Una fiscalidad que proteja el medio ambiente pero no dañe la competitividad
La propuesta de endurecer los impuestos al gasóleo puede perjudicar a empresarios y autónomos
El futuro del sector del automóvil se ha convertido en una cuestión indisolublemente unida a la evolución de las políticas de protección medioambiental. Sin dejar de lado la influencia de los consumidores en el mercado, que sigue teniendo un peso importante en la política de las compañías, la estrategia del sector está condicionada fuertemente –y lo estará cada vez más– por las normativas para reducir las emisiones de CO2, así como la contaminación por Nox y partículas. A estas alturas es difícil poner en duda que la solución al dilema que provocan las exigentes necesidades de transporte de las economías desarrolladas y la imprescindible protección medioambiental está en la transición hacia los vehículos limpios, tanto híbridos como eléctricos. Pero la cuota de mercado que estos acaparan se limita, de momento, a un 5% del total.
La legislación sobre reducción de emisiones de CO2 de la Unión Europea y las crecientes prohibiciones de vehículos diésel en los centros de las grandes ciudades, unido a los escándalos que se han vivido en algunas compañías, han provocado ya una importante caída en la venta de los automóviles de gasóleo – de un 8% en 2017– y un aumento de la comercialización de vehículos de gasolina, en lugar de un repunte de los coches eléctricos, como hubiese sido deseable. La consecuencia de ese trasvase ha sido el aumento, por primera vez en una década, de las emisiones por CO2 por vehículo vendido en la UE, puesto que los coches de gasóleo producen menos emisiones de este tipo que los de gasolina.
Pese a ello, el diésel supone todavía casi el 44% del mercado europeo. Una realidad que explica una de las propuestas realizada por el comité de expertos sobre escenarios para la Transición Energética, en la que se insta al Gobierno a subir la fiscalidad del gasóleo más de un 28%. La iniciativa penalizará sin duda las ventas de los vehículos diesel, pero también tendrá unas consecuencias negativas en la competitividad de empresas y trabajadores autónomos que no se pueden ignorar. La fiscalidad es una de las herramientas de que disponen los Gobiernos para avanzar hacia un horizonte de vehículos cada vez menos contaminantes y en el que los motores limpios sustituyan progesivamente a los de combustible. Pero ni es el único instrumento ni puede utilizarse sin calibrar cuidadosamente las consecuencias que puede tener en la actividad económica. La clave aquí, como en cualquier otro ámbito de política fiscal, es combinar medidas de estímulo con instrumentos desincentivadores, pero hacerlo de modo que no se perjudique en exceso el siempre frágil crecimiento económico.