La oposición hace piña contra la relicitación de las autopistas quebradas
El PP se abstiene pese al plan de Fomento de sacar a concesión las radiales tras su rescate La iniciativa de Unidos Podemos incluye la renuncia a prorrogar los peajes que vencen entre 2018 y 2021
El Gobierno se ha encontrado con la unidad de los grupos de la oposición en el Congreso en contra del plan de sacar a concurso las nueve autopistas quebradas que revertirán al Estado en este primer semestre. Fomento busca hacer caja para reducir el impacto en déficit que acarreará el rescate. Las estimaciones pasan por ingresar entre 700 y 1.000 millones para reducir una factura, en virtud de la Reponsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), que el Ejecutivo estima en 2.000 millones.
Al respecto, el Pleno del Congreso haaprobado una proposición no de ley en la que se exige al Ejecutivo que renuncie al plan de dar en concesión por otros 25 años los activos quebrados: las radiales de Madrid R-2,R-3, R-4 y R-5; la autopista M-12, que enlaza la capital con el aeropuerto de Barajas; la AP-41 Madrid-Toledo; la AP-36 que va de Ocaña (Toledo ) a La Roda (Albacete); la circunvalación de Alicante, y la autopista entre la localidad murciana de Cartagena y la almeriense de Vera.
Unidos Podemos aboga por mantener peajes, en muchas ocasiones blandos, para sufragar el mantenimiento de las carreteras de alta capacidad
La iniciativa fue apadrinada por Unidos Podemos, mientras el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, insistía a la misma hora en TVE en que el Gobierno sigue apostando por la relicitación de este ramillete de concesiones tumbadas por la crisis de tráfico de pago y los sobrecostes en expropiaciones. De la Serna matizó que es probable que los titulares de la RPA, garantía que pasó de los bancos acreedores a fondos de inversión, no estén de acuerdo y recurran las compensaciones fijadas por la Administración. En este escenario, “sería un juez quien calculara el volumen de la RPA”, afirmó.
La propuesta de la formación que lidera Pablo Iglesias fue respaldada por toda la Cámara Baja salvo la abstención del PP y el voto en contra del diputado de Foro Asturias. Otro aspecto que contempla el texto es el de la exigencia a renunciar a la prórroga de los plazos de concesión de autopistas con próximos vencimientos. El Grupo Popular se subió al carro de Unidos Podemos, pero lo hizo con todos los matices. Allí donde la formación morada aboga por la reversión de los más de 3.000 kilómetros de autopista a manos públicas, el PP se cruzó con una enmienda refiriéndose solo a las concesiones de próximo vencimiento.
Las concesiones que vencen entre 2018 y 2021 son la AP-1, AP-7, AP-4 y la AP-2. La primera es de Itínere y el resto están bajo gestión de Abertis
Los primeros defienden mantener peajes, en muchas ocasiones blandos, para sufragar el mantenimiento de las infraestructuras. El PP, por su parte, buscaba blindar a través de su iniciativa parlamentaria que las concesiones que concluyen entre este 2018 y 2021 no sean prorrogadas. “En ese momento se decidirá la forma de explotación de las mismas que mejor convenga al interés general”, explicó el portavoz popular, Rafael Hernando.
Se trata de la AP-1 (Burgos-Armiñán), el tramo catalán de la AP-7, la AP-4 (Sevilla-Cádiz) y la AP-2 (Zaragoza-Mediterráneo). La primera está bajo la gestión de Itínere y las otras forman parte de la cesta de Abertis.
Intentos fallidos
Ambas compañías han buscado fórmulas durante las dos últimas legislaturas para ampliar los periodos de explotación a cambio de inversión en mejoras de las citadas carreteras, pero lo han hecho sin éxito. Abertis, sin embargo, ha conseguido ampliaciones de plazo bajo la fórmula de inversiones adicionales en Chile, Francia o Puerto Rico.
El Gobierno debe decidir sobre cuál es el futuro de unas infraestructuras que llevan décadas bajo la fórmula del pago por uso. Al respecto, el ministro ha reclamado un pacto a PSOE y Ciudadanos con el doble objetivo de no quedarse solo ante una decisión que puede resultar impopular, si es que se mantienen las barreras con la relicitación de las concesiones, y marcar la estrategia a seguir en el caso de nuevos vencimientos.
Distintas fuentes cifran en 450 millones el coste anual del mantenimiento y conservación de las autopistas con inminente fecha de caducidad, una factura que debería asumir el Estado en caso de que estas se abran al tráfico de forma gratuita. La presión popular en contra de la prórroga a Itínere y Abertis ha sido potente en los últimos años.
En caso de que el Gobierno promueva nuevas concesiones, para hacer caja con los concursos y eludir los costes de mantenimiento, se da por descontado que las tarifas que pagan los usuarios deberían bajar una vez que ha sido amortizado el coste de construcción durante el anterior periodo concesional.
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