Una fiscalía especializada, pero también una regulación más transparente
El reto en este terreno está en perseguir las irregularidades, pero también en avanzar en materia de prevención
La avalancha de reclamaciones y de causas judiciales provocadas por abusos y malas prácticas bancarias se ha hecho notar tanto en los tribunales como en los mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos. Los datos del Tribunal de Cuentas cifran en más de 40.000 el número de reclamaciones presentadas en 2017 ante el Banco de España por los clientes de las entidades financieras. Los números son aún más desmedidos en el poder judicial: el año pasado los litigios planteados ante los juzgados especializados en estos conflictos superaron con creces los 150.000 y se acercaron (a falta de datos definitivos) a los 200.000. Pese a que se reforzó el personal, los juzgados se colapsaron.
Pese a que la litigiosidad bancaria ha crecido de forma exponencial en los últimos años, esta es solo una parte de un área mayor: ingente masa de conflictos relacionados con los consumidores. La generalización de la contratación en masa de servicios –en los que el cliente se adhiere a un contrato estándar con condiciones generales idénticas para todos los clientes y con nula capacidad de oposición o negociación– ha producido también reclamaciones en masa cuando esos contratos han establecido condiciones abusivas. Ese creciente volumen de conflictos ha llevado a la Fiscalía General del Estado a solicitar en su última memoria la creación de una unidad especializada en la protección del consumidor. La justificación de la propuesta está en el “hito” que ha supuesto en los últimos ejercicios la avalancha de personas afectadas por problemas relacionados con productos financieros. Es el caso de las participaciones preferentes y de la deuda subordinada, así como de las cláususlas suelo.
Dado que la banca no es el único foco de conflictividad con el consumidor –la propia fiscalía alude a “situaciones de avasallamiento” generadas por las compañías suministradoras de servicios, así como de las cada vez más abundantes estafas en internet– la propuesta de la Fiscalía General no solo parece necesaria y razonable, sino casi imprescindible. Su objetivo será defender los derechos del pequeño consumidor frente a los supuestos de malas práxis y abusos de las empresas, y hacerlo de forma especializada, como ocurre ya en otras áreas conflictivas, como la dedicada a los delitos económicos o a la corrupción. El reto en este terreno está en perseguir las irregularidades, pero también en avanzar en materia de prevención a través de una legislación de contratos cada vez más transparente y equilibrada, que evite criminalizar gratuitamente a las empresas, pero sea firme y estricta con los abusos a la parte más debil de la relación contractual.