Energía obliga a las eléctricas a pedir los datos de renta a sus clientes con bono social

Ha desarrollado aún la aplicación que evitará que las empresas accedan a los datos fiscales.

Los actuales beneficiarios del bono que reúnan los requisitos, tienen seis meses para actualizarlo

Bono social pulsa en la foto

El pasado 6 de octubre, el Gobierno aprobó el reglamento (un real decreto y una orden ministerial) que desarrolla el real decreto ley convalidado por el Congreso de los Diputados a finales de enero que regula el nuevo bono social de la tarifa eléctrica y establece medidas contra la pobreza energética. Una enrevesada normativa que crea tres tipos de consumidores (vulnerables, vulnerables severos y en riesgo de exclusión social) con derecho a distintos descuentos en la factura, del 25%, el 40% o el 100%, en función de los ingresos y del consumo anual.

Asimismo, prohíbe a las comercializadoras cortar el suministro a los consumidores en riesgo de exclusión social que estén siendo atendidos por los servicios sociales de ayuntamientos o comunidades autónomas y siempre que estas administraciones hayan sufragado su factura durante cinco meses.

Tras dicha aprobación se ha abierto un plazo de seis meses para que los beneficiarios del actual bono social se acojan al nuevo mecanismo, siempre que tengan encaje en él. También pueden solicitarlo quienes, sin ser beneficiarios ahora, reúnan los requisitos del nuevo mecanismo. Para ello es imprescindible tener contratado el Precio de Venta al Pequeño Consumidor (PVPC) regulado por el Gobierno y al que tienen derecho los domésticos y pymes con menos de 10 kW de potencia contratada.

Las comercializadoras de referencia (COR) que son las suministran con este precio (filiales de las cinco grandes eléctricas de Unesa, principalmente) se han encontrado, no obstante, con un grave problema: en su precipitación por aprobar el nuevo bono y demás medidas contra la pobreza energética antes de la llegada del invierno, el Ministerio de Energía lo ha aprobado sin que esté desarrollada la aplicación informática que permitiría certificar que un cliente tiene derecho al bono social sin que la comercializadora tenga que acceder a sus datos de renta.

Una situación provisional, a la que el ministerio no ha puesto fecha y que obliga a las empresas a solicitar los certificados de declaración de la renta de todos los miembros de la familia de quien solicite el bono. Todas, sin excepción, consideran muy delicado tener que gestionar estos datos, que, por otro lado, muchos clientes se resisten a entregarles.

Según el nuevo mecanismo, los usuarios entregan a la compañía la documentación pertinente que los acredita como beneficiarios, salvo los datos de renta. La compañía se la remite al ministerio que, mediante la citada aplicación, los cruza con Hacienda, y determina, en un plazo de 15 días, si el peticionario tiene o no derecho a recibir el bono social. De esta manera, es el ministerio el que hace la valoración, sin que la eléctrica acceda a los datos del IRPF.

Con la situación que se ha creado al no estar operativa la citada aplicación informática, además de tener acceso a los datos fiscales, la comercializadora es, ante el consumidor, la responsable de validar el criterio de renta y, por tanto, el derecho a percibir el bono social.

Por otro lado, el departamento que dirige Álvaro Nadal, no ha facilitado a las COR el procedimiento de cálculo para validar el cumplimiento de los requisitos, que es diferente si se aporta una declaración de la renta o un certificado de imputaciones, los cuales tienen diferentes formatos según lo emitan la Agencia Tributaria o las Haciendas Forales del País Vasco y Navarra. Un retraso que afecta a Iberdrola.

Salvo las familias numerosas, que seguirán disfrutando del bono sin importar sus ingresos (en este caso, la pobreza energética no cuenta), el resto de colectivos deben acreditar estar dentro de los límites de renta que, en función del número de hijos o consumo, le da derecho a un descuento del 25% o el 40% en la factura. Estos límites se determinan en función del Iprem (indicador público de renta de efectos múltiples de 14 pagas, en este momento 7.455 euros al año) y los beneficiarios deben renovar el bono cada dos años.

“A la responsabilidad, se une la complejidad de un sistema que nos obliga a reforzar los equipos para gestionar las solicitudes; la modificación de los sistemas de facturación, el seguimiento de impagos y el control de los consumos” señalan en una comercializadora, que calculan el coste de todo ello “en unos cuantos millones”.

Otro de los problemas a los que se enfrentan las empresas, especialmente, las más grandes que deben atender a cientos de miles de peticiones en solo seis meses, están relacionado con los canales de venta. Según la norma, se tramitaran a través de sus oficinas, de su página web, por teléfono, fax o correo electrónico. Las comercializadoras de referencia no tienen una gran red de oficinas. De hecho, no están obligadas a tenerlas.

Otra cuestión peliaguda es la relacionada con los cortes de suministro a los consumidores en riesgo de exclusión. Estos no pagarán la luz, que le cofinanciarán un 50%, los Servicios Sociales; un 10% por la comercializadora y el 40% del descuento correspondiente al propio bono social.

El problema, según fuentes empresariales, “es que los ayuntamientos no tienen dinero” y si para evitar el corte de suministro de estos usuarios es necesario que le hayan pagado la factura durante cinco meses, “es probable que no se resuelva el problema que se pretende evitar”.

Poca fe

De la dificultad de aplicar el nuevo bono social da cuenta el propio Gobierno. Así en la memoria económica del real decreto que lo regula, el Ministerio de Energía, reconoce que solo un 45% de los beneficiarios del bono lo solicitarán; 2,5 millones frente a los 2,44 millones actuales.

 También reconoce que el beneficio va más allá de los necesitados: de los seis millones de usuarios potenciales a los que van dirigidos los descuentos que estima que tiene derecho, solo cuatro millones están en situación de pobreza energética.

La nueva maquinaria ya está en marcha

El Gobierno ha querido aplicar las medidas contra pobreza energética antes del invierno.
El Gobierno ha querido aplicar las medidas contra pobreza energética antes del invierno. Getty Images

Las comercializadoras de referencia (COR) propiedad de las grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo) dicen tenerlo todo dispuesto para atender las peticiones de los clientes que soliciten el nuevo bono social y tengan derecho a él.

Desde que entró en vigor el mecanismo, a principios de este mes, Iberdrola, por ejemplo, ha atendido 738 solicitudes; su página web ha recibido 7.000 visitas, en las que se han descargado más de 2.000 veces el formulario de petición del bono, aunque cumplimentados y documentación, solo 112.

Muchas de estas solicitudes, están siendo tramitadas a través de asociaciones de consumidores, señalan en otra compañía.

Las empresas están obligadas a enviar a los clientes que tienen el antiguo bono una carta informándoles de la nueva normativa, que podría dejarles fuera (probablemente, los de 3 kW de potencia contratada) y que disponen de seis meses para acreditar su condición.

Entre las dos grandes eléctricas, suman casi dos millones de bonificados actualmente;Gas Natural, más de 400.000 y el resto, hasta 2,44 millones, corresponden a EDP y Viesgo.

Sobre la responsabilidad de tener que gestionar los datos fiscales de los clientes, el Ministerio de Energía espera tener a punto próximamente la aplicación telemática, con la que ya ha realizado pruebas. No obstante, para su implantación definitiva será necesaria una resolución del Secretario de Estado de Energía, Daniel Navia.

De momento, el sector se enfrenta a un periodo transitorio de seis meses en que convivirán los dos bonos sociales y confían en que la citada aplicación esté lista pronto.

Contra la decisión de otorgar o no el bono por parte de su compañía, el consumidor que no esté de acuerdo puede acudir a los Servicios de Consumo.

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