Relevo en el Ministerio

Román Escolano: el reto de crear solo bancos grandes o defender a las entidades medianas

Uno de sus primeros trabajos será decidir cómo y cuándo privatizar Bankia

La sustitución de Linde también es un reto prioritario en su agenda

Román Escolano
El nuevo ministro de Economía, Román Escolano.

El nuevo ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, sustituirá a Luis de Guindos en un momento dulce del crecimiento económico, aunque todavía esta cartera tiene algunos retos que resolver antes de que se puedan celebrar nuevas elecciones generales en 2020. Entre ellos se encuentra la privatización de Bankia, cuya fecha límite para que el Estado abandone su capital finaliza en diciembre de 2019.

El Gobierno español, no obstante, tiene la potestad de volver a ampliar este plazo, como ya hizo el pasado año, si considera que el interés que despiertan los títulos de la entiad que preside José Ignacio Goirigolzarri entre los inversores institucionales son insuficientes para cubrir una parte destacada de las ayudas que este banco recibió en 2012, y que se elevan a unos 24.000 millones de euros.

El Estado, a través del FROB tiene más del 60% del capital de Bankia y, de momento, la intención es vender una parte este año para llegar a 2019 sin agobios para finalizar su colocación. El problema es que el precio actual de sus acciones no cubren las ayudas concedidas, y Bankia suma el grueso de las inyecciones de dinero público que reicibieron las antiguas cajas de ahorros. Guindos aseguró en 2012 que se devolverían todas las ayudas, pero pasados los años se sabe que es un objetivo prácticamente imposible y que puede tener un coste electoral para el actual Gobierno en las elecciones generales de 2020.

Bankia también puede protagonizar una fusión con otra entidad, pero esta como mínimo tendría que pagar unos 12.000 millones de euros, su precio en Bolsa, si quiere evitar que el Estado sea también acionista del banco resultante.

Decidir si se necesitan o no más fusiones en el sector financiero, sobre todo entre la banca mediana, es otro de sus retos. Economía no puede imponer fusiones, pero sí puede impulsarlas.

Entre tanto, el Gobierno seguirá devolviendo fondos del rescate de 41.300 millones de euros desembolsados por Europa. La deuda pendiente actual es de 26.700 millones. La factura total que queda aún por devolver es, sin embargo, mayor, más de 60.000 millones, según datos del Banco de España, en los que se incluyen ayudas del Gobierno español.

Escolano, que llevó la agenda internacional del presidente de BBVA, Francisco González, durante varios años (fue el responsable de gestionarle los actos internacionales entre 2006 a 2011), tiene muy buena relación con las cúpulas de los grandes bancos, no solo porque ha trabajado con alguno de ellos en el segundo grupo bancario español, sino también por haber firmado una seríe de acuerdos con la banca cuando era presidente del ICO (2012 a 2014), y más tarde como vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Su nombre, de hecho, se barajó en algún momento como potencial candidato a gobernador del Banco de España, al conocerse el sector y ser técnico comercial.

Con muy buenas relaciones con Mariano Rajoy desde que este fue vicepresidente del Gobierno, y con Guindos, Escolano deberá proponer el próximo mes de junio al sustituto de Luis María Linde como gobernador del Banco de España, tras cumplirse su mandato. También tiene en sus manos intentar que los inspectores del Banco de España vuelvan a alinearse con la cúpula de la institución.

Promover las fusiones transfronterizas en la banca también es un reto incluido en su agenda. Aunque antes debe cerrar la aprobación de una serie de las reformas pendientes. Entre ellas destaca conseguir aprobar en el Parlamento la nueva ley hipotecaria, aprobada por el Consejo de Ministros en noviembre, y que introduce límites a las ejecuciones, facilita la conversión del préstamos con interés variable a fijo y establece que los bancos no podrán determinar el vencimiento anticipado de una hipoteca hasta que el impago por parte del consumidor suponga el 2% del préstamo, incluidos los intereses, o alcance nueve cuotas durante la primera mitad del contrato.

Otra de las reformas pendientes es la relativa a la escisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

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