Los beneficiarios del bono eléctrico se derrumban: solo 170.000 frente a 2,3 millones

Unos 400.000 clientes lo ha pedido y, de momento, lo ha recibido menos de la mitad

Energía que ha aplazado seis meses el trámite, estimaba que 2,5 millones de consumidores lo disfrutarían

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El pasado jueves el Ministerio de Energía anunció su decisión de ampliar seis meses (hasta el 10 de octubre) el plazo para que los beneficiarios del actual bono social de la tarifa eléctrica pueda solicitar su inclusión en el nuevo bono: un mecanismo que entró en vigor en octubre de 2017 y por el que se modifican radicalmente las condiciones que dan derecho a distintos descuentos en la factura,  en función de la vulnerabilidad del consumidor, su situación familiar y el consumo.

 La nueva normativa establecía un periodo transitorio de seis meses (hasta el próximo 10 de abril) para proceder al cambio, pero, según critican en el sector, “el estrepitoso fracaso” de un nuevo sistema que amplía el número de colectivos pero con condiciones mucho más estrictas y una tramitación engorrosa, ha obligado al ministerio a ampliar el plazo. Un aplazamiento que tampoco garantiza nada, si este no hace una gran campaña informativa, según sostienen las empresas.

De los 2,5 millones de usuarios que el departamento que dirige Álvaro Nadal preveía proteger con el nuevo bono eléctrico (y que apenas representa, un 40% del total de los potenciales beneficiarios, según la memoria del real decreto aprobado en octubre), solo 440.000 (un 16% de lo estimado) lo ha solicitado a su comercializadora.

De estos, hay que descontar, al menos, las peticiones de los 25.000 y 7.000 clientes de Endesa e Iberdrola, respectivamente, que el ministerio ha rechazado por no cumplir los requisitos. Además, una buena parte de dichas peticiones se está tramitando, a la espera de que los usuarios aporten nueva documentación o del visto bueno de Energía, que debe cruza los datos de renta con Hacienda a través de una aplicación informática.

Según la información proporcionados por las comercializadoras de referencia (empresas reguladas que suministran con el Precio de venta al Pequeño Consumidor o PVPC) de los cinco grandes grupos eléctricos, frente a los 2,3 millones de beneficiarios que actualmente disfrutan del bono social, solo los citados 400.000, han solicitado el nuevo. Y, por el momento, solo han recibido el plácet del ministerio algo más de 170.000 consumidores.

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Los resultados por empresas resultan demoledores: Endesa, que cuenta actualmente con 945.000 clientes con bono, ha recibido 180.000 solicitudes, de las cuales, por el momento, se han aprobado 50.000. Iberdrola, con 860.000 beneficiarios, ha tramitado 186.000 peticiones, de las que 90.000 han sido aceptadas. Llamativo es el caso de Gas Natural Fenosa que, frente a los 420.000 clientes de su cartera que disfrutan actualmente del descuento del viejo bono, solo 19.200 tiene aceptado el nuevo. Se desconoce cuántos de los actuales beneficiarios repite con el nuevo sistema.

La primera explicación del derrumbe está en la eliminación del derecho que otorgaba el anterior mecanismo a los usuarios con una potencia inferior a 3 kW de potencia contratada, que, además, eran los únicos que lo recibían de manera automática, sin solicitarlo. Este colectivo representaba más de la mitad de los bonistas: 700.000 sobre 945.000 en el caso de Endesa, o 330.000 de 420.000, en el de Gas Natural Fenosa.

Un sistema enrevesado

A cambio de eliminar este requisito de potencia (el anterior mecanismo otorgaba asimismo el derecho a las familias numerosas, las familias con todos los miembros en paro o a las pensiones mínimas), el Ministerio de Energía ha ampliado el derecho a nuevos colectivos. El nuevo bono se otorga por criterios de renta (según el indicador público Iprem) y en la situación familiar del usuario (según el número de menores a su cargo).

Tienen derecho al mismo los pensionistas, las familias numerosas, quienes acrediten haber sido víctima del terrorismo o de violencia de género y los discapacitados con un nivel superior al 33%. En estos tres últimos casos, los umbrales de renta se podrán ver incrementados en 0,5 veces el Iprem.No obstante, el descuento solo se aplicará hasta determinados límites de consumo para cada colectivo.

Pero esto no es todo: se crea la categoría de consumidor vulnerable severo (para hogares con rentas inferiores al 50% de las establecidas, que tendrán un descuento del 40%, en lugar del 25%) y el consumidor en riesgo de exclusión social (los muy vulnerables que estén siendo atendidos por los servicios sociales de ayuntamientos o comunidades autónomas). A estos no se les podrá cortar la luz.

A la vista de la situación, las empresas han optado por realizar campañas informativas o publicitarias (más allá de la exigida por el ministerio) ante el temor de que un fracaso del bono se vuelva contra ellas y ara evitar conflictos con los clientes que, al quedar fuera y sin el descuento del que disfrutan hace años, vean incrementar su facturaun 25%.

Aunque se niegan a financiar el coste del bono (el nuevo lo pagan todas las comercializadoras, incluidas las independientes), que han vuelto a recurrir ante el  Tribunal Supremo, las eléctricas quieren facilitar la tarea a los usuarios, para evitar problemas de reputación, señalan en el sector.

El coste de 230 millones (frente a los 180 millones de ahora) que el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, estimaba , está lejos de la realidad, pues se calculó para 2,3 millones de beneficiarios,

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