La UE ultima una norma de corralito para casos como el del Popular

La congelación de depósitos persigue ganar tiempo para la intervención

La banca europea presiona para que se retire la propuesta impulsada por la JUR

Escultura del euro en la sede del BCE
Escultura del euro en la sede del BCE
Bruselas / Madrid

La debacle del banco Popular impulsó la reforma de la directiva europea sobre reestructuración y resolución bancaria, empantanada desde 2016. Y la consecuencia más temida por el temor bancario, la congelación preventiva de depósitos, se ha abierto paso y parece a punto de hacerse realidad.

Los últimos documentos de la negociación, a los que ha tenido acceso Cinco Días, muestran que la presidencia del Consejo Europeo (ocupada este semestre por Bulgaria), ya ha refinado el texto hasta el punto de que resulte aceptable para la mayoría de los 28 socios de la UE.

La nueva versión de la directiva conferirá amplios poderes a las autoridades de supervisión y resolución para imponer un corralito a las entidades que atraviesen serias dificultades. La medida permite establecer una moratoria (término oficial del corralito) en casi todas las obligaciones de pago de la entidad financiera.

Esa congelación permite ganar tiempo en caso de que la caída del banco se produzca entre semana, así como evitar una fuga de depósitos que agrave la situación o que barra los recursos disponibles para una potencial resolución o liquidación.

La directiva actual ya contempla cierto tipo de moratoria. Pero la norma ha sido adaptada de forma muy dispar y Bruselas quiere armonizar y endurecer su aplicación.

La propuesta inicial contemplaba un corralito de hasta cinco días para poder llegar con comodidad al fin de semana. Y en casos excepcionales podría incluso prolongarse. El último borrador ha suavizado los plazos y prevé solo dos días. Pero la congelación incluiría a todos los depósitos, incluidos los garantizados que, en la actualidad, no están expuestos a moratoria en varios países, entre ellos, España.

La banca española considera que la incorporación de los depósitos garantizados (hasta 100.000 euros) al perímetro de la moratoria sería muy negativo desde el punto de vista social y podría, incluso, comprometer la estabilidad financiera. Fuentes del sector recuerdan el precedente del rescate de Chipre, en 2013, cuando el Eurogrupo (ministros de Economía de la zona euro) acordó imponer quitas a todos los depositantes, una medida que debió corregirse ante la ola de pánico que desencadenó.

La banca europea sigue presionando para abortar la reforma o, al menos, suavizarla, porque teme que la imposición de un corralito preventivo alimente el pánico financiero y el contagio de las crisis. Pero fuentes del sector reconocen que, con toda probabilidad, saldrá adelante gracias en gran parte al empeño de Alemania (que cuenta con una norma similar) y de la Junta Única de Resolución (JUR), el organismo que estrenó sus poderes con la intervención del Popular.

Las entidades españolas, según las fuentes consultadas, no son partidarias de implantar una moratoria en los procesos de resolución. Esas fuentes consideran que prolongaría la incertidumbre sobre el futuro de la entidad y podría contagiar al resto.

"Es una imposición de Berlín porque a raíz de la crisis del Popular se comprobó que la moratoria que había en España no era útil para ese caso", señalan fuentes financieras. La intervención del banco español se produjo un miércoles en lugar del fin de semana, lo que pudo haber generado una corriente de pánico financiero si la resolución del banco no se hubiera resuelto durante la noche con su venta al Santander.

Fuentes conocedoras del expediente reconocen que se rozó el desastre y que las autoridades se hubieran encontrado en un grave aprieto si la entidad no hubiera podido abrir al día siguiente con normalidad.

La JUR no quiere volver a correr ese riesgo y apoya la propuesta de la Comisión Europea para introducir en todos los países la posibilidad de una moratoria no solo para bancos al borde del colapso sino incluso en casos en que se observe un grave deterioro. El Banco Central Europeo también ha respaldado la iniciativa aunque pide que se aplique con extrema precaución.

Excepcional e intrusiva

  • La posibilidad de imponer un corralito a las entidades en crisis facilita la labor de las autoridades de supervisión (BCE) y de resolución (JUR), pero hace temblar al sector financiero.
  • El BCE, en su valoración oficial de la propuesta, reconoce que se trata de una medida excepcional y pide que solo se utilice en circunstancias extremas.
  • El BCE respalda una moratoria de cinco días como máximo, con la posibilidad de conceder a los pequeños depositantes permiso para realizar retiradas diarias limitadas.
  • La patronal europea de mercados financieros (AFME) ha expresado su preocupación y considera que la moratoria puede pone en peligro la estabilidad del sistema financiero y potenciar el riesgo de contagio.
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