Un cambio en el IVA intenta paliar la crisis de la I+D en España
El Congreso discutirá una enmienda a la Ley de Contratos Menores Los centros podrían deducirse el 100% de la tasa
Los centros investigadores pueden desgravarse desde un 100% hasta un 0% del IVA de las adquisiciones de material y equipamiento o de las subvenciones que reciben del Gobierno, según la interpretación de la normativa que haga el inspector de Hacienda. Sin embargo, si la ciencia fuera reconocida como una actividad económica, estas entidades podrían deducirse el total del impuesto. Esto es lo que está tratando de lograr la alianza de Centros Severo Ochoa y Unidades María de Maeztu (SOMMa) que ha pedido el apoyo de todos los partidos a la enmienda parlamentaria sobre la Ley de Contratos Menores que se discutirá en las próximas semanas en el Congreso de los Diputados. Con ella, se definiría a la investigación también como una actividad de interés general, cuyas aportaciones de la Administración no están sujetas al precio.
Luis Serrano, presidente de SOMMa y director del Centro de Regulación Genómica (CRG), teme que el PP vaya en contra de la decisión y no acabe con la inseguridad jurídica que viven los centros de I+D actualmente.
Esta problemática es solo una de las muchas a las que se enfrenta la investigación en España, cuyos presupuestos quedaron muy mermados en la crisis económica y aún no se han recuperado. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2016, la inversión creció un 0,6%, mientras que en el ejercicio anterior lo hizo un 2,7%. Además, descendió la proporción de I+D sobre el PIB al 1,19%, frente al 1,22% de 2015.
España no ha seguido la estela de la media de los países de la UE que han aumentado su inversión un 25% en la última década. En nuestro país, por el contrario, el desembolso ha caído un 10%, destacan desde el sindicato CSIF. Y subrayan una segunda cifra, en 2016, solo se aplicó uno de cada tres euros que había disponibles para investigación en los presupuestos. Cifras que están haciendo que España pierda la competitividad lograda y se arriesgue a retroceder lo avanzado en los últimos 25 años, puntualiza Serrano.
A las dificultades económicas se suman las trabas administrativas derivadas de la entrada en vigor el 9 de marzo de la Ley de Contratos del Sector Público, por la que se reduce el importe (15.000 euros) por el cual las compras o contratación de servicios por los centros de investigación deben ir a contrato público. Serrano explica que eso podría suponer que solo el CGR lanzara unos 200 contratos al año, con los gastos en personal y los retrasos que todo ello implica. Su propuesta es elevar la cifra a 40.000 euros y no aplicar por tanto las mismas reglas de la administración en general.
Por último, el SOMMa y los sindicatos ponen de relieve las limitaciones para incrementar las plantillas y la precariedad laboral de los investigadores. “La actividad investigadora no es previsible”, explica Serrano, lo que conlleva la firma de contratos por obra. Sin embargo, la legislación impide su encadenación –salvo la Ley de la Ciencia– y la Administración prohíbe realizar contrataciones indefinidas, por lo que proponen la creación de un nuevo modelo, “contrato fijo sujeto a proyecto”, que asegure al trabajador una indemnización si el proyecto finaliza.
Además, desde CSIF denuncian la paralización de las negociaciones para desarrollar el Estatuto del Personal Técnico y del Investigador en Formación. Hace un año, se aprobó un moción para impulsar la regulación del primero, pero tras varios borradores, la situación no ha evolucionado. Todo ello sigue provocando la emigración de investigadores o impidiendo el regreso de aquellos que lo hicieron en los años de crisis. No obstante, desde CSIF confían que convocatorias como las ayudas Beatriz Galindo sirvan para generar un cambio.
Seis años de parálisis
CSIF reclamó el viernes el cese de la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, por no haber desarrollado en los seis años que lleva en el cargo la Ley de la Ciencia, aprobada meses antes de su nombramiento.
Aprovechando la llegada al Gobierno del nuevo ministro de Economía, Román Escolano, el sindicato pide que se resuelvan los problemas que estaban paralizados hasta ahora: la unificación de las retribuciones de todo el personal investigador o el desarrollo de los Estatutos del Personal Técnico y en Formación.
