La receta de Trump para crecer al 3% hasta 2028
El plan del presidente incluye desregulación, menos impuestos e invertir en infraestructuras
Donald Trump tiene un plan económico. La economía norteamericana experimentó una fuerte aceleración en 2017, con un crecimiento del PIB real que excedió las expectativas y aumentó al 2,5%, desde el 1,8% (2016); la tasa de desempleo cayó al 4.1% –donde la dejó Obama– el más bajo desde 2000. Durante 2017, la economía sumó 2,2 millones de empleos no agrícolas, un promedio mensual de 181.000 empleos, con foco en los sectores manufactureros (+189,000 empleos) y mineros (+53.000).
Sin embargo, los desafíos persisten porque la combinación de un fuerte crecimiento del empleo y una producción moderada y el crecimiento de las ganancias reales en los últimos años, reflejan un bajo crecimiento de la productividad laboral. Además, las tendencias a la baja a largo plazo en la participación en la fuerza de trabajo, debido al envejecimiento de la generación Baby Boom, requerirán medidas compensatorias. Este diagnóstico ya lo había hecho Obama.
El pronóstico de Trump es que el PIB crecerá a una tasa anual media del 2,2% hasta 2028, sin incluir los efectos de la reforma fiscal de diciembre de 2017. Sin embargo, el pronóstico completo –que incluye las políticas de Trump: impuestos e infraestructuras–, es que el PIB real crezca un 3% anual, en promedio, hasta 2028. El pronóstico actual de la Administración a largo plazo, que incluye la agenda política del presidente, es conservador en comparación con las administraciones anteriores, y de hecho está ligeramente por debajo de su mediana del 3,1%. Así se refleja en el Informe Económico del Presidente de 2017/2018, que ha pasado desapercibido en todo el mundo. La filosofía del documento es sencilla: desregulación, menos impuestos e inversión en infraestructuras, contrarrestarán la contribución declinante al crecimiento de las deducciones y recortes de impuestos corporativos e individuales. Trump espera que la desregulación y las infraestructuras contribuyan al crecimiento del PIB: 3,2% en 2019 y 2,8% de media hasta 2028.
La preocupación sobre el estado de las infraestructuras existe en América desde hace décadas. En zonas rurales y urbanas, el mantenimiento es inadecuado y apenas se ha invertido. A uno se le cae el alma a los pies, viendo las decrépitas infraestructuras de metrópolis tan ricas como Los Ángeles, Nueva York o Chicago. La América rural está mucho peor. Trump cree que las regulaciones disuaden a los inversores de aumentar o mejorar la capacidad existente.
El presupuesto del presidente estima que una inversión en infraestructuras de 1,5 billones de dólares en 10 años, agregaría entre 0,1 y 0,2 puntos porcentuales al crecimiento promedio anual del PIB, dadas ciertas condiciones de productividad, tiempo y precio. Empresas españolas son las más activas en los concursos: Abertis, Ferrovial, ACS, Sacyr, etc.
El desconocido Informe Económico del Presidente 2017-2018, fechado el 21 de febrero, establece cuatro líneas de actuación para que, junto a la reforma fiscal, el plan de infraestructuras sea pilar de crecimiento y generación de empleo en los próximos diez años.
Primero, se debe racionalizar y mejorar la estructura regulatoria federal (Washington), al tiempo que se garantizan resultados en materia de salud, seguridad y medio ambiente. Las normas y regulaciones contradictorias, excesivamente complejas y descoordinadas podrían impedir inversiones y provocar una demora significativa en la entrega de las infraestructuras necesarias contratadas, un problema especialmente destacado en los sectores de energía y telecomunicaciones.
Abordar estos problemas podría generar beneficios públicos importantes y varias acciones federales han comenzado este proceso, incluida la orden ejecutiva del presidente Trump, del 15 de agosto de 2017 “para reducir demoras y barreras innecesarias” (es decir, desregulación).
En segundo lugar, piensa el presidente, se pueden asegurar recursos adicionales para la inversión en infraestructuras, recurriendo a una combinación de cargos a usuarios, impuestos específicos o ingresos fiscales generales. “Si bien los recursos públicos son importantes, la función de los derechos de los usuarios basada en los costes marginales es particularmente importante”, asevera el documento. Dichos cargos a los usuarios, que generalmente son establecidos por los Estados y Gobiernos locales y se obtienen de aquellos que se benefician directamente de carreteras, instalaciones de agua y otros tipos de infraestructura, fomentarían la eficiencia en el uso, proporcionarían indicaciones de los consumidores y proveedores, sobre el valor de las inversiones futuras y, también, generar nuevos ingresos. En el caso de carreteras y autopistas, por ejemplo, los impuestos al combustible históricamente han actuado como tarifas imperfectas para los usuarios, pero los modelos de financiación convencionales ahora están bajo presión debido a la creciente eficiencia del combustible y el uso de vehículos eléctricos, y los costes de congestión son altos. Las innovaciones, como las tarifas a los usuarios por kilómetros recorridos –se ha probado en Oregon, por ejemplo– y los peajes en las autopistas que varían según la congestión, pueden aumentar la eficiencia y aumentar los ingresos necesarios para pagar mejoras en infraestructura y necesarios aumentos en la capacidad.
En tercer lugar, el gobierno federal puede apoyar el uso de opciones de financiación innovadoras, como las asociaciones público-privadas, que utilizarán de manera más eficiente el capital total disponible de los sectores público y privado y reducirán su coste. Actualmente, 34 estados y el Distrito de Columbia han promulgado leyes que permiten el uso de varios enfoques para el desarrollo de infraestructuras de transporte. Los contratos financieros bien diseñados, en comparación con los métodos de adquisición convencionales, pueden reducir los costes del proyecto, plazos más cortos, servicios de mayor calidad y menores costes de provisión de vida útil.
En cuarto lugar, los legisladores de los tres niveles del Gobierno pueden mejorar la selección de proyectos y las asignaciones de inversión para asegurar que los proyectos de mayor valor sean los elegidos y financiados. Además, brindar a los gobiernos estatales y locales más flexibilidad en la elección de proyectos, puede ayudar a garantizar que los proyectos locales estén alineados con las necesidades y preferencias locales, y fomentar el uso de análisis de coste/beneficio para informar la selección de proyectos.
Para Trump, la desregulación, la consecución de financiación público-privada para infraestructuras y la reforma fiscal harán que Estados Unidos viva un siglo XXI próspero y productivo.
Jorge Díaz Cardiel es Socio Director General Advice Strategic Consultants. Autor de ‘Hillary vs Trump’ y ‘Trump, año uno’