El "clientelismo" y la "burocracia", son dos de los lastres asociados que sufre la economía española, han avanzado.  

Escándalos como el caso Gürtel, Púnica, Lezo, o los ERE andaluces, ha ilustrado el presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, han elevado la sensación de corrupción que los españoles tienen del funcionamiento de los entes públicos.

Así, ha ejemplificado Zulueta, el porcentaje de españoles que cree que la corrupción está muy extendida se ha elevado del 73% en 2005 al 95% en 2013, frente al 73% de media de la UE. A la vez, pese a la previsible negación que darían en las encuestas la mayoría de delincuentes, el 2% de los españoles admite haber pagado un soborno en los últimos meses.

Tanto el Círculo de Empresarios como los expertos reunidos para la elaboración de la publicación coinciden en señalar que la percepción de corrupción es más grave que la importancia real de los casos detectados en el día a día del funcionamiento del grueso de administraciones.

Sin embargo, la trascendencia e importancia de los casos y cargos públicos implicados en los escándalos han multiplicado la sensación de irregularidades en un entorno de descontento general con las instituciones como consecuencia de la importante crisis de los últimos años.

Los autores del documento instan a las instituciones a mejorar su funcionamiento y a establecer los pesos y contrapesos necesarios tanto para evitar nuevos casos de corrupción como para mejorar la percepción de la ciudadanía.

“Está comprobado que controlar la calidad de las instituciones de cualquier manera ayuda a mejorar su funcionamiento, a reducir el fraude y la desigualdad”, ha resumiendo Lapuente, aseverando que la “eficiencia económica” de España mejoraría con fuerza si mejora la transparencia de las instituciones.

A partir de ahí, los autores del informe recomiendan poner en marcha una serie de reformas estructurales de las instituciones públicas que, de forma gradual, ayuden a España a recuperar la confianza en el sistema ahora que la mejora económica puede dejar este objetivo en un segundo plano.

“No se puede crecer a pesar de un mal Gobierno”, ha sostenido Lapuente, que considera que a largo plazo la economía española se verá frenada si no se recupera la confianza en las instituciones.

Del lado de las medidas concretas propuestas por el Círculo de Empresarios, destacan algunas mejoras del sistema judicial, principalmente para paliar su lentitud.

En este sentido, el documento aboga por la determinación de un “plazo razonable” de resolución de litigios. Según el índice Doing Business, en España se tardan 510 días en resolver demandas sobre el incumplimiento de los contratos.

Aunque la cifra se sitúa en línea con la media de la OCDE, de 553 días, y lejos de las 1.120 días de Italia o los 1.580 días de Grecia, el objetivo es acercase a los 164 días de Singapur o los 280 de noruega.

En paralelo, el libro denuncia el “fracaso en España de los medios alternativos de resolución de disputas (ADR) y los intentos de incentivar el acuerdo extrajudicial” e invita a poner el foco en una mejor del modelo que permita desaguar la fuerte cuantía de procesos que se abren en España.

En este sentido, el informe destaca la fuerte carga de procedimientos contra las administraciones públicasy propone buscar canales alternativos pese a que la justicia ha rebajado de 473 días a 317 el plazo de resolución de estos litigios. 

Estas medidas serían especialmente útiles en el caso de los procedimientos contra las administraciones públicas, que en 2011 rozaron los 300.000, duplicando la litigosidad contencioso administrativa de Alemania con la mitad de población.

De otra parte, otro de los focos de atención del documento es la necesidad de despolitizar los organismos de vigilancia de la competencia, dejando su actuación en manos de técnicos.

“España llegó a tener una autoridad de referencia internacional en al Comsiión Nacional de la Competencia creada en 2007”, recuerda el libro del Círculo de Empresarios, lamentando que la creación en 2013 de un “superregulador” la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), otorgue “muchos poderes al gobierno central”, en detrimento de su autonomía e independencia.

A su modo de ver resultaba más recomendable mantener un sistema de vigilancia preventiva de la competencia y un supervisor con capacidad sancionadora. El cambio, critica el documento, se presentó como “una reforma ambiciosa” pero, aunque “diseñada teóricamente” para replantear el modelo y dotarlo de “mayor independencia”, “en realidad, no altera las dinámicas de dependencia política” que ya lo amenazaban.

Batería de propuestas

Democracia. El documento presentado ayer por el Círculo de Empresarios propone una serie de reformas para recuperar la confianza en las instituciones en diferentes campos. De un lado, el documento insta a mejorar la calidad democrática, con una reforma electoral que corrija las desigualdades geográficas y generacionales (restando algo de peso a circunscripciones rurales), impulsando listas abiertas y consultas (España está en el puesto 17 de los 28 de la UE en este área).

Justicia. Además reducir los plazos e impulsar los mecanismos extrajudiciales, el documento invita a explorar la imposición de tasas, despolitizar los nombramientos y modernizar el sistema.

Gestión pública. El Círculo de Empresarios aboga por estudiar la subcontratación privada de servicios públicos cuando los datos y la experiencia garanticen más eficiencia.

Transparencia. Uno de los principales campos de mejora señalados en el documento es el de la necesidad de mejorar la transparencia de los contratos públicos y los informes que fundamentan las decisiones políticas.

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